El representante Ángel Fourquet Cordero expresó esta noche que espera que el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, renuncie a la candidatura a la reelección por el Partido Popular Democrático (PPD) luego de que se le encontrara causa para juicio por dos cargos criminales.
Irizarry Pabón se había comprometido a renunciar a la candidatura si al 28 de febrero de este año se había encontrado causa para juicio en su contra o si la vista preliminar no había concluido.
Sin embargo, el funcionario incumplió con ese convenio, al que había llegado con Fourquet Cordero y con el secretario general de la Pava, Gerardo Cruz Maldonado.
Debido a ese incumplimiento, el PPD presentó una querella contra Irizarry Pabón para despojarlo de la candidatura y se espera que en cualquier momento el juez Anthony Cuevas Ramos emita su sentencia.
“En el plano político, había un compromiso de brindarle un espacio en una instancia hasta una fecha específica o hasta la determinación de causa o no causa. Ambos escenarios se materializaron por lo que solo queda esperar a que Irizarry Pabón cumpla con su compromiso o esperar la decisión del juez Cuevas”, dijo por escrito el representante por el Distrito 24 de Ponce.
Fourquet Cordero interesa aspirar a la alcaldía de Ponce si Irizarry Pabón sale del panorama. A esa candidatura también aspira la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez.
“Estaremos atentos al Partido Popular para la determinación de los pasos a seguir. El partido popular en Ponce debe mantener la calma. No estarán desprovistos de liderato y dirección”, manifestó.
Fourquet Cordero agregó que “la decisión de hoy en el caso del alcalde de Ponce nos entristece por lo que representa para él y su familia” y que “le deseamos lo mejor de cara al proceso legal que continuará en los tribunales”.
El juez Daniel López González encontró hoy causa para juicio contra Irizarry Pabón en dos de los cuatro cargos criminales que le imputó el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
Se trata de un cargo de enriquecimiento injustificado (artículo 251) del Código Penal y una violación al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental, por los pagos a su préstamo personal que gestionaron sus subalternos entre abril y septiembre de 2021.
Los otros dos cargos, uno por cada ley, correspondían al pago de un empleado efectuado en abril de 2022.
De resultar convicto, el cargo de enriquecimiento injustificado contempla una sentencia de ocho años en prisión, mientras el de Ética Gubernamental conlleva cinco años de cárcel.
La lectura de acusación se pautó para el 25 de abril y el inicio del juicio se fijó para el 6 de junio.
