La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, aseguró hoy que desconoce cuántas personas fallecidas incluidas en el Registro General de Electores (RGE) figuran como activas para votar el próximo 5 de noviembre.
Tampoco precisó cuándo tendrá el dato y lo hará público. Más aún, no ofreció garantías de que, el día de los comicios generales, no quedarán personas muertas en las listas de votación, lo que pudiera viabilizar la emisión fraudulenta de votos.
En una rueda de prensa efectuada esta mañana, la funcionaria criticó que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicara el resultado de su investigación sobre el RGE, la cual arrojó que hay casi 900,000 fallecidos identificados como electores activos, inactivos y excluidos, y que 5,872 aparecen como que votaron en el 2016 o el 2020.
“Estamos hablando de más de cinco millones de récords que hay ahí compartidos, activos, inactivos, excluidos, tienen información, nombre, padre y madre, teléfono, dirección postal, dirección residencial. O sea, verdaderamente estamos hablando de algo que nos sorprende, que no podemos tomarlo de manera liviana”, expresó.
Padilla Rivera alegó que la cifra de casi 900 mil muertos en el RGE es falsa. Dijo que en un momento dado hubo 70 mil fallecidos, que ahora quedan 13,667 y que continúan depurando las listas.
“Vamos a dejar afuera el hecho de los cálculos. Si son 900 mil electores, si no son 900 mil electores fallecidos, que es falso, que es una información falsa, total y absolutamente falsa, que incide o pretende que el lector tenga una información incorrecta”, manifestó.
Padilla Rivera dijo también que no pretendía minimizar el hecho de que haya miles de personas fallecidas en el RGE, lo que pudiera dar paso a la comisión de fraude en las próximas elecciones, pero planteó que este no es un problema nuevo.
“No es porque esté minimizando que el Registro General de Electores no esté depurado en su totalidad. Es que, cuando hablamos de esta noticia ahora, hablamos como si esto nunca hubiera pasado, como si por primera vez en la historia electoral de Puerto Rico hubiera fallecidos en el Registro General de Electores, que son dos cosas distintas. El que haya personas fallecidas en el Registro General de Electores es muy distinto a que los muertos votan”, planteó.
Igualmente, alegó que el CPI la citó mal en su reportaje.
“Cita a unos funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones fuera de contexto, porque sí, esta presidenta fue entrevistada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), pero no sobre el registro general de electores”, señaló.
Sobre la entrevista que le hicieron, mencionó que duró 20 minutos, en los cuales le formularon cuatro preguntas.
“Fueron cuatro preguntas que se nos hicieron en poco tiempo, 20 minutos de entrevista para citarnos, y pretender hacer ver como que estamos avalando esta información. Es totalmente incorrecto, no es cierto”, indicó.
Rivera Padilla se sostuvo hoy en lo que adelantó anoche mediante un comunicado de prensa: que evalúa la posibilidad de demandar al CPI por publicar información obtenida del RGE.
“Y nos debe preocupar a todos cómo el Centro de Periodismo Investigativo tiene información suya, la mía, la de todos nosotros. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues definitivamente tienen que dar respuesta”, expresó.
“Se va a evaluar cuál es la causa de acción que tiene la Comisión Estatal de Elecciones contra el Centro de Periodismo Investigativo y, definitivamente, de dónde sacan el acceso privilegiado y confidencial de este Registro General de Electores porque alguien se lo proveyó. ¿Quién se lo proveyó?”, cuestionó.
Al preguntársele si la información fue suministrada desde la CEE, contestó: “Definitivamente, no hay otro acceso que no sea ese”.
No obstante, declinó confirmar si sospecha qué persona o partido político habría canalizado el acceso al CPI.
En su reportaje, el CPI estableció que analizó datos del Registro General de Electores, que entrevistó a una veintena de fuentes de la CEE de todos los partidos políticos, que utilizó la plataforma de Consulta del Elector de la CEE y que cruzó datos con las estadísticas de defunciones del Registro Demográfico.
También indicó que no pudo analizar información sobre las personas fallecidas previo al 2015 ni en el 2023, porque el Registro Demográfico se ha negado a entregar estos datos a pesar de un pleito legal que lleva casi un año en los tribunales.
El CPI señaló, además, que consiguió los datos del RGE que se comparten con los comisionados de cada partido por medio de una fuente que solicitó anonimato debido a la negativa de la CEE a entregarlos.
Esta postura fiscalizadora de Padilla Rivera con el CPI contrasta con su inacción luego de que el senador Thomas Rivera Schatz divulgara el nombre, lugar de residencia y número electoral de dos periodistas y dos personas privadas el pasado mes de abril.
