La Asociación y Federación de Alcaldes de Puerto Rico solicitaron al gobierno federal que mantenga el respaldo a los proyectos de reconstrucción de la isla y rechazaron una petición que busca investigar a los municipios por el cobro de arbitrios de construcción en obras financiadas con fondos federales.
Según indicaron en una misiva enviada a las autoridades federales, cualquier acción que retrase o limite esos recursos tendría un impacto directo sobre proyectos de infraestructura que benefician a miles de residentes en toda la isla.
La controversia surge luego de que la organización National Taxpayers Union (NTU) enviara una carta al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la que cuestiona el cobro de arbitrios municipales en proyectos sufragados con fondos federales de recuperación.
La entidad solicitó una investigación sobre esa práctica y pidió que se evalúen medidas relacionadas con la asignación de fondos federales a Puerto Rico.
En respuesta, las agrupaciones de alcaldes de Puerto Rico remitieron una carta conjunta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, así como a líderes del Senado y la Cámara de Representantes federal y al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera.
“Esta controversia no puede perder de perspectiva a las personas que dependen de estos proyectos”, reaccionó el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, en declaraciones escritas.
“Estamos hablando de la reconstrucción de escuelas, carreteras, puentes, sistemas de agua e instalaciones de seguridad pública que sirven diariamente a nuestras comunidades”, continuó.
“Los municipios han actuado bajo un marco legal que ha sido reconocido por las agencias federales y cualquier medida que ponga en riesgo esos fondos tendría consecuencias para miles de familias que todavía esperan la culminación de obras esenciales”, puntualizó.
En la comunicación, ambos gremios sostienen que los municipios actúan conforme a la ley y que los arbitrios de construcción forman parte de un impuesto de aplicación general vigente desde 1996.
Además, argumentan que el arbitrio no se impone por el origen federal de los fondos utilizados en una obra, sino por la actividad de construcción realizada por contratistas privados.
El presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero, subrayó la defensa de las facultades contributivas municipales.
“Los municipios de Puerto Rico ejercen facultades contributivas reconocidas por ley y similares a las que utilizan gobiernos locales en distintas jurisdicciones de Estados Unidos. Lo que planteamos en nuestra carta es que FEMA ha reconocido históricamente estos costos dentro de los proyectos de reconstrucción y que no existe una determinación federal que concluya que los municipios han actuado fuera de la ley”, planteó de otra parte el alcalde de Jayuya y presidente de la Asociación, Jorge González Otero.
“Crear incertidumbre sobre estos fondos podría retrasar obras que impactan directamente la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de nuestras comunidades”, señaló.
Los alcaldes también plantean que FEMA reconoce esos costos como parte de los gastos elegibles en proyectos de recuperación y reconstrucción. La carta cita comunicaciones oficiales y documentos de la agencia federal que, según indican, demuestran que el pago de esos arbitrios ha sido incorporado a los estimados de costos y autorizado dentro de proyectos financiados con fondos federales.
Además, sostienen que la petición presentada por la NTU no cita auditorías federales, determinaciones del Inspector General, decisiones judiciales ni acciones de cumplimiento que concluyan que el cobro de arbitrios municipales viola la ley federal o los requisitos aplicables a FEMA.
La comunicación añade que la controversia surge de reclamaciones contributivas relacionadas con una empresa contratista y que cualquier diferencia sobre ese asunto debe atenderse en los foros legales correspondientes.
La contraparte
La NTU, considerada la organización de defensa del contribuyente más antigua de Estados Unidos, ha planteado en cartas dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional y al Congreso que la imposición de arbitrios municipales de construcción sobre proyectos financiados con fondos federales en Puerto Rico representa “un abuso flagrante de los dólares de los contribuyentes”.
La entidad sostiene que, al gravar proyectos sufragados con dinero federal, algunos gobiernos locales intentan utilizar estos recursos como mecanismo de “rescate financiero” para sus presupuestos.
Según la NTU, el uso de impuestos locales sobre fondos de reconstrucción de FEMA y otros programas federales desvía dinero que se asignó específicamente para la recuperación de desastres, en lugar de para apuntalar las finanzas municipales.
La organización advierte que la imposición de gravámenes activos y retroactivos a contratistas privados que ejecutan obras como la reconstrucción de la red eléctrica o de puentes encarece artificialmente los proyectos y reduce el dinero disponible para la infraestructura física, lo que puede limitar la capacidad de reforzarla frente a futuros eventos atmosféricos.
La NTU también ha criticado cambios legislativos en Puerto Rico, como la Ley 215-2024, al entender que amplían las facultades de los municipios para imponer arbitrios de construcción incluso sobre trabajos sufragados con fondos federales, y que esta legislación busca contrarrestar precedentes judiciales que restringían el cobro de arbitrios a contratistas que trabajan para entidades públicas exentas de impuestos.
En sus cartas, la organización afirma que permitir que un gobierno local grave nuevamente el gasto de fondos federales implica, en la práctica, una doble carga sobre el contribuyente estadounidense, que financia el proyecto a nivel federal y luego se ve expuesto a tributos locales sobre los mismos recursos.
En función de estos planteamientos, la NTU ha solicitado que cualquier reforma a los programas de FEMA incluya salvaguardas específicas que condicionen o restrinjan el financiamiento federal a jurisdicciones que apliquen arbitrios o impuestos de construcción a proyectos sufragados con dinero federal.
La organización ha advertido que permitir estas prácticas podría convertir los fondos de recuperación en un slush fund o capital oculto para gobiernos locales y desincentivar futuras asignaciones de ayuda a Puerto Rico.
