El alcalde villalbeño Dan Santiago Núñez arremetió este viernes contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tras la orden de paralizar la implementación de la Ley 215 y limitar el cobro de arbitrios de construcción en proyectos financiados con fondos estatales y federales, una medida que -advirtió- podría costarle a su municipio más de $3 millones en ingresos.
El ejecutivo municipal calificó la determinación como “una estocada mortal” para los gobiernos locales y sostuvo que afectaría directamente la prestación de servicios esenciales.
Según Santiago Núñez, la reducción impactaría programas dirigidos a adultos mayores y personas con discapacidad, así como servicios comunitarios, recogido de escombros, mantenimiento de infraestructura y esfuerzos de recuperación tras emergencias.
En una comunicación enviada al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, el alcalde advirtió que la medida tendría “consecuencias devastadoras” para Villalba y otros municipios que dependen de estos recaudos.
“Cada dólar que se nos pretende quitar es un dólar menos para servirle a nuestra gente”, expresó el alcalde, al reiterar que los municipios son la primera línea de respuesta ante necesidades ciudadanas y emergencias.
Santiago Núñez también cuestionó el momento en que se emite la directriz, al coincidir con la preparación de los presupuestos municipales para el próximo año fiscal, lo que -puntualizó- podría provocar inestabilidad financiera.
Asimismo, el ejecutivo municipal novoprogresista criticó la legitimidad de la Junta, al describirla como un ente “impuesto” cuyas decisiones afectan a los ciudadanos sin representación directa.
Según adelantó, presentará el presupuesto municipal incluyendo los recaudos contemplados bajo la Ley 215 y aseguró que su administración utilizará “todos los mecanismos disponibles” para impugnar la determinación.
Finalmente, hizo un llamado a alcaldes de todos los partidos a unirse en defensa de los municipios. “Esto no es un asunto partidista, es un asunto de justicia para nuestros pueblos”, enfatizó.
