La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) lleva más de siete años inmersa en un proceso de reestructuración de deuda bajo el Título III de la Ley PROMESA, que ha sido largo, costoso y, hasta ahora, infructuoso.
Al mismo tiempo, la Junta de Control Fiscal (JCF), encargada de llevar adelante el proceso, ha cometido errores estratégicos fundamentales que han agravado la situación financiera de la corporación pública y han llevado a Puerto Rico a la encrucijada actual.
Si no se llega a un acuerdo con los acreedores antes del 31 de octubre, el proceso podría desembocar en la desestimación de la quiebra y la pérdida de cientos de millones de dólares derrochados en este esfuerzo de reestructuración.
La desestimación de la quiebra crearía un paradigma diferente sobre cómo se resolvería el problema de la deuda de la AEE, lo que podría alargar el proceso indefinidamente, creando incertidumbre y desasosiego sobre el futuro energético de Puerto Rico.
El fracaso del plan de ajuste y la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones
En marzo de este año, la JCF litigó el juicio de un plan de ajuste de la deuda que proponía pagar a los bonistas más de $2,600 millones. Este ofrecimiento se fundaba en que los bonistas eran acreedores no asegurados.
Sin embargo, posteriormente el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston determinó que los bonistas tenían un bono asegurado por los ingresos netos de la AEE, lo que generó una controversia sobre qué se entiende por «ingresos netos» y cuánto podría ser lo que habría que pagarle eventualmente a los bonistas.
Esta decisión anuló lo que se había logrado hasta ese momento en el juicio de confirmación del plan de ajuste, y el pasado mes de julio, la jueza Laura Taylor Swain ordenó un proceso de mediación entre las partes que se extenderá hasta el 31 de octubre de 2024.
La razón para que la jueza enviara a las partes a negociar es porque sabe que se están acabando las opciones para confirmar un plan de ajuste de la deuda y que eventualmente tendría que desestimar la quiebra.
Esto daría paso al nombramiento de un síndico por parte de los bonistas para tratar de aumentar las tarifas para exprimir al pueblo y pagar el máximo de la deuda de la AEE.
La principal razón de este impasse en la negociación es la incapacidad de Puerto Rico para asumir mayores aumentos en las tarifas eléctricas para cubrir las obligaciones de los bonistas.
La JCF, durante el juicio de marzo, presentó prueba experta de que aumentar aún más las tarifas sería desastroso para la economía de Puerto Rico, y los peritos confirmaron que un aumento tarifario adicional podría destruir la ya precaria estabilidad de la AEE.
Esto deja poco margen para maniobrar en una negociación actual, ya que, sin un aumento en los ingresos, es improbable que se pueda satisfacer a los bonistas sin sacrificar otras prioridades financieras esenciales.
Dentro de las situación actual de precariedad e inestabilidad del sistema eléctrico, es improbable que aumenten los ingresos, pues se incrementa día a día la fuga de clientes hacia los sistemas de energía solar.
Por tanto, nada bueno puede salir de esa negociación, pues los bonistas van a exigir mucho más y la JCF podría verse tentada a complacerlos en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico.
El Trust Agreement: la clave escondida por la JCF
El error más grave de la JCF ha sido su enfoque fragmentado de las negociaciones con los acreedores. En lugar de basarse en el Trust Agreement (Acuerdo de Fideicomiso) de la AEE, que establece claramente cómo deben utilizarse los ingresos de la corporación pública y qué se debe pagar a los bonistas, la JCF optó por acuerdos individuales con distintos grupos de acreedores.
El Acuerdo de Fideicomiso establece el orden de prioridades de pago que aceptaron los bonistas cuando compraron sus bonos. En primer lugar, los ingresos de la AEE deben destinarse a cubrir los costos operativos de la entidad. En segundo lugar, se deben pagar las obligaciones del sistema de retiro y las pensiones. Y, finalmente, los bonistas tienen derecho a recibir los ingresos netos restantes.
Al negociar individualmente con otros acreedores sin respetar las prioridades de pago del Acuerdo de Fideicomiso, la JCF agotó los recursos disponibles que produce la tarifa, sin cumplir con las obligaciones básicas que establece dicho documento.
La JCF actuó de manera arbitraria al negociar acuerdos fragmentados con ciertos acreedores, ignorando las obligaciones establecidas con los bonistas. En este proceso, desvió fondos que debían destinarse a cubrir costos operacionales y cumplir con las obligaciones del Sistema de Retiro y los pensionados.
Como la JCF sabía que si se respetaba el Acuerdo de Fideicomiso, los bonistas no iban a cobrar nada, pues no hay sobrantes o ingresos netos, determinó regalarle $2,600 millones para congraciarse con los intereses financieros y Wall Street.
Sin embargo, cuando el Primer Circuito en Boston hizo su determinación, le salió el tiro por la culata a la JCF, pues ahora le será casi imposible negociar un acuerdo razonable con los bonistas.
Esta gestión errática agotó los recursos necesarios, tanto para la operación de la empresa, como para honrar los compromisos con los bonistas, afectando gravemente la estabilidad financiera.
El Acuerdo de Fideicomiso no solo es un documento financiero; también es una guía clara sobre cómo priorizar los pagos para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la AEE. Ignorarlo ha sido un error estratégico de proporciones gigantescas.
No solo ha puesto en riesgo el futuro de la AEE, sino que ha llevado a un punto en el que los intereses de los bonistas, los empleados, retirados y las operaciones diarias de la autoridad están en constante conflicto.
La JCF lleva a la AEE de mal a peor
Para colmo de los males, la JCF ha agravado aún más la situación financiera de la AEE al imponer costos adicionales que han debilitado su capacidad operativa.
Los contratos con Luma Energy y Genera PR, lejos de ser soluciones, han añadido una carga económica significativa a la ya precaria situación de la AEE, sin mejoría alguna en la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.
Para tener una idea de lo que se ha derrochado, nada más desde el año 2021 la JCF ha dilapidado más de $1,600 millones en montarles y financiar los negocios a las privatizadoras: dinero que nunca veremos y que nada ha aportado a la mejora del servicio eléctrico.
A esto se suman los elevados gastos asociados a la reestructuración, que han drenado aún más los recursos disponibles.
Estas decisiones no solo han desviado cientos de millones de dólares que podrían haberse utilizado para fortalecer las operaciones de la AEE, sino que han complicado la viabilidad de la reestructuración de su deuda.
En lugar de aliviar la carga financiera, la Junta ha contribuido a profundizar la crisis, alejando cada vez más a la AEE de una solución sostenible.
¿Cuál es la solución? Volver al Acuerdo de Fideicomiso
Ante la falta de avances en el proceso de mediación, el próximo paso lógico para la JCF y el Gobierno de Puerto Rico debe ser reformular todo el enfoque hacia la deuda de la AEE.
La solución empieza por rechazar todos los acuerdos fragmentados que se han alcanzado hasta ahora con los acreedores y volver a negociar desde cero, utilizando el Acuerdo de Fideicomiso como la base para cualquier plan de ajuste de la deuda.
Esta estrategia implicaría lo siguiente:
Priorizar las operaciones de la AEE
El primer paso es asegurar que la AEE pueda continuar operando sin interrupciones. Esto significa destinar los recursos necesarios para mantener la infraestructura, los servicios y las operaciones esenciales de la corporación. Sin una AEE operativa, no habrá ingresos para pagar a los bonistas, ni a ningún otro acreedor.
Proteger el sistema de retiro
El sistema de retiro de los empleados de la AEE ha sido ignorado en muchos de los acuerdos previos. Es fundamental que se destinen los fondos necesarios para cubrir las obligaciones con los miembros del Sistema de Retiro y los jubilados de la AEE, quienes tienen derecho a un retiro digno. Cualquier plan de ajuste que no contemple el cumplimiento de estas obligaciones está condenado al fracaso.
Reducir los costos innecesarios
Es indispensable reducir los costos operativos mediante la cancelación de los contratos de privatización. El costo de las privatizaciones es insostenible e inoficioso. Luma y GeneraPR solo atienden los intereses de ganancia para sus accionistas. Esto nos cuesta más de $200 millones en costos adicionales innecesarios. Mantener las privatizadoras va a implicar aumentos sustanciales a la tarifa eléctrica que no podemos pagar. Es indispensable eliminar todos estos costos innecesarios para poder reestructurar la deuda de la AEE.
Pagar a los bonistas con los ingresos netos restantes
Solo después de cubrir las operaciones y el sistema de retiro se debe pagar a los bonistas con los ingresos netos sobrantes. Esto no significa que los bonistas queden desprotegidos, sino que recibirán los pagos que les corresponden conforme al Acuerdo de Fideicomiso que ya acordaron, sin poner en riesgo el funcionamiento de la AEE, ni los derechos de los empleados.
El impacto de no seguir esta estrategia
Si la JCF y el Gobierno de Puerto Rico no toman la decisión de volver al Acuerdo de Fideicomiso, el futuro de la AEE y del sistema energético de la isla se verá gravemente comprometido.
No solo seguirán las luchas entre los distintos grupos de acreedores que llevarán a la desestimación de la quiebra, sino que los aumentos en las tarifas eléctricas serán inevitables.
Estos aumentos no solo impactarán a los hogares puertorriqueños, sino también al clima de negocios y la estabilidad económica de la isla.
El escenario más probable si se insiste en un plan de ajuste sin basarse en el Acuerdo de Fideicomiso es que los acreedores seguirán presentando demandas, los pagos a los bonistas se retrasarán aún más y la capacidad de la AEE para operar de manera efectiva seguirá disminuyendo.
En última instancia, esto podría llevar a la privatización total de la AEE o su colapso financiero definitivo.
El papel del próximo gobierno
En noviembre, Puerto Rico celebrará elecciones y, quien resulte electo como gobernador, será miembro exofficio de la JCF. Este nuevo liderazgo tendrá la responsabilidad de abordar esta crisis desde una perspectiva más integral.
El gobernador o gobernadora electa debe hacer valer su posición dentro de la JCF para revaluar todo el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE. No es solo una cuestión financiera, sino también de responsabilidad política y ética.
El Acuerdo de Fideicomiso ofrece una salida viable que prioriza el bienestar de los puertorriqueños, al tiempo que respeta los derechos de los bonistas. Ignorarlo nuevamente sería un grave error que no solo afectaría a la AEE, sino también al futuro económico de Puerto Rico.
No tenía los detalles pero me percaté desde el 2021 que la Junta trabajaba para los Buitres y en contra de nosotros los Boricuas! Tenemos que impulsar el Plan de Emmanuelli!
No les interesa escucharnos. Tienen sus propios intereses que no incluye a Puerto Rico, que no sea seguir estrangulando su economía