Un verano sin ellos

Este verano nunca lo vamos a olvidar.

Mientras miles de jóvenes lo recordarán como Un verano sin ti, sin duda el éxito veraniego más arrollador, otros hemos sido marcados por un verano sin ellos.

Todavía cargo con esa sensación casi inefable, una mezcla de perturbación, desolación y rabia desde que las policías del país mataron a tres muchachos menores de edad este verano: en el mes de mayo a Obed García Beltrán, de 16 años; en julio a Christian Rodríguez, de 19 años; y en el mes de agosto a Javier Antonio Cordero Nevares, 16 años.

Todos los años mueren uno o dos menores de edad por uso de fuerza policial. Sin embargo, desde el 2014 no se daban tres muertes de menores de edad en un solo año y todavía restan cuatro meses para que termine el año en curso.

La ejecución del joven Javier Antonio Cordero por parte de agentes de la Policía de Puerto Rico el pasado 1 de agosto consternó al país por la crudeza del incidente: un cuerpo de 16 años, desarmado, acribillado a balazos en un carro. Fueron más de 60 ocasiones en que seis agentes de la policía estatal le dispararon al joven que alegadamente manejaba un auto hurtado que tenía GPS y que se encontraba en una calle sin salida, rodeado por policías y varias patrullas.

Desde el principio nos preocuparon muchos aspectos de esta terrible muerte. Primero, la prontitud con la que el comisionado de la Policía absolvió de responsabilidad a los policías que apretaron el gatillo, al expresar públicamente que ellos respondieron al intento de ser arrollados, cuando apenas comenzaba una investigación administrativa.

Tres días después de la ejecución, los policías continuaban armados. Las armas con las que ejecutaron al joven fueron entregadas, pero inmediatamente les proveyeron nuevas armas. Rearmados sin haber concluido la investigación administrativa y sin que los policías cooperaran con sus testimonios ante las autoridades del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Esto revela la práctica institucional de no tomar acciones preventivas ante la posibilidad de conducta criminal o negligente.

Además, los nombres de los policías que participaron del incidente se divulgaron al país gracias a la labor periodística, pero el Negociado de la Policía todavía no ha divulgado los nombres y números de placa de estos agentes.

La muerte de Christian José Rodríguez González el pasado 15 de julio fue igualmente atroz e injustificada. Tenía 19 años cuando efectivos de la Policía Municipal de San Juan le dispararon presumiblemente por la espalda, mientras conducía una motora.

La persecución policial se inició por un motivo administrativo, ya que la motora no llevaba tablilla. Al recibir el disparo, Christian cayó al pavimento. Un vecino del área grabó un video de más de 11 minutos donde se ve a Christian vivo.

Kilómetro Cero reproduce parte de ese vídeo en su entrevista a José Rodríguez, padre de Christian sobre este caso. El vecino pidió hacerle un torniquete, pero los policías le negaron el acceso. Los agentes no proveyeron asistencia médica al joven convaleciente, y cuando finalmente fue transportado por una ambulancia, murió.

Los policías alegan que le dispararon a Christian José debido a que supuestamente intentó agarrar un “arma” cuya punta visible llevaba en su mochila. El alegado rifle era un «airsoft”, un arma que dispara pequeños perdigones plásticos para jugar entre equipos, pero eso la Policía no lo aclaró en ningún momento.

Era un muchacho de 19 años que estaba probando la motora que él mismo había ensamblado y se dirigía al parque a jugar con los amigos. El castigo por no tener tablilla en una motora o por manejar un vehículo hurtado no es ni debe ser nunca la pena de muerte.

Un poco antes, a finales de mayo, la Policía también mató a Obed García Beltrán, de 16 años, por tiros que impactaron su espalda y su costado. Como era de esperar, los policías afirmaron que hubo un intercambio de disparos. Sin embargo, este joven no portaba armas de fuego. Aparentemente huía cuando le dispararon.

Existe un patrón sistemático de uso de fuerza policial que es desproporcionado, discriminatorio e injustificado. Este patrón abusivo resulta todavía más severo en la población de menores de 21 años.

Hemos identificado 14 muertes de jóvenes entre 15 y 20 años por uso de fuerza policial entre el 2014 y el 2022, pero este año ha sido excepcional.

El patrón de muertes en menores de edad es altamente discriminatorio. En primer lugar hay que destacar que a pesar de que la población que vive bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico ronda el 44 por ciento,9 en el caso de  los menores muertos por uso de fuerza policial el nivel de pobreza alcanza el 67 por ciento (vea gráfica 2, explicaciones metodológicas aparecen en Apéndice Metodológico del informe de Kilómetro 0, Licencia para matar).

Cuando en Puerto Rico la población que no se considera como exclusivamente blanca llega al 66 por ciento, la población de menores de edad muertos por uso de fuerza policial que proviene de vecindarios predominantemente racializados es de 92 por ciento (vea Gráfica 3; explicaciones metodológicas aparecen en Apéndice Metodológico del informe Licencia para matar).

Claramente, los menores de edad muertos por la acción policial provienen desproporcionadamente de comunidades pobres y racializadas.

Un dato altamente preocupante revela el patrón sistemático de la Policía de disparar a personas no armadas.

Entre los menores de edad muertos por disparos del arma de reglamento de policías, el 46 por ciento no tenía un arma de fuego (vea Gráfica 4). Esta alta proporción demuestra que, como política pública, es perfectamente posible reducir significativamente las muertes por uso de fuerza policial, sin poner en riesgo las vidas de los agentes.

Kilómetro Cero, al igual que la American Civil Liberties Union (ACLU) y decenas de otras organizaciones cívicas, ha sido consistente en su reclamo de la necesidad de realizar investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública.

Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo.

Las investigaciones criminales debe realizarlas una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia y ha sido desmantelada en los pasados años.

También abogamos por una reducción significativa de los roles actuales de la Policía y de su presupuesto operacional. La Policía de Puerto Rico ha demostrado que, ni siquiera bajo reforma, es capaz de intervenir legal y adecuadamente con la ciudadanía, especialmente con los grupos más vulnerables.

Sus esfuerzos deben concentrarse en las investigaciones criminales y esclarecimientos de casos y deben reducirse sus intervenciones con la ciudadanía.

El aumento presupuestario de al menos 26 por ciento que se ha otorgado a la Policía desde la llegada de la Junta de Control Fiscal debe reinvertirse en el bienestar de nuestras comunidades más marginadas, lo que se considera una verdadera medida de prevención del crimen.

Seguiremos insistiendo en esas alternativas de política pública porque son algunos cursos de acción básicos para transformar la situación deshumanizante e insostenible de las víctimas de la violencia de estado en Puerto Rico ante la impunidad policial.

En Kilómetro Cero vivimos todos los días las penurias, frustraciones e impotencia que enfrentan las víctimas de abusos policiales o sus familiares y sobrevivientes para buscar respuestas, reparaciones y una mínima promesa de cambio sistémico. El Estado les ha fallado a todas las víctimas y sobrevivientes que hemos acompañado.

Hasta que no se garanticen condiciones y mecanismos dignos de rendición de cuentas para abordar la violencia del Estado, nos será imposible construir nuestra aspiración de un Puerto Rico nuevo y democrático. 

(La autora es fundadora y directora ejecutiva de Kilómetro Cero, una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad, en la búsqueda de la seguridad pública para un país más justo y democrático.)