El Pueblo de Puerto Rico debe estar alerta ante lo que se avecina.
Las amenazas de Donald Trump dirigidas a cortar el gasto federal, despedir empleados y desmantelar agencias y programas federales no son simples discursos de campaña ni advertencias vacías. Son reales, y aunque su ejecución pueda tardar, el tiempo juega en contra de quienes creen que la estructura política y económica de Puerto Rico puede mantenerse intacta, sin reaccionar.
El problema fundamental es que, cuando estos cambios lleguen, Puerto Rico no tiene un plan B. Y esa ausencia de estrategia nos hará sufrir aún más.
La agenda política y económica de Trump y su entorno oligarca busca una reducción drástica del gobierno federal para ahorrar dinero que se repartirá en contratos privados, despidos masivos y una rebaja en los salarios que condenará a la clase obrera a la miseria.
En los Estados Unidos continentales, esta estrategia tiene como objetivo crear un mercado laboral con salarios de hambre para maximizar las ganancias del sector privado y su oligarquía.
Esto ofrecerá al poder económico un atajo para competir favorablemente con el gigante chino, al contar con mano de obra abundante y a precio de bagatela. En Puerto Rico, sin un plan alternativo para enfrentar los despidos y la disminución de fondos, el impacto será devastador.
Un golpe económico sin precedentes
El despido de miles de empleados federales en Puerto Rico tendrá un impacto negativo directo en la economía local.
Mientras, la eliminación de programas de educación, salud y asistencia social dejará desprotegidas a amplias capas de la población que no tendrán los ingresos mínimos para la subsistencia.
Esto será catastrófico, pues el sector empresarial de Puerto Rico no tiene la capacidad de absorber esa mano de obra excedente.
Más allá de las implicaciones humanitarias, el efecto inmediato será la reducción del consumo, un colapso en el comercio y una caída en la recaudación de impuestos que hará aún más insostenible la situación fiscal del gobierno local. Esto nos llevará a otra segunda quiebra fiscal.
Puerto Rico, como colonia de Estados Unidos, no tiene los poderes necesarios para contrarrestar estas medidas. No puede modificar su política fiscal para estimular el empleo, no puede generar fondos propios sin la aprobación de Washington y no tiene soberanía para decidir sobre cómo enfrentar esta crisis y su relación con otros países.
La dependencia económica de las asignaciones federales nos deja en una posición de absoluta vulnerabilidad.
La batalla judicial e inminente decisión del Tribunal Supremo
Trump ha promovido la idea de una presidencia todopoderosa, sin frenos ni contrapesos.
Su estrategia se basa en el concepto de la “presidencia unitaria”, impulsado por la Heritage Foundation, que pretende darle al Ejecutivo un poder absoluto sobre la rama ejecutiva del gobierno.
Actualmente, varios de los intentos de Trump por recortar fondos y despedir empleados federales han encontrado resistencia en los tribunales de distrito. Sin embargo, estos obstáculos son temporales, ya que la verdadera batalla legal terminará en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde la composición ultraconservadora del tribunal
hace probable un fallo a favor de su agenda.
Existen precedentes que ya han ido consolidando esta visión de la presidencia unitaria. Por ejemplo, la decisión del Tribunal Supremo en Seila Law LLC v. Consumer Financial Protection Bureau (2020) permitió que el presidente tuviera mayor control sobre el despido de funcionarios de agencias independientes, debilitando las protecciones que el Congreso había legislado para limitar el poder del Ejecutivo.
De igual manera, la decisión en Collins v. Yellen (2021) amplió aún más esta doctrina, lo que facilita que un presidente elimine cualquier funcionario que no siga su línea política.
Los litigios actuales sobre los despidos masivos y recortes de fondos siguen esta misma lógica. Aunque algunas cortes federales han emitido órdenes de detención temporal contra estos actos, la probabilidad de que el Tribunal Supremo termine por validar los poderes del presidente es alta. Esto significa que, eventualmente, Trump tendrá la capacidad legal de despedir a miles de empleados sin restricciones y recortar programas sin la aprobación del Congreso.
Las posibles contrapartes a estos argumentos giran en torno a la Ley de Reforma del Servicio Civil que protege a ciertos empleados federales de despidos sin causa justificada, estableciendo que deben seguirse procesos específicos antes de cesantearlos. Por su parte, la Ley de Control de Impoundment de 1974 impide que el presidente retenga o desvíe fondos asignados por el Congreso, sin su autorización.
No obstante, los precedentes establecidos en casos recientes muestran que el Tribunal Supremo podría estar dispuesto a reinterpretar estas leyes a favor de una presidencia más poderosa. Podrían incluso ser declaradas inconstitucionales a la luz de la visión extrema de la presidencia unitaria.
Esto no es solo una especulación: es un patrón legal que se ha ido estableciendo durante los pasados años y que Trump, con una Corte Suprema aliada, usará para consolidar su control absoluto sobre la burocracia federal.
Puerto Rico, como territorio, sufrirá las peores consecuencias de estos cambios, ya que su falta de poderes políticos lo deja sin ningún mecanismo de defensa institucional ante estas decisiones.
Colapso del mercado laboral y la pobreza estructural
El objetivo final de estas políticas es evidente: empobrecer a la clase trabajadora para forzarla a aceptar condiciones laborales indignas. La eliminación de protecciones laborales, la reducción de beneficios y la presión para aceptar empleos con salarios bajos son parte de una estrategia para beneficiar a los grandes capitales.
Con un mercado laboral precarizado, las corporaciones podrán pagar menos por la mano de obra, lo que aumentará las ganancias y la competitividad ante China de los oligarcas como Elon Musk. Esto es el verdadero significa de Make America Great Again.
En Puerto Rico, donde ya la desigualdad es profunda y el salario mínimo está por debajo del nivel de vida digno, este modelo podría condenar a generaciones enteras a la pobreza estructural. Sin un plan alternativo que garantice estabilidad económica y oportunidades de empleo, el éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos podría alcanzar niveles sin precedentes. Esto sin duda, reducirá el consumo local y los recaudos del gobierno.
El plan B que Puerto Rico necesita
La gran interrogante es: ¿cuál es el plan B de Puerto Rico ante esta crisis?
La respuesta, lamentablemente, es que no existe. No hay una estrategia articulada por parte del gobierno local, ni de los sectores económicos ni de la sociedad civil para enfrentar el impacto de los recortes y despidos que se avecinan. No hay una política de desarrollo económico que permita generar empleos, ni una propuesta seria para reducir la dependencia de los fondos federales.
La ausencia de visión estratégica nos deja expuestos a los embates de una política de austeridad extrema, sin ningún tipo de red de protección.
Puerto Rico debe actuar con urgencia. Se necesita una planificación a corto y mediano plazo que permita amortiguar el impacto de las medidas de Trump. La diversificación de la economía, el fortalecimiento del sector cooperativo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la creación de incentivos para la inversión local deben ser prioritarios.
No podemos seguir esperando a que el Congreso de Estados Unidos nos salve. La historia ha demostrado que, cuando llega la crisis, Puerto Rico es la última prioridad en la agenda federal. Pero esto solo es posible con la soberanía.
Conclusión
Trump está impulsando una agenda política y económica que busca consolidar el poder en manos de la oligarquía y empobrecer a la clase trabajadora. Puerto Rico, como territorio sin poderes soberanos, está en una posición aún más frágil. Sin un plan B, las consecuencias serán catastróficas.
Es momento de que el pueblo de Puerto Rico exija respuestas y tome acción.
La administración colonial de la gobernadora Jenniffer González, en lugar de preparar al país para esta crisis, ha optado por copiar lo peor de Trump: su alineación con los intereses del gas natural y la desregulación de la energía nos deja sin herramientas para enfrentar la debacle que se avecina.
Si Puerto Rico no toma control de su destino ahora, las decisiones que se tomarán en Washington dictarán su colapso.
¡Rolando, se acabaron los cupones (la fiesta) para PR!
Rolando, ¿con qué capital, si alguno, cuenta Puerto Rico para desarrollar un plan de contingencia “B”?
Obviamente el gobierno de Puerto Rico no cuenta, ni ha contado nunca, con la capacidad intelectual para prever, tampoco tiene la voluntad que se requiere para pensar y analizar.
Excelente ensayo
El mejor artículo que he leído describiendo la debacle anunciada que nos caerá encima como un enorme meteorito. Rolando siga escribiendo. A pesar de la claridad de su escrito, creo que el país sigue sin entender. Las personas siguen entretenidas, viviendo en el cáncer del consumo inconsciente. Valdría la pena una segunda parte que trate sobre el tema de la privatización de los pocos haberes que nos quedan.
Adelante.
Trump es un vil racista mentiroso, ladrón, abusador sexual y una pobre imitación de un ser humano. Para los idiotas que votaron por el ahora es el momento para que aprendan asesorarse y entender que es lo mismo con la imbecil de Jennifer González.
Es la primera vez,que Leo esto me preocupa algo nada mas nuestra poblacion sigue creciendo de envejecientes cada dias somos mas ese plan A ,B ,C es cuando todos somos de todas las generaciones pero somos mas envejecientes no es igual para las mejoras y produccion de Nuestro querido pais .se nos fueron muchos(gente) en exodo…Es tan bonito ver las realidades tambien….