Desde la aprobación de la Ley PROMESA en 2016, la Junta de Control Fiscal (JCF) ha operado como el gobierno de facto en Puerto Rico, controlando decisiones presupuestarias y económicas bajo un mandato antidemocrático y colonial.
Durante ese tiempo, hemos escuchado en repetidas ocasiones que la Junta está cerca de finalizar su misión, que pronto empacará sus maletas y dejará a Puerto Rico a su suerte. Recientemente, el secretario de Estado, Omar Marrero, se atrevió a afirmar que esa fecha será el 2028.
El pasado viernes, en una refutación de lo planteado por Marrero, el director ejecutivo de la JCF dijo que matemáticamente la salida de la Junta podría ser no menos del 2029, e intimó que la situación es muy compleja.
Mujica enfatizó la necesidad de que el gobierno de Puerto Rico institucionalice la práctica de elaborar planes fiscales a cinco años y prohíba la aprobación de leyes y resoluciones que impliquen gastos sin fuentes de financiamiento identificadas.
Como ejemplo, señaló que en el año fiscal 2023-2024, la Legislatura aprobó gastos adicionales por $852 millones sin financiamiento adecuado, lo que dificulta mantener un presupuesto balanceado.
Además, Mujica destacó que, aunque la Constitución del Estado Libre Asociado establece que las asignaciones no deben exceder los recursos disponibles, históricamente esto no ha impedido los descuadres que llevaron a la crisis de deuda.
Mujica subrayó que, para lograr acceso a los mercados de bonos a costos razonables, es esencial una planificación fiscal a largo plazo que permita evaluar el impacto financiero de cada decisión relacionada con gastos e ingresos. Anticipó, que sin una gestión fiscal responsable y transparente, recuperar la confianza de los mercados financieros será un reto significativo.
En resumen, Mujica indica que, aunque es matemáticamente posible cumplir con los requisitos de PROMESA para el año fiscal 2029, esto dependerá de la implementación de reformas fiscales estructurales y de una colaboración efectiva entre la JCF y el gobierno de Puerto Rico para institucionalizar prácticas de manejo fiscal responsable.
A pesar de todo lo anterior, Mujica argumentó que “claramente estamos en las etapas finales de PROMESA”.
No obstante, un análisis riguroso de la ley, los datos económicos y las dinámicas políticas sugiere, todo lo contrario.
La salida de la JCF está muy lejana. Por tanto, la Junta no se irá voluntariamente. Si queremos recuperar nuestra soberanía fiscal y democrática, tendremos que sacarla.
Las condiciones de PROMESA: una trampa perpetua
La Ley PROMESA establece dos criterios principales para que la JCF concluya su mandato. Estos criterios han sido interpretados por la Junta como que incluyen lo siguiente:
- Cuatro presupuestos balanceados consecutivos, aprobados por la legislatura y el gobernador, sin intervención de la Junta.
- Acceso a los mercados financieros a costos razonables.
Ambos requisitos aplican a todas las instrumentalidades abarcadas por la Ley PROMESA, como son el gobierno central y la AEE.
A primera vista, estas condiciones parecen claras, pero en la práctica están diseñadas para ser prácticamente inalcanzables bajo las circunstancias actuales.
Presupuestos balanceados: un reto imposible
Desde su imposición, la JCF ha intervenido en todos los presupuestos de Puerto Rico, certificándolos incluso por encima de las propuestas de la Legislatura y el Ejecutivo.
Según la interpretación de los miembros de la Junta sobre la ley PROMESA, el conteo de presupuestos balanceados solo comienza cuando estos son aprobados sin alteraciones por parte de la JCF. Esto no ha ocurrido desde 2016, y el presupuesto en curso para el año fiscal 2024-2025, ya fue certificado con cambios impuestos por la Junta.
Por tanto, hasta el presente no tenemos acumulado ni siquiera un presupuesto balanceado.
Esto significa que, en el caso del gobierno central, en el mejor de los casos el conteo de presupuestos consecutivos podría empezar en el año fiscal 2025-2026, que inicia el 1 de julio de 2025.
En el caso de la AEE, este conteo no ha empezado, pues el proceso de Título III está estancado y todavía no hay idea de cuándo se pueda confirmar un Plan de Ajuste de Deuda.
Si tomamos en cuenta que la Junta entiende que el requisito de los cuatro presupuestos balanceados consecutivos aplica a todas las instrumentalidades abarcadas, como el caso de la AEE, entonces no hay idea de cuándo esto se pueda alcanzar. Mientras esto no se logre para todas las instrumentalidades, la JCF no se irá.
Por otro lado, considerando el control absoluto que la Junta ejerce sobre las decisiones presupuestarias, es improbable que el Poder Ejecutivo y la Legislatura logren aprobar presupuestos sin su intervención en los próximos años. Esto, ya que PROMESA impone que los presupuestos no contravengan los planes fiscales de la JCF.
Esto es muy difícil de lograr, pues la prioridades de la Junta están alineadas con la austeridad y ahorrar dinero para el pago de la deuda, y no con las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Por tanto, en términos políticos, el proceso presupuestario será una lucha de poder en la cual la JCF será quien dicte la última palabra.
Además, cualquier intento de desafiar las decisiones de la JCF en los tribunales enfrenta un estándar legal casi insuperable. La Junta tiene una discreción tan amplia que solo puede ser cuestionada si se demuestra un abuso de discreción, lo cual es extremadamente difícil de probar
Esto crea un ciclo en el que la Junta perpetúa su control, mientras el cumplimiento de la primera condición de PROMESA sigue siendo inalcanzable.
Acceso a los mercados financieros: un objetivo irreal
La segunda condición, lograr acceso a los mercados de capital a costos razonables, es igualmente problemática.
Puerto Rico no solo enfrenta una crisis de credibilidad financiera debido a su historial de impagos, sino que también carece de las calificaciones crediticias necesarias para emitir bonos competitivos.
Las casas acreditadoras como Moody’s Investors Service y Standard & Poor’s Global Ratings, esenciales para que los inversionistas evalúen el riesgo de una emisión de bonos, abandonaron Puerto Rico tras la quiebra. Sin su regreso, es imposible que el mercado confíe en la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones.
Además, las tasas de interés que Puerto Rico tendría que pagar están lejos de ser razonables. En las últimas emisiones de deuda antes de la quiebra, las tasas alcanzaron el 8 por ciento, comparadas con el promedio de 4 por ciento que pagan muchos estados y municipios en los Estados Unidos.
Este nivel de interés no solo es insostenible, sino que refleja la percepción de alto riesgo que tienen los inversionistas sobre Puerto Rico.
El problema de acceso a los mercados financieros no solo radica en las altas tasas de interés que Puerto Rico enfrentaría, sino también en su alarmante déficit acumulado.
Según el estado financiero auditado más reciente, el gobierno de Puerto Rico tiene un déficit superior a los $50 mil millones, una cifra que resalta la insolvencia crónica del país.
Este déficit representa la diferencia entre los activos y las obligaciones del gobierno, evidenciando que Puerto Rico no solo carece de los recursos para pagar sus deudas actuales, sino que también tiene un enorme vacío financiero que dificulta cualquier emisión de bonos en condiciones razonables.
Ningún inversionista racional estaría dispuesto a asumir el riesgo de adquirir bonos de una jurisdicción con este historial financiero, especialmente sin el respaldo de casas acreditadoras que evalúen de manera independiente la capacidad de pago del gobierno.
Esta situación perpetúa un círculo vicioso: sin acceso a financiamiento, no hay inversión en desarrollo económico, y sin crecimiento económico, no se puede reducir el déficit.
Además, el crecimiento económico, un factor clave para mejorar la credibilidad financiera, sigue siendo inexistente. La Junta misma ha reconocido que la economía de Puerto Rico depende en gran medida de fondos federales que eventualmente se agotarán, dejando al país sin una base sólida para sostener su desarrollo.
Por último, al igual que en el caso de los cuatro presupuestos consecutivos, la JCF interpreta que este requisito de acceso a los mercados también aplica a la AEE. No existe idea razonable sobre cuándo la AEE pueda tener acceso a los mercados. Por tanto, la Junta no se irá.
Perpetuidad en los casos de Título III
Incluso si se lograran las dos condiciones anteriores, la Ley PROMESA establece que la Junta debe permanecer mientras los casos de Título III, los procedimientos de quiebra del gobierno, estén abiertos.
Estos casos son extremadamente complejos y, como hemos visto en otros lugares, pueden extenderse por décadas.
El caso de Detroit, por ejemplo, cuya quiebra involucró una deuda de $18 mil millones, sigue abierto diez años después de que se confirmara su plan de ajuste. En comparación, Puerto Rico enfrenta una deuda de más de $150 mil millones, con una maraña de acreedores y disputas legales mucho más complejas.
La Junta es la única entidad autorizada para representar al gobierno de Puerto Rico en estos casos. Esto significa que, mientras al menos un caso bajo Título III esté activo, la JCF no puede abandonar sus funciones sin una enmienda a PROMESA que permita al gobierno central asumir esa responsabilidad. Por tanto, la Junta no se irá.
Normalización de la indignidad
A pesar de estos problemas, la presencia de la JCF ha sido normalizada en el discurso político y mediático. Legisladores consultan a la Junta antes de presentar proyectos de ley, y la prensa rara vez cuestiona su legitimidad o su impacto en la democracia. Este nivel de sumisión refleja una aceptación resignada de una realidad colonial que muchos prefieren ignorar.
La Junta gobierna a través de decretos y cartas semanales que dictan órdenes, prohíben iniciativas y amenazan con sanciones. Este gobierno por debajo del radar ha convertido a Puerto Rico en una colonia al estilo romano, donde siete procónsules toman decisiones clave sin rendir cuentas al pueblo.
El costo humano y social
El control de la Junta no solo afecta las finanzas públicas; también tiene un impacto devastador en las vidas de los puertorriqueños.
Los recortes a los servicios esenciales, como la educación, la salud y las pensiones, han profundizado la crisis social en la isla.
Un ejemplo claro es la reciente propuesta de la JCF de ofrecer una compensación irrisoria de $5 mil a las familias de niños con necesidades de educación especial afectados por décadas de negligencia del Departamento de Educación. Este tipo de decisiones no solo son moralmente inaceptables, sino que también patentizan la falta de sensibilidad de la Junta hacia las realidades humanas detrás de sus políticas.
Descolonización: la única solución estructural
La presencia de la Junta, empero, es un síntoma del problema más profundo de Puerto Rico: su estatus colonial.
Mientras la isla siga siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos estará sujeta a la imposición de estructuras de poder antidemocráticas, como la JCF.
Un proceso de descolonización serio es esencial para garantizar que nunca más volvamos a estar bajo el control de una entidad externa. La descolonización no solo resolvería el problema de la Junta, sino que también permitiría a Puerto Rico trazar su propio rumbo económico y político.
La lección de Vieques
La historia de Vieques nos recuerda que los puertorriqueños tienen el poder de expulsar a las entidades que los oprimen. La salida de la Marina de los Estados Unidos de Vieques fue el resultado de una movilización masiva que combinó cabildeo político, presión internacional y acción directa.
La lucha contra la Junta requiere un enfoque similar.
Necesitamos una coalición amplia que incluya a todos los sectores de la sociedad, desde líderes comunitarios hasta representantes políticos, para exigir al Congreso la derogación de PROMESA y el fin de la JCF.
Una agenda para el cambio
En el corto plazo, debemos enfocarnos en acciones concretas:
- Cabildeo en el Congreso: Presionar para enmendar o derogar PROMESA.
- Movilización ciudadana: Organizar protestas masivas y campañas de concienciación para mantener el tema en el centro del debate público.
- Acciones legales: Impugnar las decisiones de la Junta que violen derechos fundamentales o excedan su mandato legal.
En el mediano plazo, debemos trabajar hacia un proceso de descolonización que aborde las raíces estructurales de nuestra subordinación política.
Conclusión
La Junta no se irá voluntariamente. Su permanencia está asegurada por un entramado legal y político que perpetúa su control. Si queremos recuperar nuestra soberanía fiscal y democrática, tendremos que sacarla.
Esto requerirá un esfuerzo colectivo, una movilización sin precedentes y una visión clara de un futuro libre de ataduras coloniales.
La historia nos enseña que los grandes cambios no ocurren por accidente; son el resultado de la acción decidida de un pueblo que se niega a aceptar la opresión como destino.
Puerto Rico merece un futuro mejor, y ese futuro solo será posible si enfrentamos la realidad con valentía y determinación.
Es hora de actuar. La Junta no se irá. A la Junta hay que sacarla.
