Es momento de admitir que la privatización fue “La Gran Mentira”

La privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico fue vendida al pueblo como una solución milagrosa para los problemas históricos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Bajo estos pretextos, se contrató a LUMA Energy y a GeneraPR.

En esta campaña para desmantelar una de las instituciones más importantes de la isla, se utilizaron argumentos que, en retrospectiva, no solo eran falsos, sino que se basaban en engaños diseñados para manipular la opinión pública.

Líderes políticos como Eduardo Bhatia, Ramón Luis Nieves, Larry Seilhamer y el exgobernador expulsado Ricardo Rosselló, impulsaron esta narrativa, convenciendo a los puertorriqueños de que la privatización era la única salida viable para mejorar la infraestructura eléctrica de la isla.

Para colmo, lideres políticos que ya han sido testigos del desastre de la privatización, como Pedro Pierluisi y Jenniffer González, hoy hacen malabares para seguir justificando los desaciertos e incompetencia de las privatizadoras.

Sin embargo, bajo la administración de LUMA Energy y GeneraPR, podemos ver claramente que aquellos argumentos no solo eran falaces, sino que, en vez de mejorar el servicio, lo han empeorado dramáticamente. 

1. La supuesta ineficiencia de la AEE

Uno de los principales argumentos que presentaron los proponentes de la privatización fue que la AEE era una entidad ineficiente, llena de corrupción y malos manejos, que necesitaba ser reemplazada por una empresa privada.

Según los políticos de turno del PNP y PPD, la AEE estaba paralizada por la interferencia política, y la única manera de modernizar el sistema eléctrico era a través de un modelo privatizado que eliminaría estas interferencias.

Ocultaron estas personas que el problema de esta ineficiencia era precisamente su intervención constante en los asuntos de la AEE. Ellos fueron los culpables de estas ineficiencias mediante las intromisiones en las decisiones, el nombramiento de personas solo por criterios político partidista, y la recaudación de dinero para las campañas políticas del PNP y PPD.

Esto creo un ambiente sectario y hostil que se interpuso a la sana administración de la compañía eléctrica.

Así que estos políticos, en vez de eliminar la politización de la AEE bajo medidas legislativas puntuales y probadas en otros escenarios, decidieron privatizarla.

Sin embargo, la llegada de las privatizadoras no ha resuelto ninguno de estos problemas. Por un lado, Luma y GeneraPR siguen siendo fuente de recursos para campañas políticas, están sujetas a las influencias políticas en los nombramientos de su personal y contrata a personal que no tiene las cualificaciones mínimas para realizar sus funciones.

Ha quedado claro que los cortes eléctricos son más frecuentes y prolongados, y que la infraestructura sigue en un estado lamentable. La administración de LUMA y GeneraPR ha demostrado ser incapaz de hacer frente a las necesidades energéticas de la isla, lo que demuestra que era falso que las compañías privadas iban a estar despolitizadas e iban a ser más eficientes.

2. La promesa de ahorros para los consumidores

Otro de los grandes mitos fue la promesa de que la privatización resultaría en una reducción significativa de los costos energéticos para los consumidores. Estos políticos y sus aliados posteriores aseguraron al pueblo que las tarifas bajarían gracias a la supuesta eficiencia y modernización que traerían empresas privadas como LUMA y GeneraPR.

La realidad ha sido diametralmente opuesta.

Desde la llegada de las privatizadoras, las tarifas han seguido aumentando, lo que ha tenido un impacto significativo para padres y madres de familias, y devastador para miles de empresas en Puerto Rico.

Recientemente, Juan Saca, presidente de Luma, alegó que necesitaba $200 millones anuales adicionales para operar la red eléctrica: dinero que tiene necesariamente que salir de un aumento de la tarifa.

Este incremento de los costos no solo desmiente la promesa de ahorro, sino que deja en evidencia que el objetivo de las empresas privadas no es mejorar el bienestar de la ciudadanía, sino maximizar sus ganancias a costa del pueblo.

3. Mejora en la calidad del servicio

Se prometió que, con la privatización, el servicio eléctrico se haría más confiable y eficiente. Esta narrativa, repetida por figuras del PNP y del PPD y otros defensores de la privatización, sostenía que una empresa privada sería más competente para modernizar y mantener la infraestructura eléctrica.

Sin embargo, los constantes apagones y la incapacidad de LUMA y GeneraPR para restaurar el servicio de manera rápida y eficiente muestran que este argumento fue una completa falacia.

La realidad es que, bajo la administración de las privatizadoras, los problemas de confiabilidad no solo han persistido, sino que -en muchos casos- han empeorado. La promesa de una infraestructura moderna y resiliente quedó enterrada bajo la ineficacia de la nueva administración privada.

4. La supuesta incapacidad de la AEE para modernizarse

Uno de los argumentos más repetidos fue que la AEE no tenía la capacidad financiera ni la pericia técnica para modernizarse y, por lo tanto, la privatización era la única opción viable. Esto fue repetido por legisladores del PNP-PPD, que impulsaron la narrativa de que la AEE no podía manejar los retos de una red eléctrica moderna, sin el apoyo del sector privado.

Sin embargo, este argumento ignora el hecho de que, tras el paso del huracán María, Puerto Rico había asegurado miles de millones de dólares en fondos federales específicamente destinados a la reconstrucción de la red eléctrica. Estos fondos habrían sido suficientes para modernizar la infraestructura, sin necesidad de privatizar la gestión del sistema.

En cambio, la administración de LUMA y GeneraPR ha sido ineficaz en utilizar estos fondos para mejorar el sistema. A estas alturas, apenas han gastado el 10 por ciento del dinero federal disponible y se menciona que, a este ritmo, podría tomar más de 10 años el utilizarlo.

A este ritmo, cuando terminen de gastar el dinero, ya tendrán que remplazar lo que instalaron en el comienzo.

Esto confirma que la privatización no era la única ni la mejor opción. 

5. La promesa de mayor transparencia y reducción de corrupción

Quizás uno de los argumentos más irónicos fue la promesa de que la privatización traería mayor transparencia y eliminaría la corrupción dentro del sistema eléctrico.

De hecho, los defensores de la privatización señalaron los problemas de corrupción en la AEE como una justificación para entregar la administración a empresas privadas.

Sin embargo, la realidad también ha sido muy diferente.

LUMA y GeneraPR han sido objeto de numerosas críticas por su falta de transparencia, especialmente en lo que respecta a la supervisión de sus contratos y la rendición de cuentas al público.

Además, el despilfarro evidente de fondos públicos, la falta de sentido de urgencia y sensibilidad han generado protestas y rechazo popular a su gestión, lo que confirma que la percepción de corrupción no ha desaparecido; solo se han desplazado a una nueva entidad, esta vez privada y fuera del control directo del pueblo. 

6. La ilusión de múltiples compañías eléctricas y la libertad de elección

Por último, se prometió que la privatización abriría el mercado eléctrico a la competencia, permitiendo que los consumidores pudieran escoger entre múltiples proveedores de electricidad.

Esta narrativa, impulsada por el PNP-PPD, daba la impresión de que los consumidores tendrían el poder de elegir entre diferentes opciones, lo que generaría mejores precios y servicios.

Esta promesa resultó ser completamente falsa. En lugar de un mercado competitivo, LUMA y GeneraPR tienen un monopolio sobre la generación, transmisión y distribución de energía, secuestrando así a los consumidores y dejándolos sin opciones.

Esta falta de competencia ha exacerbado los problemas, ya que las empresas no enfrentan incentivos para mejorar el servicio o reducir los costos de operación.

Conclusión: el pueblo fue engañado

Los defensores de la privatización de la AEE, entre ellos Eduardo Bhatia, Ramón Luis Nieves, Larry Seilhamer y Ricardo Rosselló, vendieron una serie de mentiras al pueblo de Puerto Rico para promover la agenda de privatización. Utilizando argumentos que sabemos que eran falsos, lograron que el pueblo aceptara un cambio que ha resultado ser devastador para el presente y futuro la isla.

El rendimiento de LUMA y GeneraPR no ha cumplido con ninguna de las promesas iniciales ni con las expectativas mínimas, mientras el pueblo sigue sufriendo las consecuencias.

Es una falacia evidente afirmar que con más tiempo la situación mejorará, ya que bajo los actuales contratos leoninos, estas compañías seguirán actuando según sus intereses.

Aún peor, incluso si los contratos se modificaran en el futuro, el servicio no mejorará, porque hay una contradicción fundamental entre el afán de lucro corporativo y la obligación de proveer un servicio esencial, que constituye un derecho humano.

Es momento de admitir que la privatización no fue la solución que se nos prometió, y que debemos reconsiderar el control de nuestros recursos esenciales, garantizando que estén al servicio del pueblo y no de intereses privados.