Gato por liebre.
Desde que comenzó el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Junta de Control Fiscal ha repetido el mismo discurso: que su único objetivo es garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema eléctrico y proteger al pueblo de Puerto Rico.
No obstante, los hechos y los documentos hablan por sí solos.
El plan de ajuste de la deuda que hoy promueven es una trampa cuidadosamente diseñada para pagar más de lo que se debe conforme al derecho de quiebras, imponer aumentos tarifarios insostenibles y dejar impago un nuevo endeudamiento que comprometerá el futuro del país por décadas.
La Junta ha querido hacerle creer al pueblo que solo se van a pagar $2,600 millones a los acreedores de la AEE. Presentan esa cifra como si fuera una gran victoria, como si hubieran logrado una quita masiva que nos libera de la carga del pasado. Pero esa cifra es engañosa y no refleja la verdadera naturaleza de lo propuesto.
Para empezar, esos $2,600 millones no salen del presupuesto de la AEE, porque esta no tiene ingresos netos disponibles. La propia Junta ha admitido -y otros expertos financieros lo han confirmado- que la AEE no genera ingresos suficientes para pagar deuda.
En un proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA, igual que en un Capítulo 9 de quiebra municipal, solo se le paga al acreedor lo que se pueda pagar después de garantizar la viabilidad del deudor.
Si no hay ingreso disponible, no hay obligación de pagar. Esa es la lógica del derecho de quiebras, cuyo propósito es reestructurar, sin destruir lo esencial. Pero la Junta se ha apartado de ese principio fundamental para favorecer a los bonistas, incluso, por encima de la legalidad.
Entonces, ¿por qué se están pagando $2,600 millones? La respuesta es alarmante: ese dinero proviene del gobierno central, es decir, de fondos públicos que no están vinculados a la AEE.
Se trata de una transferencia disfrazada, tomada de reservas estatales que debieron ser destinadas a atender emergencias, impulsar programas sociales, proteger las pensiones y promover el desarrollo económico.
En otras palabras, se está utilizando el dinero del pueblo para pagar una deuda que legalmente no se debe. Es como si un vecino endeudado lograra que tú le pagues la deuda que él no puede asumir, aun cuando el tribunal ha dicho que no está obligado a pagarla.
Es una injusticia y una contradicción legal sin precedentes.
Pero lo más grave aún no se ha dicho. A esos $2,600 millones, la Junta le añade en el mismo plan de ajuste una emisión de $2,500 millones en bonos nuevos: bonos que no se emitirán para mejorar la infraestructura eléctrica, ni para invertir en energía renovable, ni para reparar líneas de transmisión, sino para pagarle más a los acreedores y cubrir costos financieros.
Y esos bonos, que vencerán en diferentes términos hasta un máximo de 35 años, llevarán consigo tasas de interés significativas. Es decir, mientras más tiempo pase, más pagaremos. No se trata de una solución financiera, sino de una deuda perpetua disfrazada de reestructuración.
¿Quién va a pagar esa deuda nueva? No el gobierno central, ni la Junta. Seremos nosotros, el pueblo, a través de facturas por el servicio eléctrico.
Estos bonos estarán respaldados por aumentos que se impondrán sobre todos los abonados, ya sea que vivan en una casa humilde en Yabucoa o en un apartamento en Santurce. Y ese cargo será adicional a los aumentos de la tarifa eléctrica de hasta 7 centavos por kilovatio-hora que se están considerando actualmente ante el Negociado de Energía para entrar en vigor en julio de este año.
Esto representa un golpe directo al bolsillo de familias que ya pagan una de las tarifas más altas de todos los Estados Unidos.
No es una exageración decir que muchas personas simplemente no podrán pagar la luz. Este plan nos empuja hacia una exclusión energética donde solo quien pueda pagar podrá tener acceso confiable a electricidad. Es una fórmula peligrosa en un país donde la pobreza energética ya es una realidad cotidiana.
Este aumento no ocurre en el vacío. Se suma a un contexto ya agravado por el fracaso de la privatización. Desde que LUMA Energy asumió la administración de la transmisión y distribución, y GeneraPR tomó control de la generación, el servicio eléctrico en Puerto Rico ha empeorado.
Los apagones son más frecuentes, las interrupciones más largas y los costos de operación se han disparado. Y como si fuera poco, la Junta, en vez de admitir el error, propone aumentar la tarifa para cubrir los sobrecostos generados por estas privatizadoras ineficientes y voraces.
Se nos obliga a pagar más por un servicio peor, todo para cubrir las metidas de pata de la Junta y enriquecer a empresas extranjeras.
Y como si eso fuera poco, el plan de ajuste deja sin atender obligaciones prioritarias como las pensiones de los empleados jubilados de la AEE. Según el Trust Agreement -el documento que rige la relación entre la AEE y sus acreedores de bonos-, las pensiones deben pagarse antes que cualquier otro bonista. Sin embargo, la Junta excluyó del plan de ajuste al sistema de retiro, trasladando su financiamiento al gobierno central o a fondos inciertos.
¿El resultado? Se paga de más a los bonistas y se pone en riesgo la seguridad económica de quienes dieron su vida trabajando en la AEE. Esa es una traición a la justicia y a los principios que deberían guiar cualquier proceso de reestructuración.
Una vez más, el pueblo trabajador es quien lleva la peor parte.
Todo este andamiaje se sostiene sobre proyecciones ilusorias. La Junta afirma que con la reestructuración se estabilizará la AEE, pero lo cierto es que el modelo tarifario que han propuesto es insostenible. Sus propios asesores financieros han advertido que no se puede aumentar indefinidamente la tarifa sin provocar una “espiral descendente” o el colapso financiero.
Mientras más se sube la tarifa, más abonados se desconectan del sistema o reducen su consumo. Menos consumo significa menos ingresos. Menos ingresos, más déficit. Más déficit, más aumentos tarifarios. Y así sucesivamente, hasta que el sistema colapse.
Ya hay señales claras de eso: miles de hogares y negocios han invertido en sistemas solares, no por conciencia ambiental, sino por necesidad económica. El alto costo del servicio los empuja a buscar alternativas fuera del sistema. Esto erosiona aún más los ingresos de la AEE, acelerando su deterioro.
El verdadero objetivo del plan no es resolver el problema energético de Puerto Rico. Es pagar lo máximo posible a los bonistas, aunque sea ilegal e insostenible, aunque implique la destrucción del sistema eléctrico público. La experiencia con el plan de ajuste del gobierno central confirma esta sospecha.
En ese caso, la Junta prometió que la carga anual sería de $1,150 millones. Pero al incluir el pago de pensiones, el fideicomiso y los instrumentos de valor contingente (CVI), el total real supera los $4,350 millones anuales.
Esos CVI -una especie de “bono de rendimiento” que premia a los bonistas si los recaudos del gobierno superan cierta cifra- ya han generado más de $1,000 millones adicionales en pagos, sin que nadie lo haya votado ni aprobado.
Lo mismo pasará con el plan de la AEE. El pueblo se enterará después de que se haya confirmado por el tribunal, cuando ya no haya remedio.
Cuando los pagos comiencen y el aumento tarifario golpee con fuerza, será tarde para protestar.
Y cuando los nuevos bonos venzan, el sistema eléctrico no tendrá capacidad de pago. La demanda habrá seguido bajando, el costo habrá seguido subiendo y los fondos públicos estarán comprometidos. Entonces vendrá otra crisis, otro pretexto para más privatización y más sacrificios del pueblo.
Estamos, en resumen, ante un plan que viola los principios más básicos del derecho de quiebras. No paga conforme al ingreso disponible. Paga más de lo que se debe. Deja impagas otras obligaciones prioritarias. Impone cargas injustas sobre la población. Y compromete el futuro fiscal del sistema eléctrico.
Es, en pocas palabras, otro engaño de la Junta. Uno más en una larga lista de políticas impuestas sin participación democrática y en beneficio del capital financiero.
Puerto Rico merece un sistema energético justo, eficiente y democrático. Uno que esté al servicio del pueblo, y no del capital financiero. Uno que apueste a la energía renovable como vía para reducir costos, garantizar sostenibilidad ambiental y recuperar soberanía.
No podemos permitir que nos sigan vendiendo gato por liebre.
