Apenas ha pasado una semana desde que el tabloide británico Daily Mail destapó la existencia de una iniciativa que busca que el presidente Donald Trump emita una orden ejecutiva para decretar la independencia de Puerto Rico.
La divulgación de esta información se produjo por una filtración desde el Congreso de los Estados Unidos, lo que obligó al grupo impulsor a salir a la luz pública antes de lo previsto.
Inicialmente, la intención era trabajar de manera sigilosa hasta lograr resultados concretos que se informarían en su debido momento. La propuesta, según el medio, plantea un proceso político-constitucional ordenado con garantías suficientes para la viabilidad económica del país.
La reacción en Puerto Rico no se hizo esperar. La prensa local recogió la noticia y desató una ola de estupor, negaciones oficiales, incredulidad, miedo y pánico en sectores políticos y mediáticos.
Incluso, analistas de radio y televisión se apresuraron a catalogar la propuesta como una fantasía anticonstitucional, antidemocrática e inviable.
Sin embargo, pocos críticos han fundamentado sus objeciones con argumentos sólidos y muchos de los ataques provienen de personas que ni siquiera han leído la propuesta en su totalidad.
Se desataron hasta llamados a la represión, censura y marginación de los promotores de la iniciativa, en un intento de sofocar el debate y evitar que el tema de la independencia cobre mayor tracción en la opinión pública.
A pesar de la reacción adversa, también ha habido innumerables muestras de apoyo y solidaridad, así como de académicos que han colaborado en la fundamentación jurídica de la propuesta.
El debate apenas comienza y el grupo detrás de la iniciativa ya ha logrado avances concretos. Se han celebrado reuniones con las oficinas de dos figuras clave del Senado de Estados Unidos: Mike Lee, presidente del Comité de Energía con jurisdicción sobre Puerto Rico, y John Thune, líder de la mayoría republicana. Ambas oficinas han mostrado interés en la propuesta y se han comprometido a darle seguimiento.
El debate ha encontrado espacios en programas de opinión que han abordado las críticas a la orden ejecutiva con seriedad y profundidad. Entre las objeciones más comunes se encuentran la supuesta falta de democracia en la acción, la ausencia de representatividad entre los proponentes y la alegación de que no tiene base legal en la Constitución federal debido a la Cláusula Territorial, que supuestamente otorga el poder exclusivo al Congreso.
Sobre el primer punto, la crítica de que la orden ejecutiva no es democrática parte de la premisa errada de que Puerto Rico, como colonia, es una democracia. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario: Estados Unidos ha impuesto medidas antidemocráticas en la isla, una y otra vez, desde la Ley Foraker hasta la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal.
Si el estatus colonial no se ha manejado democráticamente, no se puede esperar que la solución venga por una vía completamente democrática dentro de los parámetros impuestos por el colonizador. Pretender lo contrario es perpetuar la subordinación indefinida y ser ingenuo a las relaciones de poder coloniales.
En cuanto a la representatividad, esta no es un obstáculo para la ejecución de la orden ejecutiva. La independencia no es una opción de estatus sujeta a plebiscito, sino un derecho inalienable que cualquier ciudadano y pueblo pueden reclamar. Además, la Constitución federal otorga dos fundamentos claros para ello: la libertad de expresión y el derecho del pueblo a solicitar al gobierno la reparación de agravios.
Sobre la base legal, la idea de que solo el Congreso tiene autoridad sobre Puerto Rico es errónea. La jurisprudencia federal establece que el presidente es la voz exclusiva de la política exterior y tiene la facultad de invalidar tratados internacionales.
En este contexto, el Tratado de París de 1898 asignó al Congreso el manejo de los asuntos de Puerto Rico. Sin embargo, si el presidente Trump decide descolonizar la isla, solo tiene que decretar que el Tratado de París ya no es válido y reconocer la soberanía de Puerto Rico, conforme a sus poderes para recibir y validar embajadores.
Ejemplos recientes refuerzan este punto. Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del Tratado de Cambio Climático de París y renegoció el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, sin la intervención del Congreso.
En otras palabras, el ejercicio del poder ejecutivo en asuntos internacionales no es una teoría, es una práctica habitual dentro del sistema político estadounidense.
Más allá del revuelo mediático, los logros son tangibles.
Primero, se ha establecido un proceso logístico viable para la descolonización de Puerto Rico. Segundo, el tema de la independencia ha cobrado relevancia pública como nunca antes. Tercero, se han comenzado a generar escritos que fundamentan la necesidad de la independencia como alternativa a las políticas de austeridad impuestas por Trump. Finalmente, no ha habido un rechazo tajante en las oficinas del Congreso con las que se ha discutido la propuesta.
El camino hacia la independencia aún es largo y complejo, pero este primer paso ha demostrado que el tema ya no puede ser ignorado. El grupo continuará gestionando reuniones y promoviendo un debate serio y fundamentado.
Veremos qué resultados concretos surgen en las próximas semanas.
