Me quedé perpleja semanas atrás cuando la exalcaldesa de la ciudad capital preguntaba en una columna qué importaba dónde trabajó o qué organización dirigió Diego Figueroa, el líder gremial de policías que asesinó recientemente a Iraida Hornedo Camacho y luego se suicidó.
Es difícil ver la incapacidad de una exfuncionaria electa para hacer una relación lógica, bastante básica, para alguien de su experiencia. Por eso, me animo nuevamente a escribir.
¿Cuán distinta y amenazante puede ser una situación de violencia doméstica cuando el agresor es policía? Si muchos agresores, especialmente los feminicidas, portan armas de fuego, ¿por qué es distinto cuando se trata de un oficial del “orden público”? ¿Por qué hablamos tanto sobre los peligros de la impunidad dentro de los cuerpos policiales?
Los policías son una parte central del sistema legal criminal. Nada más por ser parte de ese sistema, tienen unas protecciones que son prácticamente naturales.
Para evitar la comisión de abusos, excesos y la impunidad de estos funcionarios, es crucial que las agencias públicas del sistema legal criminal cuenten con mecanismos robustos y las salvaguardas necesarias de rendición de cuentas. Así se puede garantizar que, si un policía comete un abuso o un crimen como es la violencia doméstica, el sistema al que pertenece no lo proteja y le dé una ventaja por encima del resto de la ciudadanía.
¿Por qué decimos que el sistema protege a los policías?
El sistema legal criminal necesita de la Policía para su funcionamiento. Cuando la persona agresora es un agente de ese cuerpo, de por sí tiene muchas ventajas que actúan a su favor. Por ejemplo:
- La decisión del fiscal de proceder contra un agresor policial depende en gran medida de la cooperación, informes, investigación y recopilación de pruebas de la propia Policía.
- Los oficiales a cargo a menudo asumen un código de silencio e inacción que protege al policía acusado.
- Conoce los refugios para víctimas de violencia doméstica.
- Los vínculos entre la Policía y otras agencias pueden limitar la intervención.
- Fiscales o jueces pueden estar reacios a creer que un oficial es un abusador pues a los oficiales se les suele ver como funcionarios preocupados por la seguridad pública.
En el caso de la violencia doméstica u otras violencias de género, el entrenamiento policial puede reforzar las tácticas de maltrato. De hecho, la capacitación especializada en investigación, vigilancia y uso de la fuerza acentúan las dinámicas de control en policías agresores, haciéndolos más peligrosos.
Algunos de los abusos más comunes registrados en casos donde el agresor es integrante de un cuerpo de la Policía son aplicar estrategias de poder y control a sus relaciones íntimas, pues el abuso no solo podría ser físico, sino también podría implicar aislamiento, interrogatorios, vigilancia, fabricación de casos o multas y, por supuesto, uso de armas legales.
Está más que comprobado que ni en la Policía ni en el sistema legal criminal existen los controles para garantizar la rendición de cuentas y la justicia, no solo en casos de violencia doméstica, sino en todo crimen perpetrado por agentes. El más reciente informe del monitor federal de la Policía revela que, de una muestra analizada por la oficina del monitor, ni uno solo de los oficiales había recibido adiestramiento en violencia doméstica que involucra a personal policial.
Desde el año 2018, el propio equipo del exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio, había sugerido un problema de impunidad entre oficiales que son agresores de sus parejas mujeres.
En el año 2017, por ejemplo, con 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales, ninguno de los casos resultó en convicción, mientras que el 14 por ciento de las denuncias de violencia doméstica en la población general resultaron en condenas, según estableció el monitor en su informe de 2018.
Tan reciente como en enero de 2022, esta problemática volvió a discutirse en los medios de comunicación a raíz del feminicidio de la agente Brenda Liz Pérez a manos de un policía. La propia directora de la División de Violencia Doméstica de la Policía, Aymeé Alvarado, admitió que apenas hay convicciones de violencia doméstica entre policías.
Ya que los casos de feminicidios íntimos suelen tener un historial previo de violencia de género, hay que señalar las 67 querellas de violencia de género presentadas contra policías en el año 2021 (según datos de la propia Policía, los cuales siempre suelen tener un subregistro significativo). Esta cifra implica, en promedio, que en cada semana se presentaron una o dos querellas de violencia de género contra policías, solamente en la uniformada estatal.
Ahora, gracias a la investigación del Centro de Periodismo Investigativo y The Miami Herald, tenemos más documentos públicos sobre este evidente problema de impunidad que permanece en nuestros cuerpos policiales. Según los datos de la investigación:
- En 12 años (2010-2022), policías o expolicías estatales asesinaron a, por lo menos, 10 parejas o exparejas mujeres.
- 960 oficiales han sido arrestados por violencia contra sus parejas.
- El 93 por ciento de los arrestados fueron hombres.
- Solo 36 de esos casos resultaron en convicciones.
- Entre 2014 y 2020, el porcentaje de convicciones por violencia doméstica entre policías estatales fue de 14.6 por ciento. En la población general, fue de 55 por ciento para las mujeres y 20 por ciento para los hombres.
- Casi el 15 por ciento (118) de los policías arrestados por violencia doméstica fueron detenidos en múltiples ocasiones.
Precisamente, esa cultura de impunidad, la ausencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas, de consecuencias y reparaciones es lo que permite e, incluso, incentiva los abusos policiales, incluyendo la violencia doméstica.
En el caso del feminicidio-suicidio perpetrado por el líder gremial de los policías, Diego Figueroa, aunque él no fuera policía activo, es imperativo que se revele su expediente de querellas administrativas. Los feminicidios son la culminación de la violencia de género.
La violencia doméstica puede abordarse a tiempo si la institución toma medidas de rendición de cuentas, garantiza que los delitos y abusos de los agentes policiales tengan consecuencias legales, erradica la cultura de impunidad y asume su responsabilidad.
Independientemente de si Iraida Hornedo Camacho había presentado o no una querella en contra de Diego Figueroa, lo verdaderamente revelador es el expediente completo de esta persona dentro de la Policía. Si la agencia, cuando pudo, no actuó para que su historial violento tuviera consecuencias, de nada vale hoy la supuesta “sensibilidad” con que prometían manejar este caso.
Sabemos que su paso por la Policía ocurrió durante un periodo cuando no había ni el más mínimo mecanismo de rendición de cuentas. El problema es que esta persona siguió asumiendo liderato dentro de la Policía, en la opinión y hasta en la política pública del país, por vía del gremio que dirigió y, lamentablemente, hoy día, tras cientos de millones de dólares invertidos en una supuesta reforma, tampoco hay mecanismos confiables y efectivos para combatir la impunidad.
El manejo de los casos de violencia de género desde la Policía es un asunto urgente y así lo saben las autoridades desde que se publicó la investigación del Departamento de Justicia federal sobre la Policía de Puerto Rico. En aquel momento, uno de los más serios hallazgos era la forma en que la Policía manejaba los casos de violencia doméstica y agresiones sexuales.
Han pasado 11 años desde la publicación de esa investigación y todavía tenemos una Policía machista y abusadora, que revictimiza a las sobrevivientes de violencia de género y descansa sobre la certeza de que su poder difícilmente será trastocado.
Considerando todos los recursos que se han dispuesto para resolver el problema de violencia doméstica dentro de la Policía y el del ejercicio policial en los crímenes de género y agresiones sexuales de la población general, el fracaso es de tal magnitud que hay que empezar a discutir otras soluciones para el manejo de la violencia de género, que no necesariamente envuelvan a la Policía.
Por lo pronto, no hay excusas. Hoy más que nunca hay que exigir trato digno, justo y confiable a las sobrevivientes de violencia de género, eficiencia en las investigaciones, rendición de cuentas, investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes del Estado y erradicación de la cultura de impunidad entre policías.
La vida de miles de mujeres depende de ello, todos los días.