Disney demandó el miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la toma estatal de los terrenos donde se encuentran sus parques temáticos, alegando que el republicano emprendió “una campaña selectiva de represalias gubernamentales” luego de que la compañía se opuso a una ley conocida como «no digas gay”.
La demanda fue presentada minutos después de que una junta de supervisión designada por DeSantis para abordar el tema votó a favor de anular un acuerdo que colocaba en manos de la compañía las decisiones de diseño y construcción de los parques temáticos.
Es el conflicto más reciente en una disputa en curso entre DeSantis, quien se tiene previsto que se postule a la presidencia, y Disney, un poderoso actor político y gran impulsor del turismo en Florida.
La disputa con Disney ha generado grandes críticas de los rivales del gobernador en la Casa Blanca y de líderes empresariales, que la consideran un rechazo extraordinario a uno de los principios del conservadurismo de una limitada intervención del Estado.
El enfrentamiento empezó el año pasado, luego de que Disney, enfrentando una presión significativa, se opuso públicamente a la ley estatal que prohíbe enseñar sobre temas de orientación sexual e identidad de género en los primeros años escolares, una ley conocida como “no digas gay”.
Como castigo, el gobierno de DeSantis se apropió de los terrenos del distrito autónomo de Disney World y designó una junta de supervisores que se encargaría de vigilar los servicios municipales en los enormes parques temáticos. Pero antes de que la junta se instalara, la compañía logró un acuerdo de última hora que le quitó a la nueva junta de supervisores gran parte de su autoridad. La junta de DeSantis dijo el miércoles que la acción de Disney para retener el control de su propiedad era ilegal y se había llevado a cabo sin previo aviso.
“Disney empezó la pelea con esta junta. No buscamos pelear”, dijo Martin García, presidente del Distrito de Supervisión Turística de Florida Central, y añadió: “En conclusión, lo que nuestros abogados nos han dicho es objetiva y legalmente que lo que han creado es un desastre jurídico. No va a funcionar”. DeSantis ha prometido más represalias, que incluyen propuestas para mejorar la supervisión estatal de las atracciones y el monorriel del complejo, así como la sugerencia de construir una prisión en las inmediaciones.
Disney ha dicho que todos los acuerdos alcanzados con la junta anterior fueron legales y aprobados en un foro público. El director general de Disney, Bob Iger, también ha dicho que cualquier acción contra la compañía que amenace los puestos de trabajo o la expansión de su complejo de Florida no sólo era “anti-negocios” sino “anti-Florida”.
