El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) rechazó la solicitud de aumento presentada por LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como parte de la revisión de la tarifa fija para los años fiscales 2026, 2027 y 2028.
La determinación mantiene el requisito de ingreso del sistema eléctrico en alrededor de $1,700 millones anuales y dispone una redistribución en la recuperación de costos operacionales.
Según el regulador, la decisión no representará un impacto negativo en la factura del cliente residencial promedio.
Durante el proceso tarifario, los operadores habían solicitado un aumento permanente de $1,360 millones adicionales, que incluía cerca de $1,900 millones por parte de LUMA, $460 millones de Genera PR, $120 millones para operaciones de la AEE y unos $307 millones para cubrir el sistema de pensiones de los retirados.
El Negociado determinó que los costos de pensiones dejarán de aparecer como un cargo separado y se integrarán a la tarifa base, con el fin de ampliar la base de consumidores que aportan al sistema, incluidos los clientes con medición neta. El cambio entrará en vigor el 1 de julio.
Para clientes residenciales, la resolución contempla un aumento gradual en el cargo fijo mensual, que pasará de $4 a $8, acompañado de una reducción en el cargo base por kilovatio hora. En un consumo típico de 800 kWh, el Negociado proyecta una reducción en el componente base de la factura. El mismo efecto aplicaría a pequeños comerciantes e industrias.
El ente regulador señaló que la disponibilidad de fondos federales para la reconstrucción y modernización del sistema eléctrico permite atender necesidades de infraestructura sin trasladar de inmediato esos costos a los consumidores.
En declaraciones escritas, la gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó a la determinación y expresó que el Negociado “reconoció los trabajos que estamos ejecutando… para darle estabilidad energética a la isla”. Añadió que un aumento en el requisito de ingreso “hubiese premiado la falta de diligencia y eficiencia” de los operadores privados y afectado a los consumidores.
Por su parte, Alejandro Figueroa Ramírez, principal oficial regulatorio de LUMA, indicó que la empresa evaluará en detalle la resolución y sus implicaciones, incluyendo posibles cambios en la factura y en la asignación de costos. Señaló que cerca del 80 por ciento del costo de la factura eléctrica responde a componentes ajenos a la operación de transmisión y distribución, como combustible, subsidios y pagos de pensiones.
Figueroa añadió que LUMA presentó al Negociado distintos escenarios de inversión para atender mantenimiento y modernización del sistema, y que analizarán cómo la determinación afecta esos planes.
La empresa reiteró que no fija ni aprueba tarifas, y que su rol —al igual que el de Genera PR y la AEE— se limita a proveer datos de costos e inversiones para que el regulador determine los ajustes correspondientes.
