Varias de las organizaciones más representativas del sector comercial en Puerto Rico expresaron su respaldo al Proyecto de la Cámara 1216, una medida que propone prohibir que bancos, procesadores de pago y redes de tarjetas apliquen tarifas de intercambio (swipe fees) sobre la porción correspondiente al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en transacciones electrónicas.
La propuesta legislativa surge en un contexto de crecimiento acelerado en el uso de pagos digitales en la isla. Según datos citados por el sector, Puerto Rico registró un aumento de 35 por ciento en transacciones Visa en diciembre de 2025, mientras que 79 por ciento de las pequeñas y medianas empresas afirma que no podría operar sin aceptar pagos electrónicos.
Un costo que no representa ingreso para el comercio
Las asociaciones —entre ellas ACDET, ASORE, MIDA, CUD, ACCP y ACMC— coincidieron en que el IVU no constituye ingreso del comerciante, sino fondos que este recauda por mandato de ley para remitirlos al Gobierno. Sin embargo, bajo el modelo actual, las comisiones se calculan sobre el total de la transacción, incluyendo el IVU, lo que obliga al comercio a pagar cargos sobre dinero que no le pertenece.
El impacto económico es significativo:
- Los recaudos del IVU para el Año Fiscal 2025 ascendieron a $3,015.7 millones.
- Cerca del 60 por ciento provino del comercio al detal ($1,809.4 millones).
- A una tasa promedio de swipe fee de 3 por ciento, los comercios pagaron $54.3 millones en comisiones solo por la porción del IVU.
Una medida técnica y delimitada
Las organizaciones destacaron que el PC 1216 no elimina las tarifas de intercambio, ni altera los procesos de autorización o prevención de fraude. Su objetivo es excluir el IVU de la base de cálculo, una partida que ya está identificada en los sistemas de punto de venta y en los recibos de compra.
También señalaron que legislaciones similares han avanzado en jurisdicciones como Illinois, donde se prohibió el cobro de swipe fees sobre impuestos y propinas, reforzando que existe espacio regulatorio para atender esta práctica.
Las asociaciones exhortaron a la Asamblea Legislativa a aprobar la medida, al considerar que representa un alivio para el ecosistema comercial local y una corrección a un costo que afecta la competitividad y la capacidad de reinversión de los negocios.
