La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) firmaron un acuerdo colaborativo dirigido a promover el empoderamiento económico de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica mediante acceso a educación financiera, liderazgo y recursos del movimiento cooperativo.
La iniciativa, anunciada el jueves en San Juan, establece un marco de cooperación entre ambas entidades para facilitar que las participantes accedan a herramientas que fomenten su estabilidad financiera y desarrollo personal.
La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, destacó que el acuerdo busca ofrecer oportunidades concretas a quienes han sobrevivido situaciones de violencia.
“Este acuerdo nace de una convicción profunda de que una mujer que sobrevive merece más que protección, pues merece puertas abiertas, oportunidades reales y herramientas para reconstruir su vida con dignidad y autonomía”, expresó Piñeiro Vázquez.
Como parte de la alianza, se desarrollarán programas educativos en albergues para sobrevivientes, donde se ofrecerán talleres recurrentes sobre finanzas personales, liderazgo y formación cooperativa.
Además, la OPM brindará capacitación al personal de la Comisión de Desarrollo Cooperativo y a integrantes del movimiento cooperativo para que puedan identificar señales de alerta relacionadas con la violencia doméstica, atender situaciones de forma adecuada y referir a las personas afectadas a servicios especializados.
La procuradora señaló que también se promoverá la adopción de protocolos en los espacios laborales para prevenir y atender casos de violencia doméstica y hostigamiento sexual.
Por su parte, la comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, Liza I. Alfaro Mercado, sostuvo que el modelo cooperativo puede convertirse en una herramienta de apoyo para la recuperación de las sobrevivientes.
“Nuestro objetivo es abrir puertas de educación, empoderamiento económico y crecimiento personal para mujeres que han sobrevivido la violencia doméstica”, afirmó.
Según las funcionarias, el acuerdo no requerirá fondos públicos adicionales y permanecerá vigente hasta el 30 de diciembre de 2028, con el objetivo de garantizar continuidad en los servicios y medir sus resultados a largo plazo.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, un factor que las entidades consideran clave para ayudar a romper ciclos de violencia y fomentar una mayor independencia.
