La deforestación de la Amazonía brasileña aumentó casi un 60 por ciento durante el gobierno de Jair Bolsonaro, una fatídica herencia para Luiz Inácio Lula da Silva, que asumirá la presidencia el 1 de enero de 2023 con el reto de frenar la devastación para evitar una catástrofe para el planeta.
Durante el cuatrienio del líder ultraderechista (2019-2022), que defiende la explotación de recursos naturales en la Amazonía, incluso en reservas indígenas, donde es prohibido por ley, el promedio de área devastada fue de 11,396 kilómetros cuadrados al año, un 59.5 por ciento más que en los cuatro años anteriores.
La deforestación ya venía en aumento en el país, pero con Bolsonaro se disparó a niveles que no se veían en 15 años y más que duplicó la mínima histórica de 4,571 kilómetros cuadrados reportados en 2012, según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
Expertos consultados por EFE coinciden en afirmar que mucho tuvieron que ver los recortes financieros y de personal realizados en los órganos de control ambiental sumados a normas que -con la venia del líder ultraderechista- incentivaron actividades como la minería ilegal y el comercio ilícito de madera.
Oro, madera y agronegocio
La Amazonía concentra el 97.3 por ciento de toda la minería ilegal de Brasil, principalmente de extracción de oro.
De las 103 toneladas de oro que exportó Brasil en 2021, más de la mitad era ilegal y su extracción se hizo principalmente en territorios indígenas, que registraron un salto de 442 por ciento entre 2020 y 2021, según el Instituto Escolhas.
“Esa situación es grave. (…) Los mercados importadores tienen que exigir la trazabilidad de su origen, o correrán el gran riesgo de comprar oro manchado con sangre indígena”, señaló Larissa Rodrigues, de esa ONG.
La explotación ilícita de madera también impacta en la selva y, aunque la mayor parte ocurre en propiedades privadas, ya se ve en reservas indígenas y ambientales, según un estudio adelantado por la Red Simex.
De la totalidad de madera extraída ilegalmente en la selva (142,428 hectáreas) entre agosto de 2020 y julio de 2021, el 72 por ciento ocurrió en propiedades autorizadas -que tienen la obligación de preservar un 40 por ciento del área total-, otro 15 por ciento en reservas indígenas y ambientales y el 13 por ciento restante en tierras no registradas.
Según Leonardo Sobras, gerente forestal del Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora, miembro de Simex), “la explotación predatoria” está relacionada con la especulación de tierras, que pierden valor cuando empiezan a ser devastadas y terminan en cultivos o pastizales para ganado.
El estado de Mato Grosso, que hace parte de la región amazónica, lidera los cultivos de soja, maíz y algodón en el país y es el responsable por el 73 por ciento de la madera extraída ilegalmente en la región.
Una luz de esperanza
Los expertos señalan que la situación actual de la Amazonía es “crítica” pero están esperanzados con la promesa de Lula de poner un freno a la destrucción.
El exsindicalista, que asumirá por tercera vez la jefatura de Estado, tras gobernar a Brasil entre 2003 y 2010, logró reducir la deforestación en casi un 70 por ciento al término de su segunda gestión.
“Si Bolsonaro hubiera continuado en el poder correríamos el riesgo de perder la Amazonía tal y como la conocemos hoy”, aseguró Márcio Astrini, director del Observatorio del Clima, red que agrupa a unas 70 organizaciones ambientales en Brasil.
De seguir con las políticas actuales los niveles de destrucción se habrían disparado acelerando su colapso, porque el bioma tiene un límite de deforestación que, de traspasarse, lo hará entrar en un punto de no retorno.
Según Raul do Valle, especialista en políticas públicas de WWF, ese proceso de degradación está muy próximo, pues actualmente el nivel ronda un 18 por ciento, pero si sobrepasa el 20 por ciento “será irreversible”.
Confianza en Lula
Tanto él como Astrini esperan que Lula adopte una serie de acciones que, de darse, tomarán tiempo, pero empezarán a mostrar resultados positivos hacia 2024.
“Va a tener que revocar una serie de medidas entre las cuales la que paralizó el cobro de multas ambientales”, reactivar el Fondo Amazonía, que capta recursos de otros países, volver a dotar de personal a las organizaciones ambientales del Estado “y quitar las ventajas” que hoy tienen “madereros e invasores de tierras”, indicó Astrini.
Do Valle, por su parte, aspira a que con el próximo Gobierno se “restablezca” el camino para un desarrollo sostenible de la Amazonía y se “consoliden” las áreas de conservación.
Esas comunidades, dijo, necesitan presencia del Estado y una mejor calidad de vida, así como oportunidades para las nuevas generaciones.
