Un excongresista republicano que entre los años 2020 y 2022 votó múltiples veces en contra de legislación sobre agua y aire limpio se convirtió este lunes en el nominado del presidente electo Donald Trump para dirigir la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos.
La elección de Lee Zeldin Schwartz, un abogado de 44 años de edad con historial de negacionismo sobre el cambio climático, tendrá consecuencias directas sobre las comunidades víctimas de injusticia ambiental en Puerto Rico y sobre conquistas logradas por agrupaciones ecologistas, advirtieron de inmediato líderes de colectivos pro ambiente.
El elegido
En su plataforma de redes sociales Truth Social, Trump publicó ayer que Zeldin Schwartz “garantizará decisiones desregulatorias justas y rápidas que se implementarán de manera tal, que liberen el poder de las empresas estadounidenses”.
Durante su primer mandato, Trump derogó sobre 100 leyes y reglamentos ambientales que habían requerido décadas de estudio científico y pruebas irrefutables.
Con cada una, además, apartó a la EPA de su misión: “proteger la salud humana y el ambiente”.
En su mensaje del lunes, Trump también alegó que con Zeldin Schwartz la EPA mantendrá “los estándares ambientales más elevados, incluido el aire y el agua más limpios del planeta”.
Esta aseveración, sin embargo, es contraria a las ejecutorias del excongresista.
Como detalla en su portal oficial la Liga de Votantes por la Conservación, el nominado arrastra una calificación de 14 por ciento (de 100 puntos) como propulsor y defensor de medidas legislativas a favor del ambiente.
Su historial incluye haber votado en contra de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, una medida que inyecto $370 mil millones en estímulos federales para energía limpia y vehículos eléctricos en los Estados Unidos y sus territorios.
Según declaraciones del propio Zeldin Schwartz, votó en contra de la propuesta “porque el proyecto de ley apesta”, como escribió en la red social “X” el 12 de agosto de 2022.
El excongresista de Long Island también votó en contra de la Ley de Protección del Gran Cañón, que protegería casi un millón de acres de tierras federales alrededor del Parque Nacional del Gran Cañón de la minería de uranio, y en contra de la medida que habría creado una oficina de resiliencia climática dentro de la Casa Blanca.
Según anticipó el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes federal el pasado 19 de septiembre, el Proyecto 2025 redactado por equipo asesor de Trump recomienda recortar el presupuesto de la EPA, despedir al personal de carrera, eliminar a los asesores científicos que revisan el trabajo de la agencia y cerrar programas de “Superfondo” que auxilian a comunidades minoritarias, víctimas de prácticas corporativas negligentes y contaminación ambiental severa.
La nominación de Zeldin Schwartz debe ser aprobada por el Senado republicano, en enero de 2025.
Reacción en cadena
Tras conocerse la noticia sobre este nominado, la veterana líder y abogada de la agrupación Earthjustice, Lisa Evans, afirmó a La Perla del Sur que “no es de extrañar que Trump haya elegido a alguien sin experiencia en la protección del medio ambiente como director de la EPA”, mientras que Ruth Santiago Quiñones, también abogada especializada en Derecho Ambiental, calificó el anuncio como “preocupante”.
“La preocupación es la combinación que tenemos de Trump y el gobierno que se eligió en Puerto Rico”, expresó. “Cómo se van a poner en riesgo los recursos llamados recursos naturales y, en específico, las metas de energía renovable, cuando tanto Trump como Jennifer González promueven mucho la quema del gas metano para generar energía”.
“De hecho, ninguno de los mencionados ha mostrado compromiso con las metas de energía renovable, en general”, añadió Santiago Quiñones, quien hasta el cierre de este año ocupará una silla en el Consejo Asesor de Justicia Ambiental de Casa Blanca.
Entretanto, la directora en Puerto Rico del Sierra Club, Hernaliz Vázquez Torres, advirtió que la elección de Trump y su nominado para timonear la EPA profundizarán “el racismo y la injusticia ambiental, especialmente en las comunidades que ya enfrentan problemas severos”.
“El mensaje claro es que del estado no podremos esperar nada”, sentenció. “Las personas que estén en esa posición tienen que tener un compromiso con las comunidades más vulnerables y un expertise transversal en estos temas, pero aquí vemos a una persona a la que Trump puede manipular, por lo que ya anticipamos que muchas cosas se van a perder”.
A su juicio, esas pérdidas incluirán fondos para la restauración de terrenos y acuíferos altamente contaminados y para el cierre de vertederos en la isla, lo que podría nuevamente reabrir la puerta a propuestas para la incineración de desperdicios.
“También para la quema de carbón (para generar electricidad)”, puntualizo. “Eso no lo podemos perder de perspectiva, porque es la misma fuerza corporativa, política y económica la que impulsa este tipo de dependencia de combustibles fósiles”.
Sus expresiones fueron secundadas por Víctor Alvarado Guzmán, cofundador de la organización comunitaria Diálogo Ambiental, entidad que durante las pasadas dos décadas ha reclamado que lleven a cabo estudios epidemiológicos en Guayama para determinar si la contaminación generada por la carbonera AES es responsable de la alta incidencia de enfermedades crónicas y cáncer en la población de Miramar y Santa Ana, comunidades vecinas de la central eléctrica.
“Comunidades como las de Guayama han sido afectadas durante décadas por la quema de carbón en Puerto Rico y no han recibido justicia por parte del gobierno de Puerto Rico ni por parte de la EPA”, sentenció.
“Ahora, para colmo, llega este anuncio mientras la administración Biden sigue demorando la entrega de los resultados de los estudios que realizaron en la bahía Las Mareas y que nunca han entregado a la comunidad”, argumentó.
La investigación iniciada el pasado 15 de marzo abarcó el muestreo arena de playa, agua y sedimentos en la bahía contigua a la carbonera para determinar la presencia de contaminantes asociados a las cenizas de carbón de AES. En específicos, metales pesados asociados al desperdicio con potencial tóxico y cancerígeno.
“Lo advertimos hace meses”, agregó Alvarado Guzmán, “que si prevalecía Trump perderíamos todo ese esfuerzo y que las comunidades, especialmente las de Guayama, se iban a quedar esperando por justicia”.
“Lo más lamentable de todo esto es que, obviamente, hay personas que no pueden esperar. La gente de las comunidades cercanas a la planta de carbón se sigue enfermando y siguen muriendo. La gente de las comunidades no puede esperar cuatro años para que esto cambie”, sentenció.
El consenso entre los entrevistados, además, es que la designación de Zeldin Schwartz podría resultar en un retroceso significativo en las luchas ambientales gestadas en Puerto Rico, exacerbando problemas existentes y limitando las oportunidades para un futuro sostenible.
