La jueza de apelaciones Camille Rivera Pérez, nominada al Tribunal Supremo, rehusó contestar hoy si una orden ejecutiva puede ir por encima de reglamentos, leyes y la Constitución de Puerto Rico.
Mientras, el juez superior Raúl Candelario López, también nominado al máximo foro judicial estatal, indicó que, si alguna persona está inconforme con alguna orden administrativa, tiene la opción de ir a combatirla en los tribunales.
Los nominados fueron cuestionados al respecto por el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz, durante una vista pública de las comisiones de Innovación, Reforma y Nombramientos; de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Educación, Arte y Cultura.
Esta fue la primera comparecencia del dúo, designado por la gobernadora Jenniffer González Colón para llenar dos de las tres vacantes en el Supremo, como parte de su proceso de confirmación ante el Senado.
“En los pasados años, gobernantes y presidentes han utilizado órdenes ejecutivas para establecer unas políticas públicas y en muchas ocasiones esas políticas públicas pueden ir en contravención con la Constitución, las leyes y los reglamentos. ¿Qué opina de eso?”, le preguntó Hernández Ortiz a la jueza Rivera Pérez.
La nominada, quien se ha desempeñado como jueza durante 15 años, no fue responsiva, amparándose en que la situación era hipotética.
“Tengo que decir que asuntos puntuales sobre órdenes ejecutivas que se aprueben, la premisa es que se asume que están en contravención con una ley, con un reglamento, pues yo no estaría en posición en el día de hoy de estar adelantando un juicio porque sería algo hipotético. No tengo una situación fáctica en lo concreto, por lo tanto, tendría que ser honesta, no tendría unos elementos de juicio concretos para poderle dar una respuesta como usted se merece”, respondió.
“Sí le puedo garantizar que cuando yo tenga un caso de esa naturaleza ante mi atención, el que me conoce sabe que soy muy puntillosa, muy estudiosa, no me conformo con lo que encuentro, siempre busco más allá, y siempre uno las va a evaluar desde su justa perspectiva”, continuó Rivera Pérez.
El portavoz del Partido Popular Democrático insistió en su pregunta: “¿Usted entiende que, en el orden de prelación, una orden ejecutiva va por encima de la Constitución, de las leyes y los reglamentos?”.
“Es que, al no tener una concretización de qué sería esa orden ejecutiva, tendría que decir que para ser responsable tendría que evaluarla en toda su justa perspectiva y no me sentiría responsable de estar emitiendo, de contestarle a usted ‘pues esta orden ejecutiva cae en el último lugar de los asuntos por prelación del derecho’. Sería irresponsable de mi parte porque puedo tener un caso mañana donde se cuestione la constitucionalidad de una ley, vis a vis una orden ejecutiva, y que se determine que la ley es inconstitucional y pueda prevalecer la orden ejecutiva”, señaló la jueza de Tribunal de Apelaciones.
Hernández Ortiz le indicó que esta situación podría ocurrir en el futuro, a lo que la jueza contestó que “puede ocurrir y ha ocurrido, tan reciente como en la pandemia, pero no nos vamos a meter, verdad”.
El senador popular no abundó sobre ese punto, pero sí lo hizo la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. En su turno, le pidió a la nominada que especificara a qué orden se refería cuando trajo a colación la pandemia de coronavirus.
“Los hechos están ahí. No tengo más que abundar. La referencia que hacía era que, una vez recibamos esos asuntos, los vamos a adjudicar con el rigor correspondiente. Haremos la evaluación”, dijo la jueza.
¿A qué se refirió?, insistió Rodríguez Veve.
“Lo que voy a decir es que, si esa es la controversia que se trae ante mi consideración y se determina que alguna orden es inconstitucional, pues así emitiré mi voto y lo haré consignar”, dijo Rivera Pérez
Para el récord, ¿usted dijo que órdenes ejecutivas sí violaron la Constitución durante la pandemia?, preguntó la senadora.
“Que fueron cuestionadas fue lo que yo dije. No dije que fueran inconstitucionales, (sino) que eso llegó al tribunal”, expresó la nominada.
En su primer mes de mandato, la gobernadora González Colón ha emitido varias órdenes ejecutivas, entre ellas una que liberaliza el proceso de otorgamiento de permisos y otra que les resta poderes a los jefes de agencia y se los otorga al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.
En este momento también se cuestiona la legalidad de una orden administrativa del designado secretario de Recursos Naturales y Ambientales que regulariza las estructuras ilegales de La Parguera en Lajas e instruye el archivo de querellas sobre violaciones ambientales, incluyendo la que pesa sobre los suegros de la gobernadora.
Y, más recientemente, la controversia gira en torno a cómo las dependencias estatales deben reaccionar a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump sobre el arresto y la deportación de personas con estatus migratorio irregular.
El remedio es el tribunal
Por otra parte, al responder la pregunta inicial del senador Hernández Ortiz, el juez Candelario López hizo referencia a la orden de Trump que paralizaba las subvenciones y préstamos federales.
“El caso que usted presenta, tan reciente como la semana pasada, ocurrió con relación a una orden administrativa del presidente de los Estados Unidos y lo que le puedo decir es que en nuestra democracia existen los procedimientos para, a través de los tribunales, usted manifestar su inconformidad, llevar el recurso correspondiente”, estableció el juez superior de San Juan.
“En el caso que acabo de mencionar, es de conocimiento público que un juez intervino y paralizó una de las órdenes, señaló vista y eventualmente determinará si se va a mantener o no esa orden administrativa. Aquel que tenga inconformidad con una orden administrativa va a tener el derecho de acudir a los tribunales y allí se resolverá la controversia”, agregó el juez.
La designación de Candelario López ha sido criticada por las minorías legislativas y los partidos de oposición debido a que favoreció al Partido Nuevo Progresista (PNP) en la mayoría de los casos que tuvo ante su consideración durante el pasado ciclo electoral.
No hay fecha para la votación
El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, anunció hoy que el lunes, 3 de febrero, a las 10:00 de la mañana, habrá una vista ejecutiva para discutir los informes que generen los senadores sobre ambas nominaciones.
Posteriormente, se informará cuándo sus nombramientos bajarán a votación en el pleno. Se vislumbra que ambos serán confirmados como nuevos jueces asociados del Supremo, pues el PNP tiene mayoría absoluta.
Le sugiero a ambas candidatas a juezas, que regresen a la escuela de derecho y repasen la materia de derecho constitucional. Lo primero que se aprende en esa materia es que ninguna ley o reglamento prevalece sobre la ley o el derecho constitucional.
En derecho administrativo, se aprende y estudia el folleto de “Leyes de Procedimiento Administrativo Uniforme”. Se requiere que se cumpla con el proceso dispuesto en ley. De no seguirse el proceso establecido, entonces el derecho constitucional indica que no seguir el proceso administrativo es un incumplimiento legal. Cualquier determinación, decisión o fallo a que llegue una agencia administrativa sin cumplir con el requisito constitucional del debido proceso de ley, se entiende que es “nulo ab initio”.