El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no reevaluará el terreno donde se pretende construir una torre de telecomunicaciones en el barrio Indios de Guayanilla, para confirmar si el proyecto es viable en esa ubicación, a menos que se lo requiera la Junta de Planificación (JP) o la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
Así lo expresó ayer martes la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, durante una visita a Juana Díaz.
En primer lugar, la funcionaria señaló que como parte del proceso de solicitud para el permiso de construcción a la empresa proponente de la torre, Elite Towers, técnicos del DRNA evaluaron el terreno en el sector San Germán. La conclusión, aseguró, fue que el lugar es de bajo impacto ambiental.
“El personal del Departamento hizo la evaluación de hábitat y está clasificado como bajo impacto ambiental”, declaró Rodríguez Vega.
Esa fue la razón por la que no se requirió el endoso de la agencia durante el proceso que siguió Elite Towers ante la OGPe.
“El Departamento no da permisos para este tipo de antena, no se requiere su endoso, a no ser que sea en un área de alto impacto ambiental. Y en este caso, luego de que el personal técnico hiciera las evaluaciones, no encontró que estuviera clasificado de esa manera”, abundó.
De este modo, la OGPe eximió a Elite Towers de presentar una Declaración de Impacto Ambiental y le otorgó el permiso mediante una Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica.
En una vista pública de la Comisión cameral para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste celebrada el pasado lunes, la directora de la División Legal de la OGPe, Edmée Zeidan, se reafirmó en que este tipo de proyectos caen bajo las exclusiones categóricas establecidas por el DRNA en la Orden Administrativa 2021-02.
El permiso se otorgó en diciembre del 2022 y la construcción inició en abril pasado. La comunidad levantó bandera sobre el proyecto, entre otras causas, porque agua subterránea se filtró al hueco que se cavó para la base de la torre y lo llenó parcialmente.
El solar elegido para levantar la torre está rodeado por un humedal, una veintena de casas, una cancha de baloncesto y la carretera PR-335. A juicio de los vecinos, la torre no debe construirse sobre un terreno donde percole el agua de esta manera, porque pondría en riesgo la estabilidad de la estructura.
“El que se haya llenado el hueco de agua subterránea ¿le genera preocupación a la agencia o eso es normal?, preguntó La Perla del Sur.
“Nosotros lo que evaluamos es lo que los proponentes en sus solicitudes establecen, adicionalmente con nuestros peritos y los mapas de lo que hay en el área”, respondió Rodríguez Vega.
“Ciertamente, se ha ordenado a la Junta de Planificación que haga una evaluación nuevamente de la otorgación de permisos y ya les corresponde a ellos determinar en su momento. Si la OGPe o la Junta de Planificación requiere la pericia del Departamento de Recursos Naturales la vamos a estar proveyendo”, agregó.
El alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, solicitó el mes pasado a la secretaria que enviara un geólogo a evaluar el terreno, ante su preocupación por la intrusión de agua subterránea en el hueco cavado en el lugar para la base de la torre.
Sin embargo, la secretaria no accedió.
En declaraciones a este medio ayer martes, Rodríguez Vega dijo que no se presentó una querella formal ante la agencia y que, además, ya “hubo una evaluación”.
“En el momento en que se requiera otra evaluación, porque se ha levantado el proceso de permisología, según administrativamente corresponda, pues por supuesto que vamos a dar el apoyo necesario”, indicó.
“¿Tiene que pedírselo la OGPe o la JP?”, cuestionó nuevamente La Perla del Sur.
“Que se levante el proceso administrativo sobre un permiso que legalmente se obtuvo”, contestó.
Las obras de extracción y preparación del suelo para la torre permanecen detenidas desde el pasado 10 de mayo, luego de que el alcalde le comunicara a Elite Towers que no podía continuar las tareas que realizaba a toda prisa, incluso en horas de la madrugada, por no haber pagado los arbitrios de construcción y la patente municipal.
También está pendiente el desarrollo legal de la controversia, pues el ayuntamiento y un grupo de vecinos solicitaron la paralización del proyecto mediante sendos recursos de injunction.
El juez superior Hamed Santaella Carlo, del Tribunal de Ponce, consolidó los casos y mantuvo para el 7 de junio la vista de injunction donde escuchará los argumentos de los demandantes y de Elite Towers.
Tienen derecho a apelar la desicion de la agencia administrativa. Mi pregunta es si se llevaron a cabo las vistas públicas requeridas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y de acuerdo al Debido Proceso de Ley que requiere la Constitución. También les asiste el Derecho de acudir al tribunal sin necesidad de agotar los recursos administrativos. En los casos en que el o los querellantes observen que las desiciones de una agencia administrativa les causará daño o que no serán justas, por excepción, pueden acudir al tribunal.
Sugiero acudan al tribunal federal, distrito de Puerto Rico de ser necesario…
“EPA works with its federal, state and tribal regulatory partners to monitor and ensure compliance with clean water laws and regulations in order to protect human health and the environment. The Clean Water Act is the primary federal law governing water pollution”.