Si el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convirtiera en ley el Proyecto de la Cámara (PC) 1617, el traspaso del Aeropuerto Mercedita a la Autoridad del Puerto de Ponce (APP) no sería inmediato, sino que se materializaría, como temprano, al cabo de cinco años.
Para ello, sería necesario cumplir con una ambiciosa agenda en la que tendrían que ponerse de acuerdo la APP y la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), la entidad dueña de la instalación que se opone a cederla.
La transferencia de la titularidad y administración de Mercedita a manos sureñas -una idea que evolucionó de cederle esta responsabilidad a un grupo de empresarios, luego a un consorcio de municipios y finalmente a la APP- fue avalada por Pierluisi Urrutia al inicio del cuatrienio, pero luego cambió de opinión.
La APPR, por su parte, ha sido consecuente en rechazar esta propuesta y así lo dejó establecido durante todo el trámite legislativo. En su lugar, el director ejecutivo de esta entidad, Joel Pizá Batiz, favorece la privatización de Mercedita junto a los otros ocho aeropuertos regionales, un proceso en curso bajo la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP).
Trasfondo
¿Qué aprobó la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, y que ahora Pierluisi Urrutia tendrá que decidir si lo firma o lo veta?
El PC 1617 enmienda y crea nuevos artículos en la Ley 240 de 2011, conocida como la Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce. Ese estatuto fue el que dispuso la transferencia del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago a la APP, un proceso que, aunque debió haber concluido el 31 de diciembre de 2023, aún no se ha finiquitado.
En principio, la medida presentada por el representante del Distrito 25, Domingo Torres García, modifica el nombre de la APP para que sea, en adelante, la Autoridad de los Puertos de Ponce.
Asimismo, de entrada establece que “la Autoridad de los Puertos Ponce será la única entidad legal con autoridad y facultades delegadas para determinar toda política pública relativa al Aeropuerto Internacional Mercedita”.
Aunque no menciona explícitamente la palabra “titularidad”, la intención legislativa es que la APP sí la reciba de la APPR, confirmó Torres García a La Perla del Sur.
“Dentro del término de cinco años, se completarán los procesos necesarios para que todos los activos relacionados con la administración y operación del Aeropuerto Internacional Mercedita sean traspasados con su título limpio y sin gravámenes a la Autoridad de los Puertos de Ponce para que ésta sea su única y legítima dueña”, indica el proyecto de ley suscrito por el representante de Ponce, Ángel Fourquet Cordero, y aprobado por unanimidad en la Cámara y con una votación 19-5 en el Senado.
¿Qué debe hacerse en cinco años?
El lapso sugerido se divide en dos fases: lo que debe ocurrir en los primeros tres años y lo que se supone pase en los últimos dos.
En los primeros tres, la APPR y la APP tendrían que compartir la gestión administrativa y de política pública del aeropuerto. El presupuesto, empero, sería asignado únicamente por la agencia gubernamental.
En esos tres años, además, la APP le debe presentar a la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) un “plan maestro” que incluya un análisis de desarrollo y sostenibilidad del inmueble.
“Una vez se somete este plan maestro, se debe comenzar el proceso de RFP (Request of Proposal o Solicitud de Propuestas) para contratar un operador”, dijo Torres García.
La selección del operador privado recaería en un comité integrado por cinco personas: tres nombradas por la APP y dos designadas por la APPR. El PC 1617 no delimita el alcance de las acciones de esa compañía, sino que se circunscribe a asignarle la “operación”.
Una vez elijan la empresa privada que operaría el Aeropuerto Mercedita, ambas entidades tendrían que acudir ante la FAA para pedirle que transfiera el sponsorship de la APPR a la APP. Según el proyecto, esto también deben lograrlo antes de que se extinga el tercer año de transición.
A nombre de la APPR, Pizá Batiz ha dicho en repetidas ocasiones que Mercedita tiene una certificación de la FAA bajo el 14 CFR139 que no es transferible.
“Esto significa que si el aeropuerto cambia de titular y de operador perderá la certificación existente y se deberá solicitar una nueva, debido a que se consideran cambios sustanciales”, mencionó el funcionario en una vista pública cameral.
Considerando que “la entidad a la cual se intenta transferir no posee los conocimientos ni la experiencia técnica que se requiere para conservar dicha certificación”, en referencia a la APP, Pizá Batiz concluyó que “es preocupante” realizar un proceso competitivo para la búsqueda de un operador como establece este proyecto de ley.
Reducción presupuestaria
En los próximos dos años, la APPR no asignará la totalidad del presupuesto de Mercedita, sino que la APP tendrá que poner una parte.
“Se establecerá término de dos años de equiparación presupuestaria a partir del traspaso de ‘sponsorship’ a la Autoridad de Puertos de Ponce, a base del año anterior presupuestario al cumplimiento de los objetivos de transferencia”, lee el estatuto.
El proyecto agrega que “la obligación presupuestaria, administrativa y operacional de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico cesará una vez se logren los objetivos antes mencionados durante el término de hasta cinco años”.
A preguntas de este medio, Torres García se expresó confiado en que cinco años serán suficientes para completar la transición.
“Se pretende que todo se haga dentro del término de cinco años. Esa es la meta”, afirmó el legislador.
Imprecisa la naturaleza del “comité asesor”
El PC 1617 dispone, asimismo, la creación de un comité asesor para que ayude a la APP en este proceso, pero no detalla quiénes serían sus integrantes, cómo se elegirían ni la duración de su nombramiento.
“La Junta de Directores vendrá obligada a crear un Comité Asesor ‘Alianza’ Permanente en el cual delegará el estudio, análisis, formulación, recomendación de política pública especializada y cualquier otro asunto que tenga a bien delegar en relación con el desarrollo y operación del Aeropuerto Internacional Mercedita”, indica el proyecto.
No obstante, puntualiza que “la Junta de Directores será el ente facultado para aprobar y ordenar la implementación de la política pública en relación con el desarrollo y operación del Aeropuerto Internacional Mercedita”.
