Luego de dos meses, la Comisión de lo Jurídico finalizó hoy, jueves, el proceso de vistas públicas que atiende cinco proyectos relacionados a los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes.
“A este proceso le hemos dedicado mucho tiempo, en el cual escuchamos y le brindamos el espacio a más de 30 personas u organizaciones con el objetivo de atender las preocupaciones. Ahora estaremos trabajando para celebrar una vista ejecutiva para atender el futuro de las medidas y eventualmente anunciar al país la decisión final”, expresó el presidente de la Comisión, Orlando Aponte Rosario, en declaraciones escritas.
En la audiencia pública participó el Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP); el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
Un grupo de profesoras psicólogas de la UPRRP, representado por las doctoras Milagros Méndez y María de los Ángeles Gómez, presentaron una ponencia oponiéndose a las medidas PS 693, PC 1084, PC 715 y PC 1410, destacando que son “restrictivas y no ponderan el alcance de su implementación en la vida psicológica y afectiva de las mujeres”.
El grupo argumentó que en el PS693, que propone restringir el aborto después de las 22 semanas de gestación, “quedan fuera de toda consideración las implicaciones psicológicas, el contexto, así como las necesidades y vicisitudes de cada mujer, tratándolas como incubadoras más que como seres humanos”.
“Consideramos que es cada mujer, y no el estado, quien debe decidir si interrumpe o no un embarazo ya que dicha decisión, desde nuestra larga trayectoria de trabajo, se toma luego de la ponderación correspondiente”, indicaron en su ponencia.
Afirmaron que raras veces, o en pocas ocasiones, han visto las consecuencias adversas en la salud mental de las mujeres que han decidido abortar. Insistieron que esa experiencia está sustentada por una investigación publicada en el 2011, liderada por la doctora danesa Trine Munk Olsen, “que no encontró récords de desórdenes mentales en 85,000 jóvenes y mujeres que se practicaron abortos entre los años 1995 y 2007”.
De igual forma, las representantes del Departamento de Psicología indicaron que el PC 1084, que pretende crear la Ley del latido cardiaco del no nacido en Puerto Rico, “establece que el feto tiene más derechos que la mujer gestante, lo cual, además de ser problemático, es éticamente cuestionable”.
Por otro lado, las profesoras avalaron la aprobación del Proyecto de la Cámara 1403, que persigue proteger los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes.
“Dicho proyecto es consubstancial con el reclamo que venimos haciendo los psicólogos del Departamento de Psicología de la UPRRP sobre la importancia del respeto a la intimidad de las mujeres y a decidir sobre sus cuerpos”.
Destacaron que el PC 1403 reconoce la humanidad de las mujeres, sus necesidades psicológicas y garantiza la educación “que tanta falta hace en Puerto Rico”, indicaron.
Postura de trabajadores sociales y abogados
Por otro lado, el CAAPR y el CPTSPR presentaron ponencias oponiéndose al Proyecto del Senado 693 y a los Proyectos de la Cámara 1084, 715 y 1410. Por otra parte, avalaron la aprobación del Proyecto de la Cámara 1403, de la autoría de los representantes Mariana Nogales Molinelli, José Bernardo Márquez Reyes y Denis Márquez Lebrón.
La doctora Elba Betancourt Díaz, integrante de la Comisión Permanente de Legislación del CPTSPR, expuso que el PS 693 y PC 1084 “es un intento de intromisión a la intimidad, la privacidad y la autodeterminación de las personas para decidir sobre la culminación de un embarazo. Estos proyectos no siguen las mejores prácticas informadas en la evidencia científica y no cumple con el deber de garantizar los derechos humanos de las personas que acuden a un servicio de aborto”.
“Ambas legislaciones no están alineadas con los principios éticos y políticos de la profesión del trabajo social”, señaló.
Tanto el CPTSPR y el grupo de profesoras de psicología de la UPR destacaron la importancia de que se impulse legislación que desarrolle la educación sexual en la sociedad puertorriqueña.
“La Legislatura en el cumplimiento de su deber de desarrollar política pública que garantice una vida digna a la ciudadanía y justicia social, debería someter proyectos que atiendan la raíz de los problemas sociales que sufren las mujeres y personas gestantes”, rezó la ponencia del CPTSPR, firmada por su presidente Larry Alicea Rodríguez.
“Con este propósito en mente, deben legislar para promover la educación sexual integral en todas las etapas de la vida; garantizar el acceso a servicios de salud, planificación familiar y a métodos anticonceptivos a hombres y mujeres; educación con perspectiva de género y, sobre todo, medidas que protejan los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes, y la autonomía de estas sobre sus cuerpos”, agregó.
Por su parte, la licenciada Josefina Pantojas, representando al CAAPR, destacó que “nuestra institución reconoce como un derecho humano fundamental que las mujeres y personas gestantes puedan tomar decisiones sobre sus vidas, cuerpos, salud física, emocional, sexual y reproductiva. Estos ya son derechos que están protegidos por la sección 8 de la Carta de Derechos”.
“Afirmamos que la vida privada de las mujeres y personas gestantes incluye la toma de decisiones relacionadas con la gestación y con llevar a término un embarazo o interrumpirlo de manera informada y de acuerdo con la orientación y recomendaciones médicas que reciba”, añadió Pantojas.
En la vista pública también participaron otras organizaciones como el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL), Fos Feminista, Catholic for Choice y National Organization for Women (NOW).
