La tala de árboles y trabajos de limpieza en un predio colindante con la urbanización Villas de Cupey, en San Juan, han desatado una nueva controversia ambiental y comunitaria que ya provocó la radicación de medidas legislativas para investigar el proyecto de desarrollo propuesto en la zona.
La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara de Representantes presentó las resoluciones RS 537 y RC 728 para ordenar una pesquisa sobre la legalidad, el cumplimiento ambiental y los procesos administrativos asociados a un proyecto de viviendas impulsado por la empresa Alturas de Fairview Development Corp.
Las medidas buscan examinar los expedientes 2021-384891-PCOC-032141 y 2026-675501-PCT-PSI-300849, relacionados con una propuesta de lotificación y trabajos de limpieza en terrenos ubicados entre la calle Eternidades y la carretera PR-845.
Reclamos comunitarios
La iniciativa legislativa surge tras denuncias de residentes y de la Asociación de Propietarios de Villas de Cupey, quienes sostienen que los terrenos fueron originalmente designados como un parque pasivo o área verde dentro del diseño de la urbanización.
Según los vecinos, el desarrollo del área podría alterar la planificación histórica del sector y afectar la calidad de vida y la seguridad de cientos de familias, que durante décadas han utilizado el espacio como zona recreativa y de amortiguamiento ambiental.
También plantean que el carácter original del predio podría conllevar protecciones legales adicionales vinculadas al uso comunitario de los terrenos.
Falta de participación
Entre los principales señalamientos figura la presunta ausencia de procesos adecuados de consulta pública. Residentes aseguran que no fueron debidamente notificados sobre el alcance del proyecto ni sus posibles efectos en la movilidad, la infraestructura y la seguridad del sector.
Las resoluciones legislativas plantean la necesidad de evaluar si las agencias gubernamentales cumplieron con los requisitos de participación ciudadana establecidos por ley.
Impactos ambientales
Las preocupaciones se extienden al posible impacto sobre una quebrada y el sistema natural de drenaje del área, que históricamente ha canalizado las aguas pluviales de la urbanización.
De acuerdo con denuncias comunitarias, entre el pasado 13 y 14 de mayo se talaron más de 20 palmas reales y alrededor de 15 árboles adultos de guayacán. Además, residentes alegan que múltiples ceibas fueron arrasadas o afectadas, presuntamente mediante el uso de químicos.
Asesores legislativos del PIP que visitaron el lugar observaron que parte del material vegetativo fue depositado en las cercanías o dentro de la quebrada Cepero, lo que podría obstruir el flujo de agua y aumentar el riesgo de inundaciones, erosión y sedimentación.
Querellas e investigación
Ante estos hechos, vecinos radicaron las querellas 2026-70-701-01295 y 2026-70-701-01405 ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), solicitando una investigación.
El DRNA ya entregó informes del Cuerpo de Vigilantes que documentan impactos a árboles y el uso de maquinaria pesada en el área. Sin embargo, aún se espera la entrega de documentos por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
Los legisladores del PIP también cursaron requerimientos de información a ambas agencias para esclarecer el trámite de permisos y las acciones tomadas hasta el momento.
Posibles violaciones
Las resoluciones advierten que, de confirmarse las alegaciones, podrían haberse incumplido varias leyes ambientales, incluyendo la Ley de Bosques de Puerto Rico, la Ley sobre Política Pública Ambiental y el Reglamento de Siembra, Corte y Forestación.
Además, se plantea la necesidad de una inspección urgente por biólogos del DRNA, la paralización de cualquier obra en la cuenca hidrográfica y la restauración del área impactada.
Evidencia técnica
Los reclamos de la comunidad están respaldados por fotografías, mapas históricos, planos de urbanización y una evaluación técnica de la bióloga y profesora Elvira Cuevas, especialista en ecología, que apunta a posibles daños ambientales.
Mientras las resoluciones permanecen bajo evaluación en la Comisión de Asuntos Internos de ambos cuerpos legislativos, la controversia continúa escalando entre residentes que exigen transparencia y protección ambiental, y el desarrollador que busca avanzar con el proyecto.
