La Cámara de Representantes pretende aprobar en un proceso “atropellado y poco democrático” dos proyectos de ley que extenderían la operación de la carbonera Applied Energy Systems (AES), eliminarían las metas de energía renovable y alterarían la política energética de Puerto Rico, sin permitir la participación ciudadana en vistas públicas.
Así lo denunció el martes la coalición Queremos Sol.
“El representante Víctor Parés y la Comisión de Gobierno de la Cámara nos informaron que no se celebrarán vistas públicas sobre estos proyectos para que la ciudadanía, expertos y grupos interesados puedan deponer. Esto representa una amenaza directa a la salud, el medioambiente y la estabilidad del costo energético. Exigimos que se abra el proceso y se permita la participación del pueblo”, expresó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización Cambio y portavoz de Queremos Sol, mediante declaraciones escritas.
Explicó que el Proyecto de la Cámara 267 extiende la «vida útil» de la carbonera AES hasta 2030 y permite que el Negociado de Energía otorgue extensiones indefinidas si no se ha sustituido su generación. Además, elimina las metas de energía renovable establecidas en la ley actual, incluyendo la obligación de alcanzar un 40 por ciento de energía limpia para 2025 y un 60 por ciento para 2040.
“El Proyecto de la Cámara 267 es un engaño. Los altos costos del servicio eléctrico en Puerto Rico se deben a la dependencia de combustibles fósiles y a la estructura privatizadora. Lo que busca este proyecto es asegurar contratos lucrativos a largo plazo para perpetuar el uso de estas fuentes contaminantes”, advirtió el abogado ambiental Pedro Saadé.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Víctor Parés, anunció que habrá una única vista pública este miércoles, pero solo comparecerán el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón, y el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés.
“El gobierno trata de evadir su responsabilidad con la salud pública y la necesidad de energía renovable”, señaló Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico.
La líder ambientalista Myrna Conty cuestionó que el gobierno busque extender la operación de AES en Guayama mientras LUMA y Genera no logran estabilizar el sistema eléctrico. “La crisis en el sistema eléctrico se debe a la incapacidad de estos operadores de mantener la red y su negativa a adoptar la energía renovable distribuida como el eje central de la transformación energética”, dijo Conty.
Por su parte, la abogada comunitaria y ambiental Ruth Santiago criticó que la administración insista en mantener en operación a AES, a pesar del impacto en la salud de las comunidades cercanas. “Esto confirma que la estructura privatizadora opera de espaldas al pueblo y que no les importa el daño ambiental ni la salud de las personas que viven cerca de la carbonera”, manifestó Santiago.
Queremos Sol exigió a la Cámara de Representantes que abra el proceso legislativo a la participación pública antes de tomar decisiones que afectarán el futuro energético de la isla.
