Una funcionaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) concluyó que el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, dañó recursos naturales y pudo haber violado varias leyes al comenzar la construcción de un polígono de tiro -sin permisos- entre los municipios de Salinas y Guayama.
La planificadora ambiental Amparo Chávez Quiroga resumió sus hallazgos en un informe suscrito el 16 de septiembre de 2021, a raíz de una querella presentada ese mismo año por un vecino de la comunidad.
Chávez Quiroga también implica como responsable a Roberto Ramos Colón, dueño del terreno alquilado por CODEPOLA para construir el polígono.
“De la evaluación técnica se concluye que el Sr. Torres y/o Torres (debe decir Ramos) vulneraron los recursos naturales con el corte, extracción, remoción y relleno de los componentes de la corteza terrestre, en predios del Acuífero del Sur y Sub-Cuenca del Río Nigua, cercanía a la servidumbre de paso de las líneas de transmisión eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica”, aseveró Chávez Quiroga en el documento, luego de realizar una inspección técnica en la finca ubicada entre los barrios Aguirre de Salinas y Pozo Hondo de Guayama.
En esencia, a Torres Rivera y Ramos Colón se les imputa iniciar la construcción del polígono a pesar de no tener el Permiso General Consolidado que otorga la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) ni otros permisos del DRNA.
Además, se les señala por violar el Permiso Simple para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre emitido por la OGPe, que solo les permitía remover capa vegetal con el fin de limpiar los caminos para acceso y mensura.
Aunque este y otro informe emitido por el vigilante del DRNA Carlos Claudio Sánchez -que dio paso a la evaluación de Chávez Quiroga- datan del 2021, no fue hasta este mes que la agencia le entregó los documentos a la comunidad y esta los hizo públicos.
El proyecto de CODEPOLA no cuenta con el aval de las comunidades circundantes por su impacto en el ambiente, así como en la salud y la seguridad humana. La construcción está detenida desde agosto del 2021 producto de la intervención motivada por esta querella.
¿Para qué tenían permiso?
El 17 de junio de 2021, la OGPe emitió un Permiso Simple para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre a nombre de Roberto Ramos Colón. En el documento se le identifica como “Roberto Ramos Colón DBA CODEPOLA”. Las siglas DBA significan “Doing Business As”, que en español sería “haciendo negocios como”.
Sin embargo, de acuerdo con el relato de los vigilantes del DRNA, Ramos Colón es el dueño del terreno, donde tiene una residencia. Según los documentos públicos disponibles en el portal del Departamento de Estado, él no es uno de los directivos de CODEPOLA.
El permiso establecía que Ramos Colón podía impactar 20,400 metros cuadrados de los 101,125 metros cuadrados de la parcela, así como extraer un máximo de 2,040 metros cúbicos de material vegetativo.
La OGPe también le autorizó a utilizar el método de raspado uniforme y extraer material a una profundidad máxima de cuatro pulgadas.
Este endoso no le permitía crear terraplenes, como tampoco procesar ni vender el material extraído, ni cortar ni talar árboles, ya que para eso necesitaba el permiso de Corte, Poda y Reforestación del DRNA. De igual modo, no le autorizaba a usar agua de ríos, quebradas o pozos sin autorización del DRNA.
El permiso tenía una duración de 60 días naturales, por lo que vencía el 16 de agosto de 2021.
A Ramos Colón se le advirtió que este permiso no equivalía a una autorización para iniciar la construcción del polígono, por tratarse de dos actividades distintas, y que las multas por violaciones al permiso podían ascender hasta $50 mil diarios.
Cronología del caso
El 6 de junio de 2021, el vigilante del DRNA William Burgos emitió un “informe de trabajo” donde estableció que, en respuesta a una querella, acudió a la finca y observó “una mínima remoción de terreno por la cual no contaba con ningún permiso”, tras lo cual ordenó a Torres Meléndez paralizar la obra.
Esta intervención ocurrió 11 días antes de otorgarse el Permiso Simple para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre.
Luego, el sábado, 21 de agosto de 2021, José Cora Collazo, residente de Ranchos Guayama en Salinas, presentó una querella ante el DRNA para denunciar que en la finca impactada se realizaba una construcción ilegal, lo que perjudicaba los recursos naturales. Esto fue cinco días después del vencimiento del permiso.
El martes, 24 de agosto de ese año, los vigilantes Carlos Claudio Sánchez y William Burgos, de la región de Guayama del DRNA, investigaron la querella presentada por Cora.
En el informe redactado por el sargento Claudio Sánchez, se indicó que la directora de la Oficina de Ordenamiento Territorial y Permisos del Gobierno Municipal de Salinas, Arlen Figueroa Díaz, y el consultor Luis Vázquez informaron que el permiso de CODEPOLA estaba vencido y que, además, lo habían violado al construir un terraplén.
“Al leer el permiso nos reafirmamos en que el permiso está vencido”, precisa el informe.
En la tarde de ese mismo día, Claudio Sánchez y Burgos fueron al área de construcción y ya no había obras en proceso. Empero, el vigilante señaló que “se podía apreciar que habían movido material de la corteza terrestre”.
Claudio Sánchez llamó a Torres Meléndez a la oficina del DRNA para informarle que procedía la paralización de las obras, quien supuestamente se comprometió a remover la maquinaria pesada al día siguiente.
Cuatro Informes de Intervención asociados a esta querella añaden que Torres Meléndez “realizó unos cortes de árboles sin ningún permiso del DRNA”, por lo que violó el artículo 9 de la Ley 133; que “realizó movimiento de corteza terrestre sin permiso del DRNA”, por lo que violó el artículo 2 de las leyes 144/132; que “estaba en violación por MCT y violación al permiso vencido” y “en violación por corte de árboles”.
Ante estos hallazgos, el 24 de agosto se emitió la orden de paralización de la construcción.
Evaluación técnica detalla violaciones
En un informe más detallado emitido el 8 de septiembre de 2021, Claudio Sánchez, el teniente Roberto Padilla Solivan y el biólogo forestal Enrique Santiago Irizarry estipularon más hallazgos tras una evaluación técnica de la finca el 2 de septiembre de 2021.
Según determinaron, en el lugar se hicieron terraplenes y raspado profundo en vez de raspado uniforme; y encontraron corteza terrestre removida y acumulada en forma de montículos, de 12 a 16 pies de altura, en los bordes de varias terrazas rectangulares.
También establecieron que, basándose en que el lugar hubiera tenido ocho árboles por acre, que sería un estimado “bastante conservador”, totalizarían 112 árboles potencialmente impactados en una superficie de 14 acres. Por lo tanto, recomendaron la siembra de igual cantidad de “especies apropiadas a las condiciones del lugar”.
Igualmente, resaltaron que el terreno “se encuentra sobre el acuífero aluvial y de rocas volcánicas, ígneas y sedimentarias de la zona sur de la isla” y recomendaron “revisar la vigencia o fecha de vencimiento de la franquicia de agua del pozo instalado en la propiedad”.
Experta confirma los hallazgos
En un informe suscrito el 16 de septiembre de 2021, la planificadora ambiental Amparo Chávez Quiroga, también del DRNA, dijo haber realizado una visita técnica a la finca el 7 de ese mes.
La perita estipuló que la parcela de Ramos Colón mide 25.7 cuerdas y recordó que el área de extracción autorizada en el permiso emitido por la OGPe consistía de 20,400 metros cuadrados o 5.19 cuerdas.
Según Chávez Quiroga, el “área vulnerada por la acción de corte, remoción y extracción de los materiales de la corteza terrestre se estima en 7.3 acres, equivalente a 9.17 cuerdas”, cuatro cuerdas por encima de lo autorizado por la OGPe.
La planificadora ambiental añadió que encontró cavidades y terrazas, caminos para el paso de maquinaria pesada y tuberías en PVC, así como montículos que obstruían el paso libre de las escorrentías y producían sedimentación que afectaba los cuerpos de agua cercanos.
Indicó también que Ramos Colón le admitió que “aprovecha el agua subterránea del acuífero del sur” a través de un pozo, por lo que la planificadora ambiental consignó que “el Sistema de Información de Permisos del Departamento no evidencia el registro de este pozo a nombre del Sr. Ramos Colón”.
“[…] esta servidora entiende que los señores Torres y/o Ramos ejercieron una acción al parecer ilegal con el corte de los materiales de la corteza terrestre, capa vegetal y corte de árboles sin el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos, los permisos del Departamento relacionados a la corteza terrestre, hincado de pozo, aprovechamiento de agua, entre otros permisos relacionados con el uso y manejo de neumáticos, ruido, polvo fugitivo y un plan de mitigación por el impacto en los recursos naturales no fueron presentados en el momento de la intervención, tampoco se evidencia en los registros del Departamento”, afirmó Chávez Quiroga.
En este informe también se recoge el hecho de que la Guardia Nacional de Puerto Rico enterró dos mil neumáticos usados en la finca, a petición de CODEPOLA, para que sirvieran de amortiguadores para las balas. Luego de hacerse público ese operativo, tuvieron que removerlas.
Violaciones, reparaciones y referido
De otro lado, la perita aseguró que “el querellado no posee un permiso de la OGPe, permisos del Departamento, plan de proyecto de polígono endosado por las agencias estatales y federales relacionados con material bélico, entre otros”.
Respecto a las leyes que Torres Meléndez y Ramos Colón pudieron haber violado, mencionó la Ley para reglamentar la extracción de arena, grava y piedra; Ley para la conservación, desarrollo y uso de recursos de agua; Ley 49 del 2000; Ley de Bosques de Puerto Rico y Ley de vida silvestre de Puerto Rico.
Ante este escenario, Chávez Quiroga recomendó reforestar los componentes de la sub-cuenca del río Nigua, acomodar la capa vegetal y estabilizar los taludes; reforestar el área vulnerada cerca de la “Quebrada Sin Nombre” para fortalecer la recarga del acuífero; diseñar un plan de control de erosión y sedimentación; presentar un plan para recuperar el hábitat y los componentes de la sub-cuenca del río Nigua y del Acuífero del Sur; y limpiar el terreno impactado por el corte de árboles.
También recomendó “referir el caso a la Oficina Legal del Departamento y, conforme a las leyes y reglamentos, imponer una multa por el posible daño a la integridad del recurso natural, corte de árboles, hábitat de fauna y flora del área y en especial por el posible uso del recurso hídrico subterráneo sin permisos (del) componente del Acuífero del Sur y la sub-cuenca hidrográfica del río Nigua”.
En un informe fechado el 21 de octubre de 2021, el vigilante Carlos Claudio Sánchez indicó que un abogado de apellido Báez, de la División Legal del DRNA, no le aceptó los documentos del caso y en su lugar le pidió un informe de agrimensura para poder proceder.
En otro informe del 28 de enero de 2022, Claudio Sánchez estableció que el agrimensor Gerardo Ramos, del DRNA, no había hecho la evaluación correspondiente. Para el 23 de marzo de 2022 todavía no había cumplido con la petición, supuestamente, por tener mucho trabajo con otros casos.
Según la comunidad, todavía no se han tomado las acciones correctivas recomendadas por la planificadora Chávez Quiroga.
Validan las denuncias ciudadanas
José Cora Collazo, quien presentó la querella en agosto de 2021, expresó que los hallazgos contenidos en estos informes confirman “que CODEPOLA comenzó a construir sin permisos, como lo denunció la comunidad”.
El también presidente de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) agregó que, a raíz de la querella, “la comunidad se organizó y detuvo la construcción ilegal del campo de tiro”.
Habiéndose determinado, sin duda alguna, que hubo una clara, temeraria y abusiva violación de las leyes por parte de los irresponsables mencionados, ¿procesarán legalmente a esos dos individuos o se conformarán las agencias involucradas con rezongar, exacerbar el ánimo del pueblo y quedarse de brazos cruzados, como de costumbre?