La organización Sierra Club de Puerto Rico alertó sobre los riesgos del Proyecto del Senado 81, aprobado esta semana en la Cámara de Representantes, que limitaría las funciones fiscalizadoras del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) al imponer plazos estrictos para emitir opiniones técnicas sobre permisos, con el riesgo de que el silencio administrativo sea interpretado como aprobación automática.
“Este proyecto representa un retroceso alarmante en la protección de nuestros recursos naturales”, denunció Hernaliz Vázquez, directora del Sierra Club local.
Según explicó, la medida forma parte de un patrón sistemático de debilitamiento institucional que incluye la consolidación de varias agencias ambientales, la federalización de sus presupuestos y ahora, un marco legal que favorece la permisología rápida a expensas de los análisis técnicos.
El Proyecto del Senado 81, aprobado mediante descarga, establece que si agencias como el DRNA no emiten comentarios sobre solicitudes de permisos en un plazo de 15 a 45 días, se entenderá que no tienen objeciones.
Vázquez señaló que no todas las agencias cuentan con el personal ni los recursos necesarios para evaluar adecuadamente proyectos complejos en tan poco tiempo, lo que podría resultar en la aprobación automática de iniciativas con alto potencial de daño ambiental.
La medida también dispone que las recomendaciones técnicas de las agencias no serán vinculantes, incluso si alertan sobre riesgos significativos. Además, establece que su contenido prevalecerá sobre otras leyes o reglamentos en conflicto.
“Estamos hablando de convertir a las agencias ambientales en simples consultoras sin poder real. Este proyecto limita la capacidad del Estado para evaluar con responsabilidad los impactos ambientales y debilita seriamente el papel del DRNA”, puntualizó Vázquez.
La directora del Sierra Club también advirtió que la legislación podría restringir la participación ciudadana al reducir los tiempos para que las comunidades puedan intervenir en los procesos de permisos. “Este modelo excluye a residentes, agricultores, pescadores y organizaciones comunitarias del derecho a informarse, opinar y defender sus entornos”, afirmó.
Finalmente, Vázquez rechazó que el desarrollo económico deba priorizarse por encima del derecho constitucional a un ambiente limpio. “No se trata de oponerse al desarrollo, sino de exigir que sea sostenible y responsable. En medio de una crisis ambiental, necesitamos más fiscalización y participación, no menos”, concluyó.
