La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado radicó el lunes una demanda para exigir al Departamento de Justicia información sobre casos archivados en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.
“El pasado 4 de mayo, haciendo uso de las prerrogativas como legislador, radicamos la petición de información 2026-0063 para requerir del Departamento de Justicia: un listado de los casos que se archivaron en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor y copia de cada Orden de Cierre y Archivo para cada uno de los casos incluidos en el listado como archivados”, expuso Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz de la delegación popular en el Senado.
El recurso busca que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, ordene a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, entregar la documentación solicitada por el Senado.
Como parte de la controversia, los senadores señalaron la Orden Administrativa 2026-09 del Departamento de Justicia, que establece un proceso para cerrar o archivar casos luego de dos años en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.
“Como parte de ese proceso, se supo de la emisión de la Orden Administrativa 2026-09 adoptada por el Departamento de Justicia donde se establece un proceso para cerrar o archivar casos luego de dos años en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Esta división investiga querellas de corrupción gubernamental, violaciones electorales, de ética gubernamental, entre otros delitos que se alega fueron cometidos por funcionarios públicos”, expuso Marially González Huertas, portavoz alterna de la delegación popular.
La petición de información fue aprobada de forma unánime por el Senado, pero la delegación sostuvo que Justicia se ha negado a proveer los documentos requeridos.
“A pesar de que la petición de información fue debidamente aprobada por el Senado de Puerto Rico de forma unánime, el Departamento de Justicia se ha negado a proveer la información. Han dicho incluso en declaraciones escritas que ellos no cederán a presiones políticas”, dijo el senador Josian Santiago.
“El requerir información a una agencia del Gobierno de Puerto Rico no es un ejercicio de presión político. En Puerto Rico, se ha reconocido que el legislador, tiene entre sus facultades investigar, fiscalizar el Gobierno, debatir asuntos de interés público y mantener informado al pueblo sobre la marcha de la cosa pública”, continuó.
El Senado aprobó el 19 de mayo una moción para conceder un plazo de 48 horas al Departamento de Justicia para responder la petición de información.
“Es dentro de esas funciones que presentamos la petición de información 2026-0063 y que el Senado aprobó. Ante la negativa de la agencia de proveer la información, el Senado de Puerto Rico aprobó una moción de forma unánime el 19 de mayo, otorgando un plazo de 48 horas para que la Secretaria de la agencia respondiera. De no responder dentro de ese término, el Cuerpo Legislativo dispuso que se procedería a incoar cualquier acción legal necesaria para defender las prerrogativas no solo del Senado, sino también de sus miembros”, detalló el senador José Luis Dalmau Santiago.
Tras vencer el término concedido, la delegación acudió al tribunal bajo el Artículo 34-A del Código Político, que establece un procedimiento especial cuando se solicita o requiere información a una agencia pública.
“Luego de haber otorgado tiempo suficiente al Departamento para cumplir con el requerimiento de información, hemos presentado este Recurso que esperamos sea atendido por el Tribunal de Primera Instancia en las próximas horas. Por supuesto que no deseábamos llegar a este curso de acción, pero no tenemos otro mecanismo para poder vindicar lo que es un ejercicio legítimo de nuestra función senatorial”, detalló la senadora Ada Álvarez Conde.
Según la delegación, ese recurso judicial ha sido utilizado en controversias previas relacionadas con solicitudes de información dirigidas a agencias como Hacienda, Recursos Naturales, Educación y Corrección, además de LUMA Energy.
Los senadores plantearon que el reclamo nace del poder investigativo de la Asamblea Legislativa y del derecho de acceso a la información pública.
“Este reclamo nace de un ejercicio legislativo legítimo. Tan es así, que la petición aun fue presentada por este servidor, terminó siendo aprobada por el Senado de Puerto Rico. Se trata de un ejercicio legislativo reconocido hace décadas: la fiscalización, la rendición de cuentas. Ninguna agencia y ningún jefe de agencia puede irritarse porque el Senado de Puerto Rico le solicite información”, señaló Hernández Ortiz.
