El Proyecto de la Cámara (PC) 663, creado con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en los procesos para la aprobación de nuevas torres de telecomunicaciones en Puerto Rico, fue desarticulado por la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado.
La medida, presentada por petición del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas en Puerto Rico y aprobada en junio por la Cámara baja, experimentó numerosas y significativas enmiendas en la comisión liderada por el presidente del Senado, el popular José Luis Dalmau Santiago.
La comisión es integrada además por Ada García Montes, Albert Torres Berríos, Ramón Ruiz Nieves, Elizabeth Rosa Vélez, Rosamar Trujillo Plumey, Migdalia González Arroyo y Juan Zaragoza Gómez, del Partido Popular Democrático.
Asimismo, por Juan Oscar Morales y Carmelo Ríos Santiago, del Partido Nuevo Progresista; Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana; Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad; María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño; y el senador independiente José Vargas Vidot.
También participan como integrantes exofficio la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, su correligionario popular Javier Aponte Dalmau y el novoprogresista Thomas Rivera Schatz.
Del saque, los senadores cambiaron el objetivo del proyecto, que era derogar la Ley 89 de 2000, conocida como “Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”, para crear la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”.
Con esta acción, se mantiene la Ley 89 con enmiendas.
Casi toda la exposición de motivos del PC 663 fue tachada para eliminar párrafos completos donde se reconocía que los procesos para la construcción de torres de telecomunicaciones en la isla se habían liberalizado, debido a deficiencias de la Ley 89 y a la “laxitud en su aplicación exhibida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)”, según los autores de la medida.
Igualmente, la comisión senatorial eliminó el lenguaje aprobado en la Cámara de Representantes que establecía lo siguiente:
- Obligar a los proponentes de estas torres a notificarles a las alcaldías sobre su intención y obtener el endoso de la Legislatura Municipal.
- Prohibir la construcción de torres en los centros urbanos, hospitales, escuelas, gasolineras, estructuras de servicios esenciales, reservas agrícolas, zonas residenciales o zonas ecológicamente sensitivas.
- Requerirles a los proponentes notificar mediante correo certificado o personalmente a todas las personas que residan dentro del radio de un kilómetro de la ubicación de la torre.
- Pedirle al proponente una acreditación en forma de declaración jurada, donde certifique la absoluta necesidad de ubicar la torre en el sector que elija.
- Que la OGPE no otorgue el permiso hasta tanto celebre una vista pública en la cual participen las diferentes comunidades colindantes a la finca donde se propone ubicar la torre.
- Que en los distritos no residenciales, no zonificados o rurales, la distancia entre una torre y su colindancia más cercana sea la altura de la torre más el 10 por ciento. Y que, para todos los demás terrenos, la distancia sea de 500 metros de su colindancia más cercana.
- Que si el desarrollador inicia la construcción de una torre sin haber obtenido el permiso para ello, la estructura tendría que ser removida.
- Que si la construcción de una torre es objeto de un proceso administrativo o judicial se tendrán que paralizar las obras “hasta tanto se cumpla con todo el proceso”.
Nuevo lenguaje
En su lugar, los senadores insertaron nueve enmiendas a la Ley 89:
- Requerir a los dueños de torres de telecomunicaciones que presenten ante la Junta de Planificación (JP), cada cinco años, una certificación sobre la seguridad de la torre. Si se identifican “defectos”, deberán presentar un plan correctivo en 30 días so pena de multa de $5 mil.
- Que toda torre que permanezca en desuso por un año sea removida por su dueño.
- Que el proponte de una torre notifique a los colindantes de la torre, en un radio de 100 metros, en el término de cinco días antes de presentar una solicitud de permiso, ya sea personalmente o por correo. De no hacerlo, se expone a una multa de $3 mil.
- Prohibir que se evalúe una solicitud de permiso hasta tanto el proponente demuestre haber notificado a los colindantes.
- Requerir que a los colindantes se les precise para qué se usará la torre, su ubicación exacta, dirección física, catastro y coordenadas.
- Establecer un término jurisdiccional de 10 días para que los colindantes notificados puedan remitir sus comentarios a la OGPe.
- Facultar a la OGPe y a la JP para que realice vistas públicas “para los proyectos que, a su juicio, sea necesario”.
- Prohibir la construcción de torres en terrenos clasificados como susceptibles a deslizamientos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos; en estructuras declaradas históricas por la JP, incluyendo plazas de recreo y áreas circundantes; en áreas ubicadas dentro del cauce mayor y “en cualquier otro lugar” que la JP determine mediante reglamento.
- Crear un Registro de Torres de Telecomunicaciones adscrito a la JP.
Las reacciones
Los grupos que integran el Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas en Puerto Rico se enteraron este miércoles de las enmiendas insertadas en la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado y el jueves acudieron al Capitolio para tratar que se reviertan.
El 9 de noviembre fue el último día para la aprobación de medidas en la presente sesión legislativa. Si el proyecto se aprobara en el Senado, tendría que regresar a la Cámara para ver si ese cuerpo concurre con las enmiendas. De no hacerlo, la medida pasaría a un comité de conferencia integrado por legisladores de ambas cámaras para subsanar las diferencias y producir un texto final que tendría que ser votado otra vez.
“Lo que hicieron fue, básicamente, tachar el proyecto y reescribieron algo que no recoge la inmensa mayoría de las cosas que se propusieron”, advirtió este jueves Víctor Alvarado Guzmán, asesor ambiental de la senadora independentista María de Lourdes Santiago.
“El proyecto que se presentó originalmente no existe”, puntualizó.
Por su parte, Wilson Rivera Ramos, portavoz del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas en Puerto Rico, opinó que los senadores cedieron a la presión de la campaña mediática lanzada por las empresas dueñas de torres de telecomunicaciones en contra del PC 663. Esto, luego de que el pasado martes, 31 de octubre se efectuara una vista pública en el Senado que Rivera Ramos consideró fue favorable al interés comunitario.
“Nosotros, esencialmente, pedimos tres cosas: mayor participación ciudadana, mayor distancia entre las antenas y las casas de las personas, y participación de los municipios. Luego de esa vista pública, que a nuestro entender fue positiva, se desató una campaña de las empresas por radio, prensa y televisión, muy costosa, en contra del proyecto”, señaló.
“Entonces ayer, inesperadamente, nos enteramos de que el Senado decidió tachar y le pasó por encima a las partes más importantes del proyecto. Prácticamente, lo destruyeron”, agregó.
El grupo se movilizó este jueves al Capitolio ante la posibilidad de que lo bajen a votación. Esto, a pesar de que Rivera Ramos manifestó que “nos parece que la intención es no aprobar el proyecto, sino desaparecerlo”.
“La acción que ellos tomaron fue vil. No había visto una cosa así antes”, aseveró.
