Una medida que busca fortalecer la protección de los derechos de los adultos mayores y garantizar el cumplimiento efectivo de los descuentos y beneficios que les reconoce la ley, fue aprobada por el Senado de Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 1141 fue presentado por la senadora por el Distrito de Ponce, Jamie Barlucea, y enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores para incorporar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) entre las agencias con responsabilidades específicas en la implementación y fiscalización de estos derechos.
La medida persigue reforzar los procesos de orientación, atención de querellas, supervisión y cumplimiento relacionados con descuentos y beneficios dirigidos a esta población, particularmente en áreas como actividades culturales, recreativas, deportivas, artísticas y servicios de transportación pública.
“La aprobación de esta medida representa un paso importante para asegurar que los derechos de nuestros adultos mayores no existan únicamente sobre el papel, sino que puedan ejercerse de manera efectiva. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo las herramientas que les permitan reclamar los beneficios que les corresponden y garantizar que las agencias del Gobierno cuenten con mecanismos claros para velar por su cumplimiento”, expresó Barlucea.
La legisladora señaló que, ante el aumento continuo de la población de adultos mayores en Puerto Rico, resulta necesario fortalecer las estructuras gubernamentales encargadas de proteger su bienestar y garantizar el acceso a los beneficios establecidos por ley.
“La experiencia y las facultades de DACO en materia de protección al consumidor, investigación, orientación y atención de querellas serán una herramienta adicional para proteger a nuestros adultos mayores y facilitar que puedan hacer valer sus derechos cuando enfrenten incumplimientos”, añadió.
Según se informó, la medida recibió el respaldo de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), el Departamento de la Familia y el propio DACO, entidades que coincidieron en que la propuesta fortalece la política pública de protección a esta población.
