Ocho operadores de embarcaciones que transportaban pasajeros por contrato (charters) en Fajardo y San Juan fueron intervenidos y multados por la Guardia Costera (USCG, en inglés) el pasado fin de semana, al no mostrar autorización legal para sus actividades.
Dos de ellos infringieron órdenes federales previas del Capitán de Puerto de San Juan, por lo que se exponen a castigos de hasta seis años de prisión o multas de hasta $250 mil a individuos o $500 mil a la empresa, informó el USCG.
Los reincidentes fueron los operadores de los buques El Lindo y Hibiki en Fajardo. La infracción intencional y consciente de una Orden del Capitán del Puerto está tipificada como delito grave.
El USCG también confirmó que los charters The Ivy, Mama Juana, Master Blaster, Avante y Serenity en Fajardo, al igual que el Ohana 2 en San Juan, sostenían operaciones ilegales de transporte de pasajeros.
Entre las infracciones detectadas, los agentes federales identificaron incumplimientos del Certificado de Inspección, en programas de alcohol y drogas, en descargas de aguas residuales e, incluso, en el acarreo de dispositivos personales de flotación para todas las personas a bordo de algunas de las embarcaciones.
En declaraciones escritas, el USCG agregó que los propietarios y operadores de chárteres ilegales pueden enfrentar varias multas civiles. Entre ellas:
- Hasta $5,996 por no proporcionar un Certificado de Inspección de la Guardia Costera para embarcaciones que transporten a más de seis pasajeros por contrato.
- Hasta $9,624 por no estar inscrito en un programa de drogas y alcohol por parte de los operadores.
- Hasta $20,468 por no presentar un Certificado de Inspección válido para embarcaciones de más de cinco toneladas brutas.
Asimismo, expuso que “el incumplimiento de una Orden del Capitán del Puerto se castiga con una multa civil de hasta $117,608 por cada día que la embarcación esté en infracción”.
Según el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del USCG en San Juan, durante el último año, las labores de inspección y cumplimiento de la Guardia Costera han resultado “en la suspensión de 30 operaciones ilegales de transporte de pasajeros por contrato”.
Ante este panorama, la Guardia Costera exhorta a quienes paguen un viaje en embarcación charter a verificar que el capitán posea credencial de marino mercante y que la nave cumpla con las medidas de seguridad, como tener suficientes chalecos salvavidas para quienes vayan a bordo.
“Si el operador no puede presentar las credenciales apropiadas, los pasajeros no deben subir al barco”, recomendó Romano.
Las intervenciones del pasado fin de semana contaron con la colaboración de agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico, al igual que otras entidades federales, incluyendo el Servicio de Aduanas.
¡Duro con ellos, que les caiga todo el peso de la ley, sin ay bendito…!