El rumor se propagó el pasado jueves como un reguero de pólvora. Y en el centro de la especulación estaba el proyecto para la restauración de la Laguna de Guánica.
Los detonantes fueron dos reseñas de prensa en las que se anticipaba que la gobernadora Jenniffer González Colón respaldaría el rescate del recurso natural y que mediante orden ejecutiva decretaría la propuesta como una de alto interés público.
La algarabía de miles de guaniqueños, sin embargo, duró poco.
Como trascendió este domingo, en lugar de allanar el camino para el restablecimiento de la laguna que el gobierno drenó en el 1955, la Orden Ejecutiva 2025-027 impone otra capa burocrática a la propuesta y pospone un veredicto gubernamental.
Entre sus decretos, ordena la creación de un Grupo de Trabajo Interagencial compuesto por, al menos, 14 jefes de agencias y ejecutivos, que en 120 días deberán presentar a González un informe con “recomendaciones, estrategias y gestiones realizadas”.
El comité, según se estipula, será presidido por el secretario del Departamento de Agricultura e integrado por los secretarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al igual que la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, su homóloga en la Autoridad de Tierras y el presidente de la Universidad de Puerto Rico.
También lo integrarán los alcaldes de Guánica, Sabana Grande, Lajas y Cabo Rojo, el director del Caribe del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura Federal, y un representante de los sectores agrícola e industrial de la zona, respectivamente.
Por último, una de las sillas será ocupada por la agrupación ecologista Protectores de Cuencas.
Esta última es la organización puertorriqueña que en abril del 2023 logró que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) aprobara $7.4 millones para el proyecto, una suma crucial para su desarrollo.
No obstante, al presente el desembolso solo aguarda por la firma de un acuerdo para el comanejo de los terrenos que serían reocupados por la laguna y cuya titularidad es del Gobierno de Puerto Rico.
“Esto no es lo que esperábamos”, respondió de entrada Robert Viqueira Ríos, el director ejecutivo de Protectores de Cuencas.
“Esta orden es cómo viajar 15 años atrás, hacia el pasado”, agregó a La Perla del Sur. “Porque todo este proceso de discusión, de integrar comentarios sobre las preocupaciones para el sector agrícola, de insertar preocupaciones de las agencias, todo este proceso ya se ha hecho por los últimos 15 años. Y básicamente nos devuelve atrás en el tiempo, a empezar otra vez, cuando este proyecto ya está listo para someterse a permisos”.
“Entiendo (el interés de) que haya que tener una discusión más a fondo, interagencial, pero no estamos en el punto de volver a discutir si el proyecto es viable o no. Todos los estudios que se han hecho lo demuestran”.
Argumentos inexplicables
Según abundó, los términos de la orden ejecutiva que aluden a la actividad agrícola en el área de la laguna y a la composición del Comité de Trabajo son los que más llamaron su atención.
“La ejecución del proyecto requiere un análisis riguroso que tome en cuenta los usos actuales del terreno, incluyendo la actividad agrícola que se ha desarrollado en la zona, y que hoy constituye un eje importante para economía regional”, plantea la orden firmada por la gobernadora el pasado 15 de mayo.
Esta premisa, sin embargo, carece de fundamentos.
“La última actividad agrícola que se desarrolló en los terrenos de la antigua Laguna de Guánica, en el lecho, fue el intento del arroz, que fracasó”, estipuló Viqueira Ríos. “Y en el lecho de la Laguna de Guánica, en la huella histórica, que es el área que se afectaría por la Laguna de Guánica, no hay agricultura en este momento”.
“De hecho, (la zona) está catalogada como un humedal jurisdiccional por el Cuerpo de Ingenieros, por lo que tampoco se pueden desarrollar actividades agrícolas dentro del de la huella histórica”, puntualizó.
“Sí tenemos en la periferia pastoreo, tenemos heno. Tenemos algunas vaquerías más hacia el Valle de Lajas, pero el proyecto no afecta a ninguna de esas actividades agrícolas”.
“¿El proyecto que Protectores de Cuencas ha presentado a la NOAA afecta los canales de riego?”, preguntó La Perla del Sur.
“Para nada”, añadió. “Los canales de riego corren aparte al canal de drenaje”.
“El proyecto, básicamente, interviene en el canal que se creó para drenar la laguna y ese canal no se elimina. Por el contrario, con el proyecto se mejora e, incluso, mitiga las inundaciones”, aseveró.
“Por eso, es erróneo que se diga que el proyecto aumenta las inundaciones, cuando en efecto controlará y evitará que el río Loco entre en el Valle de Lajas con la estructura de control de flujo que se va a instalar para, precisamente, mantener un área de humedal consistente”.
A Viqueira Ríos también le pareció sorprendente que la orden ejecutiva excluya del comité de trabajo a las comunidades vecinas de la otrora laguna, al igual que al comité técnico que ha elaborado los estudios socioeconómicos, hidrológicos y de ingeniería del proyecto, mientras ordena que se integre a los alcaldes de Cabo Rojo y Sabana Grande.
“No es que lo objetamos. Es que el proyecto no tiene nada que ver con Cabo Rojo y Sabana Grande. No afecta a Cabo Rojo ni a Sabana Grande, aunque sí los beneficia al largo plazo, porque el desarrollo económico es para toda la región”, comentó.
“Es positivo de que el tema se discuta, pero hay que mejorar ese comité”, insistió. “Tiene que ampliarse un poco más para que haya un balance en esa discusión”.
Por último, Viqueira Ríos advirtió que si este trámite se prolonga sin que conduzca al acuerdo de comanejo requerido por ley y por la NOAA para el proyecto, el riesgo de que se pierdan o se reasignen los $7.4 millones comprometidos por el gobierno federal se incrementa.
“Esta orden ejecutiva no cumple la función de garantizar la obligación de los fondos restantes, como se pretendía”, aseguró Viqueira Ríos.
“No cumple”, insistió.
“Pero cómo mencioné, ya esto está fuera de nuestras manos. No tuvimos una oportunidad de reunirnos (con la gobernadora) para discutir esta orden ejecutiva. (Aun así) Estamos dispuestos a trabajar en todas las áreas que se estipulen, y en todos los espacios que se abran para discutirlo”, sentenció.
Que haga lo mismo para el embeleco de Esencia en Cabo Rojo.