Aun cuando la subsistencia de sus ayuntamientos está en juego, alcaldes que encabezan municipios con finanzas precarias se rehúsan a despedir empleados municipales y a reducir la jornada laboral por el costo político que tendrían sus acciones, aseguró a La Perla del Sur el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla.
“¿Qué los alcaldes quieren evitar con reestructurar sus municipios? Bueno, pues que les crea un problema político”, aseveró. “Están en negación porque algunos tienen 500 empleados, otros tienen 400 y eso no puede ser. No quieren ajustarse a la realidad, quieren seguir viviendo igual, cuando nosotros aquí hicimos los ajustes desde el 2015”.
García Padilla, quien ocupa su sexto cuatrienio en la alcaldía de Coamo, señaló que redujo la nómina de empleados regulares de 270 a 90, y puso en vigor una reducción de jornada entre el 2017 y 2018.
Aparte de los 90 empleados regulares, actualmente contrata a otras 140 personas a través de programas subsidiados con fondos del gobierno estadounidense. Esa cantidad fluctúa según la vigencia de dichas propuestas.
García Padilla reconoció que ha tratado de forzar la conversación sobre la urgencia de esa transformación al interior de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, que reúne a los ejecutivos afiliados al Partido Popular Democrático, pero no ha tenido éxito.
“Yo llevo cinco años con este mensaje y no me quieren creer. Yo soy el malo y el negativo en la Asociación”, sostuvo el también vicepresidente de la organización. “Los compañeros no quieren accionar sobre la verdad. Claro, porque tienen que despedir gente y tienen que reducir su jornada”.
La “burbuja” de los fondos federales
Coamo es un municipio mediano que, aun habiendo hecho esos ajustes en años recientes, está “sobreviviendo” con los fondos federales asignados a la isla luego de los huracanes Irma, María y Fiona, los terremotos del 2020 y la pandemia de Covid-19.
“Yo no tengo más fondos recurrentes que el año pasado. Tengo menos por la reducción del Fondo de Equiparación”, aclaró García Padilla.
“(Lo que ocurre es que) Estamos en una burbuja de fondos federales, unos que se plasman como ingresos no recurrentes y otros que sí impactan los ingresos recurrentes, pero que, una vez se vayan, el presupuesto mermará”, reconoció.
El presupuesto de ingresos municipales para el año 2022-2023 asciende a $12.1 millones, de los cuales $9,015,546.44 provienen de fondos recurrentes.
El remanente se desglosa de la siguiente manera: $1,719,817.61 del préstamo Community Disaster Loan (CDL) relacionado al huracán María, que se condonó, convirtiéndose en un donativo; $833,131.68 del Fondo de Fortalecimiento Municipal y $590,252 de la Ley 153, asignados por el gobierno central para cubrir parte del costo de la disposición de desperdicios sólidos.
Los $9 millones de fondos recurrentes incluyen $1.5 millones del Fondo de Equiparación, que se alimenta de las remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y se eliminará el 30 de junio de 2024.
Por ello, la proyección para el año 2025-2026 es que los fondos recurrentes del ayuntamiento coameño bajarán a $7 millones.
“Estamos hablando de $7 millones en un buen año”, sentenció la directora del Departamento de Finanzas, Miraisa David Esparra.
El alcalde explicó que un buen año significa “que todo fluya bien, que se den los ingresos normales” y que no se detengan los proyectos de reconstrucción, porque la alcaldía necesita recibir el pago de los arbitrios correspondientes.
Máxime cuando en diciembre de 2024 la desaparición del Fondo de Equiparación coincidirá con la caducidad de los fondos asignados bajo el American Rescue Plan Act (ARPA).
Aunque ese parecía ser el fin de los rescates, los municipios se preparan para recibir otro préstamo CDL que pudiera ascender a $3 millones, por los daños del huracán Fiona.
“Ahora llegó otro salvavidas más, pero se supone que en julio 1 (de 2023) hubiese ocho o 10 municipios que no pudieran operar”, recordó el alcalde.
El oxígeno que les dará este nuevo préstamo dependerá de cuán hábiles sean los alcaldes y alcaldesas en usarlo.
“El que tiene un hueco grande lo usa en un año, el que tiene un hueco más pequeño lo usa en dos años si es inteligente y el que tiene un hueco súper gigante a lo mejor no le da. Pero, por lo que tengo entendido, sí va a haber muchos municipios que ese dinero les dará para sobrevivir este próximo año fiscal y la mitad del que viene, que es electoral”, estimó.
Transformación urgente
En la antesala de la extinción de estos rescates, García Padilla reiteró que la transformación de los municipios, como parte de un plan de descentralización del gobierno estatal, es inminente e inaplazable.
“Yo creo que la descentralización tiene que venir. Creo que el problema que tiene el gobernador (Pedro) Pierluisi, y que tuvieron los anteriores, es que las estructuras gubernamentales ya no funcionan y no son empáticas con el servicio a la ciudadanía”, expuso.
“Creo que hay que descentralizar, hacer un gobierno central más pequeño que supervise gobiernos pequeños que ejecuten. Los alcaldes tienen que asumir la responsabilidad, porque la descentralización es lo único que nos va a dar vida”, continuó.
Para hacer entender a esos alcaldes y alcaldesas que están “en negación”, García Padilla sugirió eliminar los rescates, ya sea locales o federales.
“Tienes que reestructurar a los alcaldes y decirles ‘esto es lo que hay’, no seguir ofreciéndoles un milloncito del fondo de tal cosa, porque mientras sigas dándole oxígeno no van a reaccionar nunca”, opinó.
En ese sentido, García Padilla mostró reservas con el Fondo de Servicios Esenciales contenido en el borrador del plan fiscal de este año y que requiere el aval de la Junta de Control Fiscal. Según propuesto, algunos municipios recibirían de “cero” a medio millón de dólares, hasta un máximo de $3 millones anuales, en sustitución del Fondo de Equiparación.
“¿Cuáles son los servicios esenciales? Ellos hicieron una tabla con los 78 municipios, incluyeron unos datos de población y pobreza. Los 78 cogen (dinero), pero la Junta no se chupa el bobo. Yo no creo que se vaya a aprobar”, indicó.
También consideró injusta la asignación de un millón de dólares para cada ayuntamiento a través del Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal, porque las necesidades responden a la extensión territorial y la población de cada cual.
“¿Por qué un millón para todo el mundo? Si mi necesidad es más grande que la de Maunabo, que tiene 12 mil habitantes”, manifestó.
Asimismo, dijo que no son equitativas las partidas de la Ley 53 para ayudar a sufragar el costo por la disposición de desperdicios sólidos.
“A mí me dan $500 mil, pero es que a mí me cuesta $1.5 millones. Pero a Comerío le dieron un millón, cuando le cuesta $300 mil. No es justo, eso es una loquera”, sentenció. “Yo tengo 74 millas cuadradas y 40 mil habitantes, mientras Comerío tiene 12 millas cuadradas y 15 mil habitantes”, ilustró.
