El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) urgieron a la Asamblea Legislativa a abrir un proceso participativo para cualquier futura reforma a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019). La petición busca que se incluya a organizaciones especializadas, periodistas, academia y comunidades.
El reclamo surge del Informe tras vistas públicas sobre los Proyectos del Senado 63 y 331, que según 13 organizaciones y expertos, restringirían el acceso a la información y dificultarían la fiscalización gubernamental. El documento, de 44 páginas, será entregado a todos los legisladores.
Entre las preocupaciones, el informe señala que el P. del S. 63 podría excluir a comunidades vulnerables sin dirección física o acceso a internet, mientras que el P. del S. 331 limitaría investigaciones sobre feminicidios, uso de fuerza policial y muertes bajo custodia al clasificar como confidenciales las bases de datos sobre causas de muerte.
“Cualquier cambio legislativo debe orientarse a ampliar el acceso, reforzar la fiscalización pública y garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado”, establece el informe.
El documento también revela que la Ley 141 no ha sido efectiva desde su aprobación en 2019, debido a la falta de cumplimiento y voluntad institucional. Datos de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana muestran que, antes de la ley, las agencias respondían el 47.6 por ciento de las solicitudes, y ese número cayó al 33 por ciento, mientras el tiempo promedio de respuesta aumentó de 26 a 39 días laborables.
El panel de vistas públicas estuvo compuesto por representantes del CPI y del Colegio de Abogados, quienes criticaron que el trámite legislativo de ambas medidas fue defectuoso y sin amplia participación ciudadana.
Ninguna de las dos propuestas fue aprobada en la primera Sesión Ordinaria, por lo que tendrían que ser radicadas nuevamente para su reconsideración.
El P. del S. 63 había sido referido a la Comisión de Gobierno del Senado, pero no se rindió informe sobre la medida. En cambio, el P. del S. 331 no fue aprobado al culminar la primera Sesión Ordinaria de la 20ma. Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
