Representantes de múltiples gremios profesionales alzaron su voz este martes para solicitar a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el Proyecto del Senado 6 (P. del S. 6), el cual establecería la llamada Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales en Puerto Rico.
Según denunciaron en conferencia de prensa, esta legislación permitiría que cualquier persona con una licencia válida en otro estado de Estados Unidos pueda ejercer automáticamente en la isla, sin validación local de competencias ni conocimiento del marco jurídico o técnico puertorriqueño.
“Este proyecto ignora por completo que muchos oficios y profesiones requieren un conocimiento profundo del marco jurídico, técnico y ético local. Su aprobación no solo representa una desregulación riesgosa, sino una desventaja para los profesionales licenciados en Puerto Rico que sí cumplen con altos estándares”, afirmó Irma Colón, presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico.
Organizaciones como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el Colegio de Peritos Electricistas, la Asociación de Relacionistas Profesionales, el Appraisal Institute Puerto Rico & Caribbean Chapter, el Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros y la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles coincidieron en que la medida representa una “desregulación peligrosa”.
Ronda Castillo, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, recalcó que el gremio está abierto a modernizar y agilizar procesos, pero sin comprometer la calidad ni la seguridad. “Continuamos haciendo el llamado a la gobernadora para que pondere nuestros reclamos con seriedad y compromiso”, expresó.
Entre las preocupaciones destacadas por los gremios están la ausencia de criterios de equivalencia entre los requisitos locales y los de otros estados, el debilitamiento de las Juntas Examinadoras y el riesgo para el consumidor al exponerlo a servicios ofrecidos por personas sin conocimiento del sistema contributivo, el Registro de la Propiedad u otros procesos esenciales en Puerto Rico.
“Esta medida más allá de promover una competencia desigual, presenta un riesgo a la seguridad de nuestros ciudadanos si dichas licencias no son examinadas bajo el escrutinio local”, advirtió Olga Angueira, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas.
Por su parte, Frances Berríos Meléndez, presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, denunció que la pieza legislativa avanzó sin la participación del colegio, pese a su impacto directo en la seguridad pública y el sector energético. “Solicitamos respetuosamente que sea devuelta a la Legislatura para un examen más exhaustivo”, apuntó.
Los gremios coincidieron en que la medida coloca en desventaja injusta a los profesionales locales y llamaron a la gobernadora a ejercer su poder de veto para proteger la calidad, el ejercicio ético y la seguridad del consumidor en Puerto Rico.
