La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y diversas entidades comunitarias convocan al pueblo de Puerto Rico a unirse al campamento diurno frente al Tribunal Federal en oposición a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE, el cual se estará discutiendo en la sala de la jueza Laura Taylor Swain, a partir del 4 de marzo.
Los miembros de esta alianza energética se instalarán frente al Tribunal Federal en la avenida Chardón en Hato Rey, en el horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, excepto los miércoles, que se extenderá hasta las 6:00 de la tarde con la participación de los empleados movilizados de la AEE a las diferentes agencias gubernamentales.
Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), afirmó que es necesario que el pueblo exprese su oposición a la implantación de dicho plan, ya que “todos pagaremos las consecuencias”.
Denunció que la Junta de Control Fiscal pretende invalidar al Negociado de Energía para alterar las tarifas de energía eléctrica a la conveniencia de los acreedores externos de la AEE. “De aprobarse, este plan nos conducirá a la miseria y dejando en el limbo las pensiones presentes y futuras de los miembros del Sistema de Retiro de la AEE”, manifestó.
Rodríguez Ortiz destacó que el gobierno actual presentó una tímida “oposición limitada” al plan, ya que por un lado dice que están con el pueblo mientras por el otro adelantan que, de aprobarse, harán lo posible por cumplir con sus términos.
Al momento, cuentan con alrededor de 800 oposiciones por derecho propio al PAD y 15 mil empleados energéticos que defienden sus pensiones y habrá un grupo de ciudadanos que depondrá en contra del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE.
La jueza Laura Taylor Swain tendrá en sus manos la decisión de aprobar o rechazar el Plan que la Junta de Control Fiscal sometió, el cual propone aumentos en la factura de la luz por 35 años; recortes a las pensiones actuales y futuras de la AEE; pagar en efectivo $700 millones en comisiones a los asesores y abogados de la Junta de Control Fiscal; pagar $2,500 millones e intereses a los bonistas; y cambiar los bonos no asegurados por asegurados para que los bonistas cobren primero, resumieron.
El presidente de la UTIER, Josué Mitjá González, enfatizó que, “como resultado de esto tendremos un incremento significativo en el costo y la calidad de vida en Puerto Rico, atentando contra el bienestar del pueblo e incluso, poniendo en riesgo la vida de los más vulnerables. Esto tendrá un efecto en cadena que provocará nuevas quiebras, el cierre de negocios e industrias y despidos de empleados, afectando todos los servicios esenciales de nuestro país”.
“Es importante y necesario que hagamos sentir nuestra indignación ante el atropello estructurado por el organismo fiscal y el gobierno, cuyo fin será un aumento desmedido y asfixiante de las tarifas de energía eléctrica para el Pueblo de Puerto Rico”, recalcó Axel Carvajal, presidente de la Distrito Autónomo Antonio Lucchetti. “Debemos alzar nuestra voz de manera que se escuche, alto y claro, y decir, que no estamos de acuerdo y que no consentimos dicho atropello”.