El proyecto de ley que la gobernadora Jennifer González sometió al Senado para retardar la transición energética del país a fuentes renovables y permitir que la carbonera AES en Guayama siga en operación, al menos, hasta enero del 2030 ha sido recibido con asombro e indignación.
Incluso, entre conocedores del tema algunos se apresuraron a advertir que la ejecutiva “vuelve a contradecir sus propias palabras”, al tiempo en que denota desprecio por quienes sufren los efectos ambientales de las cenizas y emisiones tóxicas.
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Rolando Emmanuelli Jiménez, Abogado especializado en Ley Promesa y quiebra de la AEE
En realidad es desconcertante cómo se plantea extender las operaciones de la carbonera AES, cuando se ha constatado y se ha reiterado el daño ambiental que ha hecho esa empresa, a ciencia y paciencia de las agencias de Puerto Rico y del gobierno federal.
Por eso, el que ahora se esté planteando extender las operaciones de esta planta es un crimen ambiental, un crimen a las comunidades, porque el hecho de que no haya suficiente generación para sustituir la salida de AES es negligencia crasa de todas las entidades que se supone que propicien el que Puerto Rico se mueva a las energías renovables, como establece la política pública.
La culpa de que no haya generación es que el gobierno, el Negociado de Energía y la Junta de Control Fiscal no hicieron su trabajo para moverse a las fuentes de energía renovable y le abrieron el espacio a otras fuentes de energía que no son renovables, como la prevalencia del del gas natural (propano) que estamos viendo actualmente.
Así que ellos, para cubrir su ineficiencia y negligencia crasa en los asuntos energéticos, ahora proponen una solución que quien la va a pagar es, primero, el pueblo de Puerto Rico mediante la tarifa por la continuación del rescate (económico a AES) y, segundo, las comunidades y toda la región sur del país que se está contaminando con metales pesados.
Si esto no se detiene, se estará permitiendo la irresponsabilidad de que el gobierno se enfoque una solución que no corresponde a la ley ni a las necesidades ambientales del país.
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Ruth Santiago Quiñones, Abogada en Derecho Ambiental
La intención de extender el contrato de AES hasta el 2030 y luego por periodos de cinco años, indefinidamente, es inaceptable completamente, porque está bien documentado el daño que causa la quema de carbón para generar energía, en particular, en Puerto Rico.
Extender la operación de la planta de quema de carbón es amenazar la salud pública aún más.
Y es curioso que estemos viendo que la propuesta de la gobernadora va en contra de lo que ella misma planteaba cuando estaba en campaña electoral, reclamando que no se rescatara económicamente a AES. Porque la gobernadora se expresó el año pasado en contra del aumento en el pago a AES y, ahora, con su mismas palabras, propone que esos pagos sigan por más tiempo.
El que no se haya logrado hacer proyectos de placas solares en terreno para cumplir con las metas de energías renovables no justifica extender la operación de la planta de carbón, porque hay alternativas que sí nos podrían llevar a cumplir con esas metas. ¿Cómo? A través del uso de los fondos asignados a la Autoridad en Energía Eléctrica para suplir sistemas de placas y baterías, y programas de eficiencia energética.
Ya tenemos en Puerto Rico más de 140 mil residencias y negocios con placas en techo y, si en lugar de ser un esfuerzo totalmente privado realmente existiera alguna ayuda del gobierno, eso se podría multiplicar muchas veces.
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Enrique de León, Vocero del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (República Dominicana)
Siempre habrá quien encuentre excusas para aferrarse a la desgracia.
Es una necesidad imperiosa para la población que no se siga generando electricidad con carbón, por los daños que produce tanto al ambiente como a la salud. Y este asunto debe ser tomado con carácter de urgencia, como un asunto de salud pública, y bajo ningún concepto debe supeditarse.
Lo que tiene que hacer la gobernadora y las demás autoridades es esforzarse e incentivar las energías renovables. Por lo menos, a partir de la experiencia que tenemos en República Dominicana, darle el máximo apoyo a la generación distribuida, a la colocación de los paneles solares en techos, tanto de las residencias como de las oficinas públicas.
Que le permita a la gente poder tener una electricidad barata, porque la electricidad, el suministro eléctrico, es un derecho humano.
Tanto en Puerto Rico como en República Dominicana tenemos condiciones naturales óptimas para poder generar el 100 por ciento de la electricidad con fuentes renovables. Entonces, lo que hay que hacer es asumir la tarea y ponerse a trabajar.
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Hernaliz J. Vázquez Torres, Directora de Sierra Club Puerto Rico
Como directora del Sierra Club Puerto Rico, no puedo quedarme callada ante lo que considero una traición al pueblo. Extender las operaciones de AES es condenar a nuestras comunidades a más contaminación, más enfermedades y más sufrimiento.
Al respaldar esta extensión, la gobernadora está dándole la espalda a los miles de niños en Guayama que enfrentan ataques de asma por la contaminación, a las familias que viven rodeadas de cenizas tóxicas cargadas de arsénico y mercurio, y a quienes ya han perdido la confianza en un gobierno que debería protegerlos.
Esto no es solo una decisión administrativa: es un acto de agresión ambiental y social. Cada día que AES sigue operando, aumentan las toneladas de desechos tóxicos, las vidas afectadas y el costo que nuestra isla paga por su inacción. ¿Es esto lo que la gobernadora quiere defender?
Como defensora del ambiente y líder de una de las principales organizaciones ambientales de la isla, le exijo que deje de justificar lo injustificable. Puerto Rico merece un futuro sin excusas, sin cenizas y sin sacrificios innecesarios.
AES debe cerrar, y el gobierno tiene el deber moral y político de liderar una transición hacia un modelo energético que respete la vida y garantice justicia para todos. No hay excusa válida para perpetuar esta injusticia.
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José Cora Collazo, Portavoz, Acción Social y Protección Ambiental
Es una falta de respeto hacia las comunidades afectadas durante más de 20 años que se sigan otorgando concesiones a AES.
Esta empresa ha contaminado el agua y el aire, y las comunidades a su alrededor han sufrido un alarmante aumento en la incidencia de enfermedades como el cáncer. Es inaceptable que la gobernadora Jennifer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, estén considerando alargar el funcionamiento de AES.
Prolongar el contrato de AES es, literalmente, una condena a muerte para los residentes de Guayama y Salinas. Estas comunidades ya han soportado décadas de contaminación y daños irreparables a su salud.
Además, la generación de energía de AES ya no es necesaria, especialmente cuando la población y la actividad industrial en Puerto Rico han disminuido significativamente.
Esta propuesta pone la generación eléctrica por encima de la vida y el bienestar de estas comunidades.
Las prioridades deben centrarse en proteger la salud de la población, fomentar el desarrollo sostenible y buscar alternativas energéticas limpias. Cualquier decisión que favorezca a AES no solo ignora las necesidades del pueblo, sino que perpetúa un modelo de injusticia ambiental inaceptable.
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Luis Raúl Torres Expresidente, Comisión de Energía (Cámara de Representantes de PR)
Esto se advirtió en la campaña, que si Jenniffer González ganaba todas esas cosas se iban a materializar y, como dice el refrán, el tiempo de Dios es uno que ubica todo en su lugar. Y lo que nosotros veníamos señalando en nuestros informes, en nuestras investigaciones, se está cumpliendo.
Todo esto es un contrato tan leonino y tan dañino como han sido los contratos de LUMA y de GeneraPR. Así mismo quiero que me cites, porque es la verdad.
Y el Comité Energético de la gobernadora tiene mucho que ver en esto, porque son los mismos actores dentro del espectro del manejo de energía que usan los combustibles fósiles, principalmente el gas natural, como la fuente primaria.
De hecho, esto también se empieza a alinear con la nueva política pública que trae Donald Trump en los Estados Unidos. Ya lo hizo por orden ejecutiva y lo va a hacer por ley federal.
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Ángel Figueroa Jaramillo, Expresidente de la UTIER
En la parte técnica sí hay un reto, que es ¿dónde están las alternativas para sustituir 500 megavatios de generación? La que sea, al día de hoy y dentro de dos años. Eso un reto técnico.
Y entonces, dentro de eso técnico, están los irresponsables y los responsables que no tengamos ese sustituto.
Los irresponsables han sido quienes nos han gobernado que, sabiendo que hay una ley que establece un término para evitar seguir asesinando a nuestra gente, no actuaron de la forma más correcta y responsable.
Y están los responsables, donde identificamos a los de la privatización, a una compañía como GeneraPR, donde había un plan de mantenimiento y reparación que lo presentó la Autoridad (AEE), que FEMA se lo aprobó, que por eso FEMA le financió los llamados generadores temporeros para poder tener reserva, para poder reparar y mantener las unidades, y en ese plan, la privatización, Genera PR fracasó.
Y eso, aunque es un problema técnico, políticamente hablando tú no puedes ahora decirle a la gente que está muriendo “para que otros no se queden sin luz, yo te tengo que seguir matando”.
Ahora bien, aquí va a haber otro elemento que también se añade a esta situación y es ¿AES quiere quedarse? Y si le rogamos que se quede, ¿cuánto nos va a costar ese ruego?
Pero aquí, a los irresponsables y los responsables son a quienes tenemos que pedirle cuentas y pasarle factura, porque son los que sabían que en tantos años había que hacer una transición.
Y que no se quede fuera el Negociado de Energía, porque en su afán de favorecer la crisis que hoy vivimos para para justificar la privatización, no quiso aprobar un sinnúmeros de proyectos que la Autoridad (AEE) presentó para poder dar estabilidad al sistema.
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Euren Cuevas Medina, Director del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (República Dominicana)
Tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, en esos dos a siete años se puede sustituir la producción eléctrica por energía renovable. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad política.
Si hay voluntad política se puede sustituir con energía renovable y saldría mucho más barata, porque no hay que comprarle la materia prima al sol ni al viento.
“No hay tamarindo dulce ni republicano bueno”. La Gorda de Fortaleza, como republicana, también es embustera, requisito indispensable para ser o pertenecer al partido republicano.