Representantes de organizaciones ambientales y comunitarias se manifestaron frente al Centro de Convenciones de Puerto Rico para denunciar lo que consideran un intento de debilitar las protecciones ambientales mediante proyectos legislativos que actualmente se discuten en la Legislatura.
La protesta coincidió con la celebración del Conversatorio Ejecutivo sobre Agregados, Minería y Construcción, evento que, según los manifestantes, ocurre mientras avanzan medidas relacionadas con el sistema de permisos, la planificación territorial y la reglamentación ambiental.
“Estamos aquí porque este evento no ocurre en el vacío. Mientras la industria minera y de construcción se reúne para hablar sobre permisos y reglamentos, en la Legislatura se discuten medidas que podrían reducir protecciones ambientales, acelerar proyectos y limitar la capacidad de las comunidades para defender sus territorios”, expresó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club y portavoz de Una Sola Lucha.
Los grupos señalaron que entre las medidas que les preocupan se encuentran el Proyecto del Senado 1173, el Proyecto del Senado 1183 y el Proyecto de la Cámara 1213, relacionados con cambios al sistema de permisos. Además, advirtieron sobre propuestas que podrían impactar la protección del karso, la Zona Marítimo Terrestre y otros instrumentos de planificación territorial.
Vázquez sostuvo que las reformas propuestas podrían traducirse en una reducción de los mecanismos de fiscalización y participación ciudadana.
“Nos quieren vender la flexibilización de permisos como desarrollo, pero para las comunidades puede significar menos transparencia, menos fiscalización y menos protección para el agua, los suelos, el karso y los territorios que sostienen la vida en Puerto Rico”, afirmó.
Por su parte, Víctor Alvarado, portavoz de Una Sola Lucha, cuestionó la participación de funcionarios públicos con facultades regulatorias en actividades organizadas o auspiciadas por sectores que, según dijo, podrían beneficiarse de cambios en los procesos de permisos y reglamentación ambiental.
“Cuando funcionarios con poder sobre permisos, planificación y recursos naturales comparten espacios promovidos por los mismos sectores que buscan acelerar permisos y flexibilizar reglamentaciones, es legítimo cuestionar a quién responden realmente las decisiones que afectan nuestro territorio”, indicó.
Alvarado agregó que las decisiones discutidas en estos espacios podrían tener efectos sobre comunidades rurales, acuíferos, terrenos agrícolas y áreas ecológicamente sensitivas.
“Lo que se decida en esos salones puede afectar el agua potable, los suelos y los derechos territoriales de miles de personas. Por eso estamos en la calle. El futuro del país no puede decidirse entre industrias, consultores y funcionarios sin participación real de las comunidades”, puntualizó.
Los manifestantes sostuvieron que la reforma de permisos, la minería, los cambios a la reglamentación del karso y las limitaciones al acceso a la justicia ambiental forman parte de una agenda que, a su juicio, favorece el acceso privado a recursos naturales y territorios.
Como parte de sus esfuerzos de orientación, las organizaciones anunciaron la celebración de un panel sobre la reforma al sistema de permisos el próximo 9 de junio, a las 6:00 de la tarde, en las oficinas del Sierra Club Puerto Rico en Río Piedras. La actividad contará con la participación de Pedro Saadé, Mariana Nogales y Leonela Torrado.
