El Comité para la Transformación Energética de Puerto Rico recomendó a la gobernadora Jenniffer González Colón aplazar el cese de la quema de carbón por parte de AES Puerto Rico, que debe ocurrir en el 2027, con el argumento de que esto permitiría una transición con la fuente de energía que le vaya a sustituir.
No obstante, el comunicado de prensa que circuló La Fortaleza no precisa si la recomendación específica es enmendar el contrato vigente con AES o suscribir uno nuevo.
“Enmendar el requisito del cierre de la generación con carbón en 2027 para que el mismo sea condicionado a que se esté en proceso de sustituir directamente con otra fuente ya sea por conversión o reemplazo de las unidades, de modo que según se instala esa nueva capacidad se va eliminando el uso del carbón”, lee el comunicado sobre la recomendación del comité, contenida en el primer informe que le presentaron a la gobernadora.
Esta propuesta se da en el contexto de varias gestiones gubernamentales recientes a favor de la permanencia de AES en Puerto Rico, con una producción energética que utilice fuentes distintas al carbón.
El gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia le otorgó a AES dos nuevos contratos para producir energía con el sol, los cuales le inyectarán a la empresa sobre $7,500 millones en un lapso de 25 años.
Producto de ello, AES encomendó la construcción de una finca fotovoltaica que cubrirá mil cuerdas de terreno agrícola sobre el Acuífero del Sur, entre Salinas y Guayama. Ese proyecto deberá comenzar a operar antes del 30 de noviembre de 2025, según publicó La Perla del Sur en marzo del año pasado.
Además, el Negociado de Energía de Puerto Rico dejó la puerta abierta el año pasado a que la Autoridad de Energía Eléctrica y AES negocien la conversión de la carbonera de Guayama en una central fotovoltaica y de almacenamiento de energía de 300 megavatios.
Esta recomendación del Comité para la Transformación Energética para que AES pueda quemar carbón por más tiempo está enmarcada en una propuesta más abarcadora, que es enmendar la ley de transición a energía renovable.
Según el comité, es necesario “flexibilizar los cumplimientos intermedios” que dispone dicha ley.
“Fundamentalmente, el consenso es mantener la fecha para alcanzar el máximo de energía renovable en el futuro (actualmente 2050), pero eliminar las metas intermedias de porcentajes específicos para 2025, 2030 y 2040. Esto así porque ahora mismo tener en una ley los porcentajes aun cuando se sabe que no se van a alcanzar resta flexibilidad para aprobar desarrollos”, indicó el comité.
Esa enmienda, según el grupo de trabajo presidido por la gobernadora, “permitiría proceder con conversiones de plantas existentes o instalación de nuevas unidades a base de gas/H2/combustibles flexibles y baterías de almacenaje para estabilizar la carga base y expandir la reserva para tener el servicio en funcionamiento en períodos de alta demanda, en lo que las nuevas tecnologías renovables se expanden”.
El comité también recomendó “que el objetivo no sea tanto ‘100% renovable’ como el de lograr un sistema descarbonizado o ‘carbon-neutral’ y las métricas sean basadas en progreso medible hacia la reducción en emisión de CO2 y no en que tenga que ser X% de solar o viento”.
Flexibilizarán los permisos
Por otra parte, el comité sugirió extender el estado de emergencia energético por 10 años o que sea permanente, así como “centralizar la revisión expedita de los documentos ambientales y cualquier otro permiso aplicable al desarrollo de proyectos de generación”.
Para ello crearían un Subcomité Interagencial de Complimiento Ambiental por la Vía Acelerada.
Igualmente, propusieron “tomar las medidas necesarias (administrativas primero si se pueden antes de legislar) de flexibilización de permisos o autorizaciones y de enmiendas a planes de acción de ser necesario para poder instalar capacidad confiable a corto y mediano plazo irrespectivo de la fuente energética”.
Esta política de flexibilización de permisos no ocurrirá solo en el ámbito energético, pues la gobernadora firmó dos órdenes ejecutivas para acelerar estos procesos en proyectos de construcción y reconstrucción de todo tipo.
Mayores facultades para el Zar de Energía
Con relación al Chief Energy Policy Officer, conocido como el Zar de Energía, el comité recomendó que se le dote “no solo con las facultades de fiscalización de contratos y de política pública energética” sino también “de la capacidad equivalente a su homólogo federal con un componente propio de investigación científica y estudios técnicos similar a los National Laboratories”.
“Uno de los grandes retos que se han señalado es que siempre se hace necesario pedir que sea DOE (Departamento de Energía federal) o un investigador externo ya sea local o foráneo quien realice estudios (y cobre por ello)”, planteó el comité.
En la reunión de ayer, donde se presentó este informe, participaron: Josué Colón, Zar de Energía; Maricarmen Zapata, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica; Eric Santiago, José Ortiz, Luis Bernal, Elí Díaz Atienza, Juan Carlos Díaz Galarza, Ramón Luis Nieves, Juan Zaragoza Gómez, Frances Berríos, Rafael Rojo, Federico Stubbe Jr. y Francisco E. López García.
Además, estuvieron presentes Fausto Hernández, gerente de infraestructura de la Junta de Control Fiscal; la secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli; el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech; el representante Víctor Parés, el senador Ángel Toledo, el abogado Gerardo Flores en representación del presidente del Senado, y el abogado Víctor Calderón en representación del presidente de la Cámara.
