Juan Dalmau Ramírez del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Manuel Natal Albelo del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunciaron el martes en conferencia de prensa que estarían uniéndose para impugnar el nuevo Código Electoral, de este ser aprobado por la Cámara y firmado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
“Lo que nos ha convocado hoy aquí es a poner a Puerto Rico primero y a los derechos democráticos de todos los electores por encima de cualquier consideración. La Cámara de Representantes se apresta a aprobar unas enmiendas al Código Electoral que resultan en enmiendas y un código antidemocrático, abusivo y excluyente que es lo que debe ser el reconocimiento a los derechos electorales de todo el pueblo de Puerto Rico”, expresó Dalmau Ramírez.
Asimismo, explicó que “la propuesta que se pretende aprobar en la Cámara de Representantes busca excluir la oportunidad de fuerzas alternas a llegar a entendidos electorales y a reconocer el derecho de la coligación tanto de partidos políticos como de candidatos”.
Dalmau detalló que la coligación no es otra cosa que llegar a un entendido en donde partidos y candidatos comparecen en conjuntos y se le atribuye el apoyo electoral que reciben, algo que estuvo vigente en Puerto Rico hasta el 2011.
“Tanto el Partido Independentista Puertorriqueño como el Movimiento Victoria Ciudadana entendemos que tenemos que agotar todos los medios posibles para hacerle frente a lo que representa este Código Electoral y su consecuencia sobre la vida de todas las personas que vivimos en Puerto Rico y para eso hemos acordado que vamos a impugnar estas prohibiciones en la vía judicial”, informó Natal Albelo.
Por su parte, Dalmau Ramírez aseguró que el nuevo Código Electoral utiliza un lenguaje antidemocrático “porque le impide al pueblo tener todas las opciones, en la más amplia variedad, de la oferta electoral creado por diseño legislativo para que el país se tenga de alguna manera que conformar con rojos y azules”.
Finalmente, indicaron que más adelante estarán anunciando las medidas a seguir -por ambas colectividades- para defender los derechos electorales de los puertorriqueños por la vía judicial.
