Un examen de la Oficina del Inspector General (OIG) identificó deficiencias significativas en los controles internos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA) del Departamento de Educación (DE), limitando su capacidad para monitorear de forma adecuada $35.7 millones asignados a 13 Escuelas Públicas Alianza (EPA).
La intervención también clasificó $44.9 millones en desembolsos como costos pendientes de validación documental por falta de evidencia requerida, un hallazgo que vuelve a encender el debate sobre fiscalización educativa y el uso de fondos públicos.
Según el informe, el 44 por ciento del presupuesto evaluado —equivalente a $80.6 millones— no había sido desembolsado al momento del examen. La OIG señaló que esta situación podría estar vinculada a la limitada capacidad de monitoreo fiscal de la OEPA, así como a los tiempos de implantación de propuestas y a procesos administrativos aún en desarrollo por parte de las entidades operadoras.
$44.9 millones sin evidencia documental
La OIG clasificó $44,896,488.61 como costos pendientes de validación debido a la ausencia de documentos de soporte en los expedientes de la OEPA, según exige la reglamentación vigente y las cartas constitutivas entre el DE y las Entidades Educativas Certificadas (EEC). El examen abarcó el periodo del 1 de julio de 2022 al 13 de noviembre de 2025.
Retrasos severos en informes financieros
El informe reveló que 10 de las 11 EPA evaluadas no presentaron sus estados financieros auditados dentro del plazo de 90 días tras finalizar el año escolar. Además, en 6 de 9 EPA, los estados financieros del año fiscal 2022-2023 se entregaron con retrasos que oscilaron entre 76 y 517 días, lo que afecta la transparencia y la capacidad de análisis fiscal, un punto clave en las discusiones sobre rendición de cuentas.
Informes trimestrales y presupuestos ausentes
La OIG también destacó que, de 87 informes trimestrales requeridos, 69 no fueron entregados ni encontrados en la OEPA ni en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación (SIFDE). Tampoco se localizaron los 32 presupuestos anuales que debieron presentar las 13 EPA entre los años fiscales 2022-2023 y 2024-2025.
La ausencia de presupuestos impide a la OEPA realizar análisis efectivos al inicio de cada año fiscal y compromete la asignación equitativa de recursos, afectando la eficiencia en la distribución del presupuesto escolar.
Deficiencias en pólizas de seguro obligatorias
La intervención también identificó incumplimientos en la entrega de pólizas de seguro requeridas para operar las EPA. Entre los hallazgos:
- Entre 82% y 90% de las EPA no tenían evidencia de pólizas de errores y omisiones.
- Entre 40% y 50% carecían de seguro de propiedad.
- Se observaron fallas en pólizas de responsabilidad pública con el DE como asegurado adicional.
Otros hallazgos administrativos
El informe también señaló:
- Incumplimientos del DE en la radicación de informes anuales al gobernador y a la Asamblea Legislativa.
- Falta de actualización de datos en el portal del DE.
- Deficiencias en la evaluación de propuestas y ausencia de visitas previas.
- Falta de notificación a las EPA sobre resultados de monitorías fiscales y programáticas.
- Documentos oficiales sin fechas.
- Reglamentos sin actualizar.
Acciones correctivas en curso
La OIG destacó que la gerencia del Departamento de Educación respondió de inmediato a los hallazgos e inició acciones correctivas. La entidad fiscalizadora acompañará al DE en la implementación de un Plan de Acción Correctiva, y notificará los resultados al Inspector General Federal del Departamento de Educación para la evaluación correspondiente.
La OIG exhortó a la ciudadanía a denunciar irregularidades relacionadas con el uso de fondos públicos a través de la línea confidencial 787-679-7979, el correo [email protected] o el portal oig.pr.gov/informa, herramientas esenciales en la lucha contra la corrupción administrativa.
