Los funcionarios de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) recomendaron multas contra tres alcaldes por, entre otras cosas, falsificar documentos y contratar convictos federales o personas no cualificadas.
En específico, se trata de los alcaldes de Ciales, Alexander Burgos Otero; Salinas, Karilin Bonilla Colón y Las Marías, Edwin Soto Santiago.
En el caso del alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, se le imputa que para el año 2019, mientras se desempeñaba como legislador municipal y Telecomunicador Uno del Centro de Recepción de Llamadas 3-1-1, sometió unos documentos falsos de la Legislatura Municipal a su centro de trabajo. La supuesta documentación falsa indicaba que Burgos Otero estaba en sesión de comisión, para las que había sido convocado el 25 de enero de 2019 y el 21 de agosto de 2019.
De la investigación de la OEG se concluyó que Burgos Otero no fue convocado y tampoco se llevó a cabo sesión y/o reunión de comisión en las referidas fechas.
“Con la conducta arriba descrita el querellado logró estar ausente de su trabajo en el Centro de Recepción de Llamadas 311 y que sus ausencias fueran cargadas a una licencia especial con paga”, indica la querella.
De otra parte, al alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago se le acusa de nombrar de forma transitoria a dos destituidos agentes de la Policía, que fueron convictos a nivel federal por conspiración para poseer e intentar distribuir cocaína.
Soto Santiago nombró Luis González Torres como líder recreativo, mientras que a Jonathan Ortiz Muñoz le dio el puesto de chofer.
Entretanto, contra la alcaldesa de Salinas, Karilin Bonilla Colón se alega que nombró a su ayudante administrativa Jessica González Carbonell como directora interina de la Oficina de Finanzas desde octubre de 2017 hasta el 5 de agosto de 2018 y desde el 24 de octubre de 2018 hasta el 31 de julio de 2020. Como parte de la designación, le pagó un diferencial de $15,914.
“La designada como directora interina de la Oficina de Finanzas en el Municipio de Salinas en múltiples ocasiones, no tenía preparación académica en Administración de Empresas ni poseía experiencia de trabajo previa en contabilidad o finanzas y tampoco tenía derecho a que se le concediera el mencionado diferencial”, expone la querella.
Además de las multas, se ordena restituir los salarios o diferenciales pagados a estas personas.
Los querellados tienen derecho a apelar las multas en el foro administrativo.
