Una demanda radicada hace tres años por la alcaldía de Guayanilla está a punto de inyectar alrededor de $2 millones a las arcas de este municipio e, incluso, al borde de sacar de la insolvencia a otros pueblos con números rojos en su presupuesto.
Como adelantó el alcalde Raúl Rivera Rodríguez, al menos seis empresas contratadas para proyectos y servicios en la central eléctrica Costa Sur no han cumplido con el pago de arbitrios de construcción y patentes al municipio de Guayanilla, a pesar de que en sus acuerdos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Genera PR facturaron por esas partidas “y se quedaron con el dinero”.
“Nos dijeron que no se podía tocar a las vacas sagradas, pero nosotros decidimos acabar con eso”, sentenció de entrada el alcalde.
A fondo
Entre los demandados, Rivera Rodríguez identificó a PUMA Energy, firma que durante años proveyó combustible a centrales eléctricas de la AEE y, según expuso, “evadió” pagos multimillonarios en patentes a los municipios donde ubican esas instalaciones.
“Ese contratista entendió que teníamos razón”, puntualizó el alcalde, “y lo que hizo, astutamente, fue depositar ese dinero en el tribunal para que el tribunal decidiera dónde y cómo se paga. Ya se han acumulado cerca de $10 millones en esa cuenta”.
“Ellos (PUMA) ya no le venden a Costa Sur, pero ¿qué sucede? Todavía seguimos arrastrando la deuda y, entonces, estamos en una etapa cercana a una resolución mediante acuerdo con los municipios (donde se vendía el combustible) y en consenso con la corte. Y de esa mediación le correspondería a Guayanilla cerca de $2 millones”, explicó.
Las arcas de Peñuelas, Salinas, Bayamón y San Juan también se beneficiarían de la transacción, anticipó Rivera Rodríguez.
Aunque declinó identificar “por el momento” a las demás compañías demandadas, aseguró que una de ellas logró un contrato de reparación en Costa Sur ascendente a $350 millones, por lo que le adeuda al ayuntamiento de Guayanilla sobre $15 millones en arbitrios de construcción.
El presupuesto anual del Gobierno Municipal de Guayanilla ronda los $10 millones.
“Lo que a mí me da coraje”, continuó el alcalde, “es que si yo fuera a hacer mi casa tendría que pagar $3 mil o $4 mil en arbitrios de construcción al municipio, y mil y pico al Fondo de Seguro del Estado, pero si fallo en un detalle, no me dan el permiso de construcción, mientras que estos mega millonarios se van por la libre”.
“¿Cómo es que ellos cobran y hacen todo su negocio? Eso es lo que no puedo entender”, argumentó.
Para evitar que la evasión continúe y que la dirección de esas empresas apueste, con éxito, al agotamiento de los demandantes y a los altos costos de litigación en los tribunales, el alcalde emplazó a que la AEE y Genera PR exijan evidencia del pago de patentes y arbitrios, antes de pagar facturas a sus contratistas.
“Algunas compañías poseen exenciones y decretos contributivos. Lo reconocemos, pero otras no”, subrayó.
Para reforzar su argumento, Rivera Rodríguez recordó que “antes la ley establecía que donde usted tenía la oficina, usted pagaba (arbitrios y patentes). Pero, ¿qué pasa? El código municipal cambió. Y ahora lo que indica es que donde tú haces los negocios es que tú pagas, aunque todavía hay contratistas que se rehúsan a aceptar esa ley”.
“Estamos hablando de multinacionales con mucho poder, con abogados que facturan $500 la hora, pero nosotros estamos haciendo un reclamo justo, pedimos lo que nos corresponde”, agregó.
¿Remedio al fondo de equiparación?
El capital que obtendrá Guayanilla de la demanda contra PUMA Energy equivaldría al 20 por ciento -o una quinta parte- de los gastos anuales que asume actualmente la alcaldía, reconoció Rivera Rodríguez.
“Y se trata de un ingreso recurrente crucial, porque a Costa Sur le siguen vendiendo combustible todo el año, aunque sea otra compañía, y porque con la reducción del Fondo de Equiparación tenemos que buscar chavos donde no hay”.
A partir del vigente año fiscal, dicho fondo gubernamental no aportará más capital a las arcas municipales por decreto de la Junta de Control Fiscal, lo que en el caso de Guayanilla representará un recorte de 40 por ciento en su presupuesto.
“Ahora mismo nosotros tenemos un presupuesto de $10 millones en gastos, y lo que entra en cash al municipio son seis. Estamos $4 millones por debajo. Tengo que buscar donde no hay o, de lo contrario, tendríamos que botar gente, reducir la jornada laboral, hacer mil malabares para que pueda cuadrar. ¿Y quién paga? El que no tiene culpa”, comentó en referencia a los habitantes de su localidad.
“Hay que ser creativos”, insistió, “y gracias a mi equipo de finanzas dimos con esta histórica práctica de evasión”, agregó en alusión al director de esa oficina, Luis Ramos, y a la abogada asesora Wanda Quiñones.
“¿Cuántos municipios se pueden beneficiar de esta misma estrategia?”, cuestionó La Perla del Sur.
“Todos, todos”, respondió. “Porque, ¿cuántas compañías privadas colocan luminarias en un municipio y no pagan los arbitrios que corresponden? ¿Cuántas compañías de cable TV o de internet vienen y hacen perforaciones, espetan un tubo, tiran por aquí un cable y tampoco pagan? ¿Cuántas compañías son contratadas por acueductos para montar, reparar una bomba, reparar una represa y, a veces, no pagan?”.
“De eso es lo que estamos hablando”, destacó.
