Los ajustes en la tarifa eléctrica no responden a decisiones arbitrarias, sino a la falta de información completa y oportuna que enfrentan los reguladores al evaluar las propuestas sometidas por LUMA Energy y Genera PR, sostuvo este jueves el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés Deliz.
El funcionario compareció durante las vistas públicas de la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por el senador Ángel Toledo López, en las que se investigan las deficiencias del sistema energético, el cumplimiento con la política pública de energía y los factores que inciden en el costo del servicio.
“Para que eso quede claro, el Negociado no sube la luz por capricho. Hay un balance de intereses y cada determinación se toma luego de un análisis exhaustivo de la información disponible”, afirmó Avilés ante los senadores.
Según explicó, las compañías deben presentar sus propuestas de reconciliación tarifaria el 15 del mes anterior al ajuste, y el Negociado dispone de solo dos semanas para analizar los datos, pedir información adicional y emitir una resolución antes de que termine el mes. Sin embargo, en múltiples ocasiones los operadores no entregan toda la documentación requerida, lo que obliga al organismo a tomar decisiones provisionales o mantener los mismos factores tarifarios.
“En ocasiones tenemos que trabajar hasta el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche. No es porque queramos, es porque queremos garantizarle al país el mejor análisis posible. Hay veces que no recibimos la información necesaria y tenemos que ajustar factores o mantener los mismos”, expresó el presidente del Negociado.
Durante la vista, Avilés también abordó la controversia sobre la inclusión del pago de pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la factura de los clientes. Explicó que la decisión no fue del Negociado, sino resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, adoptado de manera temporal mientras se identifican fuentes alternas de financiamiento.
“La tarifa provisional, luego de una larga discusión entre el gobierno central y la Junta de Control Fiscal, incluyó las pensiones como parte de la factura para evitar recurrir a préstamos del gobierno central. Los planes de pensiones son un gasto típico de las utilidades y, por eso, se acogió esa solicitud”, dijo Avilés.
El presidente del Negociado indicó que, de identificarse fondos públicos para cubrir ese gasto, el organismo podría eliminar el cargo. “Si el gobierno central nos notifica que tiene fondos para cubrirlo, nosotros lo sacamos. Mientras sea un gasto recurrente, está reflejado en la factura”, añadió.
Avilés defendió el rigor técnico del Negociado y reiteró que el organismo no improvisa con las decisiones tarifarias, pero reconoció que la falta de coordinación entre las compañías operadoras, el gobierno central y la Junta de Control Fiscal ha contribuido a la desconfianza pública.
“El pueblo de Puerto Rico debe saber que cada ajuste responde a datos verificables. Si esos datos llegan incompletos, el análisis se afecta, pero el proceso continúa. No improvisamos con el dinero del pueblo”, subrayó.
La comparecencia se dio como parte de la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 187, que examina la situación energética del país, el cumplimiento de la política pública, los proyectos de generación y transmisión, el servicio al cliente y el impacto económico y ambiental del sistema eléctrico.
