Hace 32 años una bala perdida lastró la movilidad de Ángel Gabriel Román. Desde entonces, cada día enfrenta el reto de transitar con su silla de ruedas por las calles de Puerto Rico, no adaptadas y repletas de vehículos estacionados que obstruyen su paso.
“A los nueve años fui víctima de una bala perdida que me impactó en la columna vertebral, me quedé parapléjico, perdí el movimiento del pecho hacia abajo”, relata a EFE Román, un músico nacido en Aguadilla.
Todos los años se producen este tipo de incidentes en la isla pese a las numerosas advertencias y campañas de distintas instituciones para poner fin a esta práctica de “tirar balas al aire”.
Las autoridades “se olvidan” de la población con movilidad reducida, denuncia el músico, quien asegura que “muchas personas no salen de su hogar debido a que no tienen cómo llegar a los sitios o es muy difícil”.
“Lo que realmente queremos es un país accesible, un país que las aceras sean para el peatón y no para estacionamiento”, exige Román, mientras circula con su silla de ruedas por la carretera, evitando así tener que esquivar toda serie de obstáculos que imposibilitan su paso por la acera en San Juan.
El caso de Román es un ejemplo de cómo las personas con movilidad reducida desafían a diario todo tipo de barreras para poder vivir en Puerto Rico, una isla en la que hay más vehículos que habitantes y donde las infraestructuras no están creadas para los peatones.
La ley no se cumple
Rubén Rodríguez, oriundo del municipio de Cayey, en el centro de la isla, perdió la movilidad tras un fatídico accidente practicando rapel cuando tenía 15 años y asegura que para él “todos los días son un reto” por el “descontrol” en los aparcamientos para personas con diversidad funcional.
La ley para Personas con Discapacidades de Estados Unidos (ADA, en inglés) protege los derechos civiles a personas con discapacidad en territorio estadounidense.
Sin embargo, Rodríguez afirmó que la ley ADA “está en documentos nada más”, ya que las autoridades no velan por cumplir la ley y “no ponen multas” a los que violan las normas.
“Puerto Rico no es accesible, no es una opción para las personas que usamos silla de ruedas salir a la calle porque de repente va a haber un lugar que no vas a poder pasar”, denuncia David Figueroa, presidente de CADFI, organización de personas con diversidad funcional en Puerto Rico.
El porcentaje total de personas con diversidad funcional de todas las edades en Puerto Rico era de 21.6 por ciento, según los datos del Censo de 2020.
Menos servicios de rehabilitación
Figueroa se quedó en silla de ruedas cuando tenía 21 años tras zambullirse en la playa y lamenta que cada vez hay menos servicios de apoyo y atención para los discapacitados en Puerto Rico.
El también profesor universitario de trabajo social relata que el Centro de Rehabilitación Vocacional de Río Piedras, el más grande del Caribe y que este año cumple 60 años, “ha estado eliminando servicios”.
A sus 53 años, cuenta que “lo que queda ahí son servicios ambulatorios, con personas de movilidad reducida ya no están trabajando” y las autoridades intentaron cerrar el centro en 2005.
“Los servicios de rehabilitación son vitales para nuestra población, lamentablemente el Gobierno no lo ve así”, critica.
Un atisbo de esperanza
En Puerto Rico hay siete playas habilitadas para este colectivo: el Escambrón en San Juan, la Monserrate en Luquillo, el balneario de Isla Verde en Carolina, Puerto Nuevo en Vega Baja, Boquerón en Cabo Rojo, Crash Boat en Aguadilla y la Guancha en Ponce.
Gracias al proyecto “playas sin barreras” las personas con impedimentos pueden acceder al agua en una silla anfibia, un asiento sobre ruedas especialmente diseñado para personas con movilidad reducida o nula y disponen de rampas de acceso y otras facilidades necesarias.
El municipio de Ceiba, en el este de la isla, pretende ser una localidad totalmente accesible para las personas con diversidad funcional en 2025 con los fondos federales de reconstrucción tras el paso del devastador huracán María en 2017.
“Tenemos la gran oportunidad de poder reconstruirlo para cumplir con las personas con impedimento”, destaca Samuel Rivera, alcalde de Ceiba y maestro de educación especial sobre un proyecto que esperan que marque un hito en la isla.
