Un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) revela que el municipio de Santa Isabel no le requirió a contratista el pago de arbitrios y patentes del proyecto de construcción de la pista atlética, cuyo costo total ascendió a $2,001,021.
Por ambos conceptos el contratista debió haberle pagado al municipio $110,056; sin embargo, sólo abonó $11,255.
Al 16 de noviembre de 2022, el municipio no le había requerido al contratista el pago de la diferencia de $98,801, ni tampoco le había retenido esta cantidad de los pagos ya realizados.
Al 27 de febrero de 2023, el municipio le debía $115,498 al contratista por trabajos pendientes y por el 10 por ciento retenido. Al respecto, el informe recomienda al alcalde, que retenga los $98,801 de arbitrios de construcción y patentes, del balance pendiente de pago.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala múltiples deficiencias de control significativas ya que los funcionarios responsables no encontraron ni entregaron a los auditores de la OCPR documentos relacionados con la construcción de la pista atlética y con la remodelación de la plaza pública.
Por ejemplo, no suministraron evidencia de la autorización del alcalde al contratista para subcontratar, ni la minuta aprobando órdenes de cambio, ni cinco comprobantes de desembolso por $343,117, entre otros. Esta situación dificulta mantener registros confiables de los acuerdos entre el municipio y el contratista, e impidió verificar en todos sus detalles, la corrección de los procesos de construcción.
Pagos indebidos a exfuncionarios
El municipio de Santa Isabel pagó $25,113 a seis exfuncionarios y cinco exempleados por días acumulados en exceso de los 90 días de la licencia por enfermedad en enero de 2021.
El Código Municipal de 2020 establece que, al momento de separarse del servicio público o jubilación, se le pagará al empleado los días de enfermedad acumulados hasta un máximo de 90 días.
El informe recomienda que el alcalde evalúe este incumplimiento de ley y la posible aplicación de sanciones a los funcionarios encargados de la transacción del pago global al exalcalde, a los exfuncionarios y a los exempleados.
Por otro lado, el alcalde nombró una directora de Obras Públicas sin que esta contara con la experiencia laboral requerida para ocupar dicho puesto. No obstante, la Legislatura Municipal la confirmó el 25 de febrero de 2021. Además, el municipio no había actualizado los reglamentos para la administración del personal de confianza ni de carrera al 30 de junio de 2022.
Falta de control en los gastos
De una muestra examinada a los comprobantes de desembolso, se evidenció que el municipio de Santa Isabel no mantiene un control efectivo de los gastos, ni del presupuesto.
Por ejemplo, 52 comprobantes por $1,338,656 no estaban firmados por las empleadas de preintervención, 51 comprobantes por $1,413,902 no estaban firmados por la directora de finanzas, y 44 comprobantes por $1,329,412 no estaban firmados por el alcalde. Una situación similar ya había sido publicada en los informes de auditoría OC-24-25 del 2023, y el M-19-43 del 2019.
La auditoría comenta que, el 22 de abril de 2024, la Oficina de Ética Gubernamental multó por $5,500 al exalcalde por no remitir información adicional solicitada con respecto a sus informes financieros anuales de 2016 y 2017.
Al 30 de junio de 2022, el municipio tenía seis demandas civiles por $1,799,228, pendientes de resolución en los tribunales. Las demandas presentadas eran por razón de discrimen político, cobro de dinero y daños y perjuicios.
El Municipio tenía preparados sus estados financieros, auditados por contadores públicos autorizados, para los años fiscales del 2017-18 al 2019-20. Estos reflejaron déficits acumulados por $6,824,806, $5,138,810 y $4,550,499, respectivamente.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el municipio de Santa Isabel cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe del municipio de Santa Isabel cubre el periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
