La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico reveló este viernes que la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) se demoró hasta 13 años en resolver casos por prácticas ilícitas de trabajo, violaciones a la carta de derecho y apelaciones.
Así lo dio a conocer la OIG en un comunicado de prensa, tras publicar los resultados de un estudio que evaluó la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental, en relación al manejo de tiempo para atender las disputas obrero-patronales presentadas ante la JRT.
Como resultado del estudio, se encontró que los procesos adjudicativos sobre los cargos examinados tomaron más tiempo de los días reglamentarios establecidos para la adjudicación de las disputas obrero-patronales.
Del resultado surgió que, al 30 de junio de 2021, se habían presentado ante la JRT 35 cargos por prácticas ilícitas de trabajo, dos violaciones a la carta de derecho, dos peticiones de representación/certificación de representante y 228 apelaciones.
Igualmente, se evaluaron otros casos sin resolver correspondientes a años fiscales anteriores.
Ante ello, el estudio reveló que entre 2008 y 2020, un total de 136 casos no se resolvieron.
De estos, 102 permanecen en la División de Investigaciones y 28 en la División de Oficiales Examinadores.
Para los cargos atendidos o inactivos, la JRT se tardó en emitir una resolución entre 62 a 466 días, siete de ellos en un tiempo mayor del reglamentario de 180 días.
Los expedientes de estos cargos reflejaron que el 13 por ciento se resolvieron por desestimación y el 87 por ciento se resolvieron por retiro.
La OIG dijo además que, al momento del estudio, para los cargos en etapa investigativa transcurrieron entre 236 a 586 días sin haberse emitido una resolución.
Por otra parte, la OIG informó que se evaluaron 228 apelaciones presentadas por gremios durante el periodo del estudio, que aún no se habían resuelto.
En 169 de estas apelaciones, han transcurrido entre 225 a 352 días sin haberse emitido una resolución, detalló la OIG.
El estudio reveló además que desde 2010 la JRT no ha revisado su reglamentación, para actualizarla a los cambios de ley, operacionales, de procesos y administrativos ocurridos en los últimos cinco años.
