“Este es un día nefasto para Puerto Rico”, sentenció Ingrid Vila Biaggi, portavoz del grupo multisectorial Queremos Sol, tras conocer que la gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto de la Cámara 267 y creó la Ley 1-2025, que elimina las metas intermedias de generación eléctrica con fuentes renovables en la isla y extiende hasta diciembre de 2032 la vida de la carbonera AES Puerto Rico.
“Con esta acción, Jenniffer González sella su legado como la gobernadora del carbón y el gas”, puntualizó Vila Biaggi, quien además calificó el proyecto de administración como uno “violento contra la gente y contra los mejores intereses del país”.
Asimismo, advirtió que con la eliminación de las metas intermedias de energía renovable, la Ley 1-2025 allana el camino para convertir más plantas generatrices a gas metano y a hidrógeno.
“La gobernadora Jenniffer González traicionó a las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños confirmando quién dirige su agenda: los intereses del gas y el carbón”, sentenció de otra parte el abogado y profesor de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Pedro Saadé Lloréns.
Por su parte, la abogada ambiental Ruth Santiago Quiñones planteó indignada que a la gobernadora “poco le importa la salud de la población, las enfermedades y la agonía diaria de las comunidades aledañas a AES, así como el deterioro y el desastre ambiental que ha creado la carbonera”.
“Se presentaron ante la legislatura estudios, análisis y alternativas de energía limpia. Todas las ignoraron”, subrayó.
Durante las vistas públicas que únicamente convocó la Cámara de Representantes, Queremos Sol sustentó su rechazo a la extensión de operaciones a la carbonera AES con opciones no contaminantes y sistemas de placas solares en los techos de viviendas.
Como estipuló para el récord legislativo, para el año 2027 los sistemas en techos, costeados por los propios ciudadanos podrían generar mucha más energía (3,400 GWh solar distribuida) de la que generó AES en 2024 (2,915 GWh).
Por tanto, Queremos Sol propuso que se expanda el programa de incentivos gubernamental para que más clientes con sistemas fotovoltaicos y almacenamiento se suscriban al programa que les compensa por compartir esa energía.
En cuanto a los efectos de AES, la abogada Santiago Quiñones recordó a la legislatura que la Escuela de Graduada de Salud Pública de la UPR realizó entre 2016 y 2018 estudios epidemiológicos en comunidades de Guayama próximas a la planta AES, donde se constató una mayor prevalencia de enfermedades respiratorias y crónicas, asociadas a la exposición prolongada a cenizas y particulado de carbón.
Entre sus hallazgos resaltaron que una de cada tres personas ha sido diagnosticada con enfermedad respiratoria; que uno de cada cuatro habitantes ha sido diagnosticado con enfermedad cardiovascular; y que el asma pediátrica es cinco veces mayor en Guayama que en el grupo de comparación, una comunidad similar en Fajardo.
Asimismo, que la prevalencia de urticaria es siete veces mayor; que la prevalencia de abortos espontáneos es más de seis veces mayor; que la probabilidad de padecer bronquitis crónica en la población mayor de 45 años es nueve veces mayor; y que la probabilidad de padecer asma pediátrica es aproximadamente seis veces mayor en Guayama.
Tras la presentación de estos datos a la Comisión de Gobierno de la Cámara, Vila Biaggi manifestó a los legisladores que “AES tiene que cerrar porque no existe excusa técnica, burocrática o de incapacidad gubernamental que pueda ir por encima de la vida, la salud y la dignidad de nuestra gente”.
