CIUDAD DE MÉXICO – Unos 200 activistas ambientales y de la tierra fueron asesinados en el mundo en 2021, incluidos unos 54 en México, que se convirtió en el país más peligroso para los luchadores sociales, según el informe anual de la organización no gubernamental Global Witness.
Más de tres cuartas partes de los homicidios ocurrieron en América Latina, donde Colombia, Brasil y Nicaragua también registraron cifras de dos dígitos en homicidios.
Fue el tercer año consecutivo de incrementos en México, y un aumento en comparación con los 30 activistas asesinados en 2020.
«La mayoría de estos crímenes ocurren en lugares distantes del poder y son cometidos contra aquellos que en muchos sentidos tienen el menor poder», se dijo en el informe.
Global Witness considera su informe un punto de referencia, y subrayó que «nuestros datos sobre los asesinatos posiblemente sean menores a los reales, dado que muchos no son denunciados, en particular en zonas rurales y en ciertos países».
Las víctimas murieron luchando contra la explotación de recursos y en disputas relacionadas con tierras. Los conflictos en torno a actividades de minería dejaron 27 homicidios en el mundo, la cifra más alta de cualquier sector.
Quince de esos asesinatos relacionados con la minería ocurrieron en México.
En el estado occidental mexicano de Jalisco, José Santos Isáac Chávez fue asesinado en abril de 2021. Se había postulado a un cargo público y había hecho de su oposición a una mina parte central de su campaña. Días antes de los comicios fue encontrado sin vida en su automóvil, el cual fue arrojado a un precipicio, y su cadáver presentaba huellas de tortura. Sujetos armados lo sacaron de su casa y se lo llevaron en su propio vehículo.
En abril de 2021, Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora de un resguardo indígena en el suroeste de Colombia que había luchado por la erradicación de cultivos de coca en la localidad de Caldono, departamento de Cauca, fue asesinada cerca de su casa por hombres armados. Las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y gobiernos extranjeros condenaron el homicidio.
En términos generales, los asesinatos de ambientalistas en Colombia disminuyeron a 33 en 2021 de 65 el año anterior. Filipinas también tuvo menos homicidios de activistas, 19, en comparación con 30 en 2020.
En la República Demócratica del Congo, las ocho víctimas registradas fueron asesinadas dentro del Parque Nacional Virunga.
En noviembre, el jefe de guardias para la conservación del parque, brigadier Etienne Mutazimiza Kanyaruchinya, de 48 años, fue asesinado cuando 100 hombres fuertemente armados, al parecer exmiembros del grupo rebelde M23, atacaron un puesto de patrullaje cerca de la aldea de Bukima, en la provincia de Kivu Norte, en el Congo.
En el Parque Virunga viven algunos de los últimos gorilas de montaña del mundo, pero grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, conocidos por su acrónimo en francés FDLR, el Mai-Mai y el M23 se disputan con frecuencia el control de los recursos naturales del oriente del Congo.
Global Witness exhortó a los gobiernos a que pongan en marcha leyes que protejan a los activistas y exijan el consentimiento informado de grupos indígenas, y que a su vez requieran que las compañías rindan cuentas por sus actividades globales y tengan tolerancia cero hacia los ataques contra los defensores de la tierra.
«Los activistas y las comunidades desempeñan un papel crucial como la primera línea de defensa contra el colapso ecológico, y también son los primeros en la campaña para impedirlo», dijo el director ejecutivo de Global Witness, Mike Davis, en el informe.
