El convicto Hermes Ávila Vázquez no fue supervisado cada 15 días para verificar si cumplía con las condiciones del pase extendido que disfrutaba en la libre comunidad al amparo de la Ley 25 de 1992.
Según dispone ese estatuto, y un reglamento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el reo debía ser visitado quincenalmente por un oficial de la agencia.
Sin embargo, Ávila Vázquez solo fue visitado cuatro veces en la casa donde pernoctaba -que no era de un familiar como dispone la ley sino de una amiga- y cuatro veces en el programa de la comunidad.
Así lo estipuló hoy la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, en una vista pública conjunta de las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado de Puerto Rico.
“Cuatro visitas, cuatro visitas en un periodo de casi un año. Por eso no fue manejado adecuadamente, no fue manejado adecuadamente y ahí vemos el resultado”, aseveró el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en un aparte con la prensa luego de concluida la vista.
Ávila Vázquez, quien cumplía una sentencia de 122 años de cárcel por asesinato desde el 2005, fue liberado el año pasado al amparo de la Ley 25 de 1992 por un diagnóstico de paraplejia confirmado por galenos de Physician Correctional, la empresa contratada por el DCR para brindar atención médica a la población penal.
La Policía le imputa matar a Ivette Joan Meléndez Vega el pasado 22 de abril en Manatí. Desde su arresto, ha caminado sin dificultad.
Por otra parte, Escobar Pabón también reveló que el panel médico de Physician Correctional que evaluó al reo no contaba con un especialista en paraplejia, el diagnóstico que le permitió salir de prisión por tratarse de una condición limitante.
“Ese panel médico, (según) expresado por la secretaria, no tenía especialista. No vamos a menospreciar a los médicos, pero la ley dice que tenía que ser un especialista que sepa la condición que alega el confinado y que la pueda certificar, cosa que no se hizo”, resaltó el legislador.
Además, el senador señaló que en este caso se violó la Ley 25 porque la excarcelación tenía que ser autorizada por Escobar Pabón. La funcionaria dijo que esto lo hizo la directora del Programa de Desvío, Celia Cosme, quien había sido autorizada a ello en el 2019.
“La Ley 25 dice que tiene que ser la secretaria, el de más alto rango que es la secretaria, la que firma la excarcelación. Aquí se delegó a otra persona. No vamos a cuestionar los méritos de la persona, pero no tenía la autoridad en ley porque la ley no faculta esa delegación”, manifestó.
“Así que hay una serie de evasiones de responsabilidad que conllevan a la excarcelación de una persona que no merecía estar fuera y que presuntamente pues cometió un asesinato”, continuó Dalmau Santiago.
“El reglamento no puede ir por encima de la ley. ¿Por qué se delegó la firma de las excarcelaciones de estas condiciones de la Ley 25 cuando la ley dice que no?”, cuestionó el senador, quien no descartó citar a Cosme.
Escobar Pabón indicó que fue el pasado secretario del DCR, Erik Rolón, quien delegó la facultad a Cosme. Sin embargo, este rechazó la alegación y aseguró que esa autorización data de 2004.
“Hoy se ha mencionado que este servidor, en mi ex capacidad como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), enmendé reglamentación relacionada con la Ley 25-1992 para delegar facultades que ni son acorde con la ley. Quiero dejar absolutamente claro que esta manifestación es completamente falsa”, sostuvo Rolón.
“Durante mi incumbencia como secretario del DCR nunca se realizó ninguna enmienda a la reglamentación en cuestión. Según los registros del Gobierno de Puerto Rico, las reglamentaciones de Ley 25 y pases extendidos datan del 2004 con la misma disposición alusiva al Jefe de Programas de Desvío para aprobar y autorizar estos privilegios. Tal disposición fue reiterada en el 2008, 2012, 2015, 2020 y 2023. Cualquier declaración o insinuación en contrario es incorrecta y carece de fundamento. Insto a que se corrija esta información errónea y se respete la verdad”, añadió.
A su salida de la vista pública y ser confrontada con la expresión de Rolón, Escobar Pabón expresó: “Pues hay una comunicación que dice que Celia Cosme era la persona a cargo del programa de desvío”.
“Obviamente, tengo que verificar si fue firmada por él, porque de memoria no puedo confirmar si fue firmada por él. Podríamos corroborar la comunicación porque la tenemos, va a evidenciar quién firmó esa comunicación”, dijo la secretaria sin la certeza demostrada durante la vista.
En cuanto a la potencial cancelación del contrato entre el DCR y Physician Correctional, respondió que “en estos momentos, no” lo hará.
“Yo considero que tendríamos que profundizar si hay fallas adicionales en el desempeño de cumplimiento de las cláusulas de contratos de Physician Correctional. Aquí actuó un panel de médicos y estamos hablando de una cantidad de servicios que se ofrecen que no solamente es la evaluación de un panel de médicos, ¿verdad?”, planteó.
“Así que dentro de todo lo que tenemos que analizar, tenemos que indagar sobre lo que me estás preguntando y ver si en algún momento dado hay una responsabilidad adicional donde me lleve a mí a tomar la determinación de iniciar un proceso de cancelación de contrato. En estos momentos, no”, sentenció.
