Diversas organizaciones ambientales y comunitarias se manifestaron este miércoles en el Capitolio para expresar su oposición al Proyecto de la Cámara 25 (PC 25), una medida que, según denunciaron, reduciría la protección de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y limitaría el acceso público a las playas del país.
La protesta comenzó en horas de la mañana, previo a la vista pública del proyecto en el Senado. Los grupos sostuvieron que la medida “pretende reducir la Zona Marítimo Terrestre, flexibilizar protecciones históricas del litoral y abrir espacio a intereses económicos privados a costa del patrimonio natural del país”.
Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club Puerto Rico, advirtió que el proyecto no solo modifica criterios técnicos, sino que altera la gobernanza del litoral. “Este proyecto no solo redefine la Zona Marítimo Terrestre desde una perspectiva técnica, sino que también altera la manera en que se toman decisiones sobre el litoral de Puerto Rico”, expresó.
Añadió que los cambios tendrían efectos directos en los 44 municipios costeros, incluyendo impactos en la pesca artesanal y en ecosistemas como manglares y zonas de transición. “Esto no puede evaluarse como un asunto meramente administrativo, sino como una decisión de alto impacto público que requiere mayor transparencia, rigor científico y participación real de las comunidades costeras”, sostuvo.
Vázquez también señaló que la medida “favorece a grandes intereses económicos y sectores de la construcción”, al advertir que se intenta “convertir la costa en un privilegio y no en un bien común”.
Las organizaciones denunciaron que el PC 25 fragmenta el concepto de dominio público marítimo-terrestre al excluir los manglares y debilitar la integración jurídica de las playas como parte de la ribera del mar. También alertaron que la medida modificaría el procedimiento de deslinde al eliminar criterios que hoy permiten evaluaciones más completas.
Para Gabriela Vélez Agosto, portavoz de Amigxs del M.A.R., el proyecto representa un retroceso en la protección costera.
“Un deslinde menos riguroso significa una costa más vulnerable, más expuesta al abuso y más frágil frente a las presiones del desarrollo”, afirmó. “Este proyecto no fortalece la planificación; la debilita. No protege el bien común; lo encoge. No responde a la crisis climática; la ignora”.
Suzette Quirós, portavoz de Salvemos a Playuela, advirtió que el PC 25 podría afectar ecosistemas sensibles y yacimientos arqueológicos. “El proyecto propuesto atenta contra nuestras prácticas sociales, valores culturales y dinámicas económicas”, dijo. “Los impactos negativos del PC 25 podrían inclusive destruir ecosistemas de alta sensibilidad y yacimientos arqueológicos únicos de la zona noroeste”.
Expertos legales también expresaron preocupación. El licenciado Pedro Saadé señaló que adoptar el criterio de Mean High Water para definir la ZMT “abre la puerta a una transferencia sustancial de áreas que hoy son públicas hacia manos privadas”, además de ser un método “técnicamente inapropiado para Puerto Rico”.
Las organizaciones cuestionaron el trámite legislativo del proyecto, alegando que no se ofreció suficiente espacio para participación ciudadana.
“Muchos grupos comunitarios solicitaron turno para deponer y no fueron citados”, denunciaron, al insistir en que la magnitud del impacto requiere múltiples días de vistas públicas.
Los colectivos reiteraron su llamado a detener el PC 25 y a validar una definición de la ZMT basada en criterios científicos y en el conocimiento de las comunidades costeras.
“La defensa de las playas no es un asunto aislado, sino una lucha por la justicia ambiental, la seguridad de nuestras comunidades costeras y el derecho del pueblo a conservar su patrimonio”, concluyeron.
